Ocurrió a las 15:30 del pasado 11 de noviembre, en las dependencias del OS-9 de Carabineros. En ese momento, el ex subdirector de Contraloría Interna del Servicio de Impuestos Internos (SII), Mario Moren Robles, declaró a los policías los detalles de la indagación interna que hizo el organismo por la condonación de multas e intereses por US$ 120 millones a la empresa Johnson's, en 2011.
En su declaración, que fue remitida a la Fiscalía Oriente, el segundo hombre del servicio indicó que la compensación "me pareció demasiado audaz y procontribuyente, ya que tenía una especie de ficción jurídica".
En su declaración indicó que no tuvo participación en la condonación, pero sí en la indagación interna que se hizo de esta tramitación. Señaló que la primera noticia de esta situación se dio a través de un correo que le envió el ex subdirector de Fiscalización Iván Beltrand, donde indicaba que la directora de la División de Grandes Constribuyentes (DGC), Mirtha Barra, "había otorgado por su cuenta una condonación del 99% en multas e intereses".
Moren agregó que a los pocos meses estalló el caso en la prensa y que le indicó al ex director Julio Pereira que lo ideal era hacer un sumario.
En sus indagaciones, Moren llegó a una resolución del SII en que "se daba por pagado el impuesto de primera categoría que la empresa debía mediante una serie de imputaciones o compensaciones a partir de un solo pago de US$ 8 millones".
Añadió que "cuando vi esa resolución me sorprendió mucho su contenido. Me pareció demasiado audaz y procontribuyente, ya que tenía una especie de ficción jurídica mediante la cual, a partir del pago de dicha cantidad, se obtenían sucesivas devoluciones que no eran cursadas como tales, sino que se usaban como imputaciones para distintos grupos de giro por cantidades similares".
Según declaró Moren, "nuestro sumario se fue tornando complejo, ya que habían al menos tres hipótesis infraccionales: la falta de autorización administrativa en que incurrió Mirtha Barra (respecto a las condonaciones), el conflicto de intereses del director y subdirector jurídico por provenir de la Consultora PWC, que asesoraba a Johnson's, y la posible ilegalidad en una resolución (que permitía el pago único de US$ 8 millones)".
El ex subdirector de Contraloría Interna indicó que cuando transcurría el mes de septiembre "tanto el director como su asesor, Gerardo Montes, comenzaron a exigirme que cerrara el sumario prontamente". Agregó que en una llamada este asesor, "en un lenguaje muy poco amable, me hacía ver que el sumario debería estar terminado en pocos días (...). Incluso recuerdo que me dio a entender que no tenía para qué pronunciarme sobre el conflicto de intereses, debiendo dejar esa tarea a la Contraloría".
De esta forma, el 19 de octubre de 2012 se cerró el sumario, con el argumento que "existían personas de mayor jerarquía involucradas".
A la semana siguiente, declaró: "Me llamó el director a su oficina y me señaló que yo debía revertir como fuera lo ocurrido, debiendo reabrir el sumario nombrando a otro fiscal, porque era impresentable que el sumario terminara sin sanciones para Mirtha Barra". Añadió que pocos días después le indicaron que toda la información debía ser reenviada a Contraloría, ya que ellos continuarían con la indagación.
"Ocurrido todo lo anterior, supuse que en cualquier momento me podían pedir el cargo, lo que finalmente ocurrió el día 7 de marzo de 2013", declaró. A modo de conclusión, agregó que hay ciertos aspectos que indican que en este caso la DGC "estaba actuando con la venia del director, es decir, sobre seguro. Hay peticiones de condonación deficientemente fundadas y que, no obstante, se acogen", entre otros aspectos que le llamaron la atención.
