Frente al dilema del decrecimiento poblacional (-0,13% anual), y un constante aumento del número de adultos de la tercera edad, Japón está evaluando la aplicación de inéditas medidas. Tras alcanzar un peak de 87,26 millones de personas en edad de trabajar (de 15 a 64 años) en 1995, dicha cifra ha ido descendiendo constantemente y, de acuerdo con cálculos estimados por el nipón Instituto Nacional de Población e Investigación de Seguridad Social, para el año 2051 la fuerza laboral caerá por debajo de los 50 millones. Paralelamente, la población de personas mayores de 65 años alcanzó en 2013 un récord de 31,86 millones, lo que implica que actualmente uno de cada cuatro japoneses está en ese rango etáreo.
En este panorama, el arribo de migrantes se ha transformado en una alternativa real para detener el declive. El problema es que la política migratoria de Japón es una de las más restrictivas del mundo y la sociedad japonesa es reacia a aceptar a muchos extranjeros. La gran mayoría ha manifestado su preocupación por las posibles fricciones culturales, la disminución de las oportunidades de trabajo para los propios nipones y un alza de la inseguridad y la delincuencia, especialmente si aumenta la llegada de trabajadores no calificados. Una encuesta, citada por la agencia de noticias IPS, señala que el año pasado sólo el 10% de la población estaba dispuesta a aceptar a este tipo de migrantes. Actualmente, la tasa neta de migración es de 0,4 por cada 1.000 habitantes y los extranjeros suman unas 2,4 millones de personas (que estudian, trabajan o sólo viven en el país), equivalente a sólo el 1,9% de los 127.341.000 habitantes de Japón.
"Si el gobierno se niega a aceptar la mano de obra no calificada, no podemos garantizar los recursos humanos adecuados", afirmaron algunos empresarios nipones que participaron recientemente en una reunión conjunta del Consejo sobre la Política Económica y Fiscal y el Consejo de Competitividad Industrial, según afirma el periódico nipón Yomiuri Shimbun. Quizás en respuesta a dicha demanda, el Ejecutivo liderado por el primer ministro Shinzo Abe planea incrementar el número de trabajadores extranjeros en zonas especiales estratégicas: Tokio y sus alrededores y las prefecturas de Osaka, Kioto, Hiogo y Fukuoka (sur).
De acuerdo con ese medio, en cada una de estas áreas el gobierno considerará facilitar las regulaciones y el otorgamiento de residencias a foráneos que inicien empresas y a sus trabajadores. Hoy por hoy, a dicho estatus de estadía sólo acceden extranjeros con habilidades profesionales específicas -como los abogados- y aprendices que se entrenan en su lugar de trabajo, explica el Yomiuri Shimbun, que cifra en 720.000 los trabajadores foráneos a octubre del año pasado.
Las presiones para una flexibilización de los permisos de trabajo para los extranjeros también dice relación con dos mega objetivos país: la reconstrucción tras el devastador terremoto de marzo de 2011 y la realización de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Los críticos sostienen que más que fomentar la instrucción para que los extranjeros transfieran la tecnología aprendida en sus países de orígenes, este sistema de pasantías promueve el uso de mano de obra más barata.
Adicionalmente, el gobierno de Abe planea, según The Japan News, incrementar el número de nanas extranjeras con el objetivo de que las japonesas puedan volver a trabajar una vez que finalice el posnatal. Esto, en el contexto de que las mujeres niponas son presionadas socialmente para no retomar sus carreras profesionales en favor de que cuiden a sus hijos, el hogar y sus maridos. A ello se suma lo caro que resulta el cuidado externo de los niños.