Preocupado está Joaquín Villarino, presidente del Consejo Minero, por el tono que ha tomado la huelga en Escondida, el mayor yacimiento de cobre del mundo, propiedad de BHP Billiton, y que hoy cumple 25 días. Le preocupan los actos de violencia, la "apatía" del gobierno para enfrentarla y el "activismo judicial" que la ha rodeado, sobre todo, dice, considerando que este proceso marcará un precedente para las otras 12 negociaciones colectivas que se aproximan en la gran minería este año, todas las cuales se llevarán a cabo en el marco de la nueva legislación laboral, que comienza a regir el 1 de abril.
"Es preocupante ver que habiendo pasado más de tres semanas haya serios indicios de que no avanzan las conversaciones. Pareciera que se cambió la mesa de negociaciones por la trinchera, por las barricadas y los tribunales. Hemos visto actos de violencia que son bastante graves, pero no hemos visto noticias sobre que estén sentados conversando. Mientras no exista una mesa es poco probable que se resuelva el conflicto, porque tirando piedras e incendiando neumáticos, o a punta de recursos de protección o recursos judiciales, esto no se va a resolver".
¿Y de quién es la culpa?
No me corresponde asignar responsabilidades. Este es un proceso legal que prevé la posibilidad de huelga, que en este caso es absolutamente efectiva, la compañía no está produciendo, detuvo 100% su producción y, no obstante eso, hemos sido testigos de actos de violencia graves. Esto debe tener una condena unánime. Es poco sano para el país que se transforme en costumbre que las negociaciones colectivas incluyan actos de fuerza y violencia. Ya lo vimos en el caso de Los Bronces y de El Peñón hace algunos meses.
En este sentido, nos preocupa una cierta apatía para enfrentar esos actos de violencia. Algunas autoridades hacen un poco vista gorda, tienen un cierto grado de condescendencia con la violencia en las negociaciones colectivas que es inaceptable. Es muy grave para la convivencia nacional y para la imagen internacional del país. Se ve desbordado el estado de derecho, no se establecen los mecanismos para que se hagan respetar las reglas del juego, y eso genera una profunda incertidumbre.
¿Falta que el gobierno acerque posturas?
No me parece lógico que en una relación entre los trabajadores y la administración de la empresa tenga que intervenir el gobierno. Ahora, si no existiera la posibilidad de que las partes se sienten a conversar, evidentemente que si el gobierno logra sentarlos en la mesa, bienvenidos. Pero no es el camino lógico.
Además de la violencia, ¿qué otro aspecto preocupa al sector?
Nos preocupa un cierto activismo judicial, que hemos visto también en este procedimiento, con la interpretación que hicieron los tribunales respecto de si se tenían que pagar o no las gratificaciones. Resulta que la Dirección del Trabajo, cuando María Ester Feres estaba a cargo, emitió un dictamen que decía que todos los beneficios del contrato colectivo se suspenden hasta que finalice la huelga, eso incluye las gratificaciones. Pues bien, el fallo del tribunal dice que por razones humanitarias se procede a pagar el bono. Hay un cierto activismo judicial que nos hace entender por qué desde afuera se ve a Chile como un país donde se está perdiendo certeza jurídica y comenzamos a caer en rankings internacionales sobre jurisdicciones atractivas para la inversión minera, como el del Fraser Institute.
¿No cree que el error fue justamente de la gran minería al entregar beneficios desmedidos en los años del superciclo del cobre?
No corresponde al Consejo Minero opinar sobre las condiciones que se dan o negocian con los trabajadores, este no es un lugar donde se discutan las condiciones de los contratos colectivos. Lo que hemos señalado es que toda negociación colectiva debe tener en consideración las diversas realidades de las faenas, que muchas veces, incluso, son distintas al interior de una misma empresa, y la realidad económica que vive el sector. Hoy, el escenario que vive la minería mundial y la chilena es radicalmente distinto al de hace cinco años, con un precio del cobre más de un 35% inferior y con altos incrementos de costos. Es una realidad distinta. No puedes estar negociando hoy con las condiciones económicas que tenía el sector hace cinco u ocho años.
El subsecretario Schnake pidió al Consejo Minero no intervenir en la huelga de Escondida…
El Consejo Minero nunca ha intervenido en las negociaciones colectivas de sus empresas socias. Personalmente, asistí a una reunión de la Federación Minera en Antofagasta a fines del año pasado, donde había 100 dirigentes sindicales de todas las compañías mineras privadas, y donde expuse una hora sobre qué es lo que hace el Consejo Minero y qué no hace. Tuvimos un debate áspero, duro, donde me manifestaron sus objeciones y críticas a lo que se hacía desde el gremio, pero entendí que les había esclarecido lo que estaba dentro de la esfera del Consejo Minero y lo que no, parece que se han olvidado.
¿Cuál puede ser el impacto de una huelga como esta?
Escondida representa el 5,5% de la producción de cobre del mundo, el 20% de la producción del país. La paralización de esta industria tiene impacto en el PIB, en el Imacec, en la recaudación fiscal, etc. Lo que espera el sector es que se solucione rápidamente.
Un empresario decía que la huelga en Escondida es la avant premiere de lo que veremos en la reforma laboral que comienza a aplicarse en abril. ¿Cuál cree que será el efecto de su aplicación?
Primero, lo que buscaba la reforma laboral era fortalecer los sindicatos, y eso se logró, establecer una huelga efectiva, sin reemplazo y con servicios mínimos, y eso se logró, por lo tanto, hay que hacerse la idea de que al otro lado de la mesa habrá una contraparte fortalecida, más protegida. Segundo, existe más de un espacio donde no está muy claro cómo operar, por ejemplo, en el caso de los grupos negociadores, o en la extensión de beneficios, donde está la duda de si se pueden extender parcialmente los beneficios o íntegramente. Si las relaciones empresa-sindicato no son maduras y no se han trabajado con tiempo, puede ser fuente de mucho conflicto, por lo que aquí hay que prevenir, atendido que es predecible que vamos a tener negociaciones colectivas más tensas, con sindicatos más fuertes. Quizás haya que adelantarse, tomar la iniciativa para planificar cómo resolver esos problemas.
¿Cree que habrá que hacer una reforma a la reforma?
Hay espacios por aclarar. Me parece interesante que nos hagamos cargo de una realidad laboral muy distinta a la que regula la actual legislación laboral.
Esta es una negociación que está muy influenciada por las condiciones que marca la legislación laboral nueva. Escondida es un adelanto de lo que será la nueva legislación laboral. En esta huelga de Escondida se están jugando lo que serán las reglas del juego de las futuras negociaciones colectivas.
Hay quienes celebran el alza del precio del cobre que ha provocado tanto la huelga en Escondida como de otro yacimiento en Indonesia.
No me incluyo dentro de esa celebración. El daño es mayor, a la imagen del sector, a los trabajadores, a las empresas, al país. Esto no se netea con unos centavos más en la libra de cobre. Lo que se está sentando son las bases para hacer viable esta industria en el largo plazo. Esta industria tiene que acostumbrarse a vivir con los precios actuales, con costos más altos, con yacimientos más viejos, con peores leyes.
¿Cuál es su estimación de precio?
Creemos que el precio en el cual debemos movernos en los próximos años está en torno a US$ 2,6 a US$ 2,7 la libra de cobre, si es que no existen situaciones extraordinarias que lo hagan cambiar.
El senador y candidato presidencial del PRSD, Alejandro Guillier, propuso modificar el royalty para financiar la reconstrucción tras los incendios, ¿cómo ve esta propuesta?
Es preocupante. Además de adolecer de falta de originalidad, introduce una incertidumbre magnífica, en un país donde tenemos catástrofes de todo tipo, todo el tiempo. Si la minería debe satisfacer la necesidad que se genera en cada una de esas catástrofes, la verdad es que la industria se va a transformar en inviable. Llama la atención que la propuesta venga de un senador que representa a una región minera y que, por lo tanto, debiera estar al tanto de que la industria perdió 40 mil puestos de trabajo, que el precio del cobre cayó cerca de un 40%, que el conjunto de la industria lleva dos años consolidados de pérdidas en el país, que tiene problemas para seguir aportando al Fisco, que vecinos nuestros que tienen recursos similares nos están pasando. Y frente a un asunto puntual propone gravar a la industria minera, que es la que enfrenta la mayor carga tributaria del país. Sorprende y desilusiona un poco.
¿Preocupa a la industria que Guillier salga elegido presidente?
Primero hay que conocer su programa, luego le podré decir si nos preocupa. Ahora bien, el adelanto que nos dio con la idea de subir el royalty para financiar los estragos de los incendios no es para salir a celebrar.
