Llegó al poder como solución al escándalo de corrupción conocido como La Línea, que provocó la salida del Presidente Otto Pérez en septiembre de 2015. Sin embargo, el actual mandatario de Guatemala, el ex cómico Jimmy Morales, parece haber cruzado su propia línea, ubicándose muy lejos de la esperanza que despertó cuando lo eligieron bajo el lema "ni corrupto ni ladrón".

Los problemas para Jimmy Morales subieron de tono cuando el jefe de la Comisión Internacional contra la Corrupción en Guatemala (Cicig), el colombiano Iván Velásquez, y la fiscal general Thelma Aldana, solicitaron el levantamiento de su inmunidad para investigarlo por financiamiento ilícito en la campaña electoral de 2015 por unos US$ 800.000.

Dos días después, el mandatario reaccionó acusando a Velásquez de extralimitarse en sus funciones. Por eso, lo declaró persona non grata y ordenó su expulsión inmediata de Guatemala. Una decisión que generó todo tipo de reacciones y críticas, convirtiendo la situación en una crisis política y diplomática de proporciones para el Presidente.

Casi de inmediato la Corte de Constitucionalidad bloqueó la medida y amparó temporalmente al comisionado. Y el máximo tribunal guatemalteco canceló el martes de manera definitiva tanto la orden de expulsión como la declaración de persona non-grata que Morales había emitido contra Velásquez.

Los argumentos para cancelar la orden de expulsión fueron que el convenio entre el Estado de Guatemala y la ONU para la creación de la Cicig establecen formas de resolver las diferencias y éstas no se agotaron. La Corte también estableció que el documento de expulsión de Velásquez no cumplió con los requerimientos formales que establece la Constitución, pues debía ser firmado por el Presidente y al menos uno de los miembros de su gabinete. Sin embargo, sólo lo hizo Jimmy Morales.

Tras conocerse la decisión, Velásquez rompió su silencio y dijo que "continuaremos con nuestras actividades y funciones en el cumplimiento integral de nuestro mandato como se ha realizado hasta ahora". El ex magistrado colombiano agregó que "la Cicig ha sido y seguirá siendo respetuosa del estado de derecho y del marco jurídico guatemalteco".

El accionar del Presidente provocó la reacción del secretario general de la ONU, António Guterres. "Me pareció escandalosa la orden que se dio para su salida del país", dijo.

Además de la ONU, Estados Unidos, la Unión Europea y otros organismos internacionales expresaron su preocupación por el ataque contra la Cicig, creada hace 10 años para combatir la corrupción en Guatemala. El organismo fue clave en el procesamiento de Otto Pérez Molina y la ex Vicepresidenta Roxana Baldetti, ambos presos.

Además de las sospechas que recaen sobre su persona, han surgido sendas dudas sobre el accionar del mandatario guatemalteco. El analista Jorge Santos, dijo a la agencia EFE que "existe una estrategia muy bien diseñada desde una diversidad de actores con mucho poder, como militares y empresarios". Según él, desde abril de 2015 el Ministerio Público y la Cicig han impulsado al menos 25 casos que tienen en prisión y procesados por corrupción a 300 personas, mientras que un centenar está prófugo.

Santos sostiene que Morales "está respondiendo a una estrategia de estos sectores del poder económico y militar que están sufriendo los embates de la justicia" y su decisión tiene un componente de "venganza" por el juicio por corrupción que enfrentan su hijo y su hermano.