La oficina es transitoria. Pronto el Ministerio Público se trasladará a su nuevo edificio institucional, en calle Catedral, luego de más de 15 años en General Mackenna. Entonces, Jorge Abbott (68) deberá dejar el espacio ocupado por sus antecesores, Sabas Chahuán y Guillermo Piedrabuena, para inaugurar una nueva etapa en la historia de la institución. Entre tanto, el fiscal nacional hace lo posible para marcar su territorio, adornando las paredes del despacho con pinturas de Valparaíso y Viña del Mar, su tierra natal.

Los primeros meses de Abbott han sido agitados. El año 2016 comenzó con un infarto que lo tuvo un mes en reposo. Luego vinieron difíciles contingencias en un caso de alto perfil, como SQM, con la salida del fiscal Emiliano Arias del equipo investigador de SQM y la indagación por cohecho contra el ex senador Pablo Longueira. Finalmente, tuvo que tomar una decisión que no pasó inadvertida: reasignar al investigador a cargo del caso Caval, el fiscal regional de O’Higgins, Luis Toledo, a la jefatura de la Unidad contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes. “Es un tema al que tenemos que darle una importancia central en nuestra gestión, y nos pareció que el fiscal Toledo era la persona más adecuada. No se debilita en absoluto la investigación de Caval, pues queda a cargo el fiscal Sergio Moya. Lo demás son especulaciones. Yo no voy a dejar de tomar decisiones por el costo de algunas suspicacias”, asegura.

Los próximos siete años le deparan a Abbott importantes desafíos institucionales, como implementar el Plan de Fortalecimiento del Ministerio Público y reducir las tasas de archivo de denuncias por delitos contra la propiedad con imputado desconocido. Sin embargo, las investigaciones por delitos tributarios y financiamiento irregular de la política aún copan la agenda y el fiscal sabe que no puede ignorarlo.

Se van a cumplir cuatro meses desde que asumió como fiscal nacional. ¿Cuán intensa ha sido esta primera etapa, considerando que le tocó enfrentar un delicado problema de salud? ¿Ha tenido que modificar los planes que traía?

La verdad es que sólo ha sido una interrupción que correspondió a la licencia médica que tuve que tomarme producto del infarto, pero en general creo que no ha habido mayor modificación en los ritmos de trabajo, puesto que no fue demasiado invalidante para mí, en absoluto. Hace un par de días me hice unos exámenes y la doctora que me hacía el ecocardiograma me decía que no podía encontrar la cicatriz del infarto. Esto, porque lo pude detectar a tiempo.

¿El tema de su continuidad en el cargo nunca estuvo en evaluación? ¿Ni siquiera a solicitud de su familia? 

Es muy difícil que yo abandone el servicio público, salvo que tenga una razón de riesgo vital para hacerlo. En caso alguno lo tengo. En consecuencia, no ha estado en ningún momento en duda mi continuidad. Ni siquiera me lo ha planteado mi familia. Lo que sí se me ha recomendado es bajar los ritmos de trabajo, que son bastante intensos. Ahora, los médicos me han recomendado bajar ese ritmo de trabajo.

¿Se puede bajar el ritmo cuando ocupa el cargo más importante de su carrera?

Es difícil, pero creo que han sido meses que ameritan una dedicación especial. Probablemente esto termine en el mes de abril, una vez que pase la cuenta pública y sea posible ajustar la agenda, que está bastante recargada por estos días.

Los casos que involucran financiamiento irregular de la política marcaron fuertemente la gestión de su antecesor, Sabas Chahuán. ¿A usted le complica que pueda terminar marcando la administración que le toca encabezar en la Fiscalía Nacional?

Sólo espero que no duren siete años. Al contrario, queremos buscar la fórmula para acotar esas investigaciones y darles un pronto término, tratando de investigar intensamente todas las aristas que se presenten, pero tomando decisiones rápidas, porque tenemos equipos de personas que son importantes para la institución y que se están desviando de la investigación de otro tipo de causas que también son importantes. Lo que yo les he pedido a los fiscales a cargo de esas investigaciones es que amplíen las indagaciones, envíen los antecedentes al Servicio de Impuestos Internos (SII) de todos aquellos hechos que pudieran ser constitutivos de delito tributario, de modo tal que el SII haga uso de sus atribuciones legales y resuelva si se va a querellar o no para terminar esas causas.

Ya sea por razones fundadas o suposiciones, ha tenido que lidiar con la imagen de ser la gestión que viene a cerrar sea como sea las investigaciones a la clase política. ¿Cómo se hace cargo de esa imagen?

Yo creo que aquí se trabaja mucho con especulaciones sin mayor fundamento. Una de las situaciones que nos han tocado vivir es justamente esto que se ha instalado de que existe un compromiso de terminar pronto y con el más bajo perfil estas investigaciones. Por el contrario: la voluntad del Ministerio Público es hacer la investigación lo más profunda posible, pero tomando...

Esa idea se instaló en la época de la elección del fiscal nacional, no es nueva.

Pero mire qué paradójico. Se me atribuye haber llegado a un acuerdo con el Senado cuando en verdad yo no era el candidato de los senadores. En consecuencia, las conversaciones que yo pude haber tenido con los senadores indicaban lo contrario, que yo no era la personas indicada para ellos. Atribuirme algún tipo de acuerdo con el Senado choca frontalmente con la realidad, que fue que los senadores se mostraron profundamente decepcionados de que la Presidenta me eligiera a mí. Eso fue público y notorio. En consecuencia, seguir construyendo este mito de que habría existido este acuerdo choca con la realidad de los hechos, pero sigue el mito sin que exista una evaluación de la realidad que lo desmiente.

Pero ha habido algunas señales concretas, como el cambio en los equipos de investigación, la falta de nuevas formalizaciones. ¿Estas señales no son suficientes para pensar que la fiscalía tiene decisión de cerrar esta investigación?

Que no existan nuevas formalizaciones es algo temporal. Ustedes han visto cómo en la arista SQM se ha avanzado en una línea de investigación que era absolutamente inédita hasta hace un tiempo, y se ha avanzado significativamente. Hemos visto en los últimos días cómo en la causa han prestado declaración personeros importantes, lo que choca con la teoría que usted me está planteando. La causa acumula una enorme cantidad de antecedentes, y aún teniendo dos equipos separados, la investigación es difícil de analizar completamente.

Hay querellantes que plantean que el fiscal Gómez se vio forzado a seguir esta nueva veta investigativa a partir de las filtraciones de correos entre Longueira y Contesse.

Hacen juicios de valor sin tener conocimiento de todos los antecedentes. Si el querellante que formula esa crítica analizara los antecedentes de la investigación vería que en febrero había diligencias del fiscal Gómez orientadas a investigar un eventual delito de cohecho en contra del ex senador Longueira. Eso no tiene que ver con los correos que se hicieron públicos en el mes de marzo. Lo que sí puede ocurrir es que hayan existido correos durante un tiempo que hayan pasado desapercibidos, pero en ningún caso podría esto atribuírsele al fiscal Gómez. A él se le entregó la causa, luego estuvo de vacaciones e inmediatamente después, cuando aparecen los primeros indicios de que podría haber un cohecho, hace las diligencias del caso y separa la investigación de la arista principal.

Se instaló la idea de que la cercanía del fiscal Gómez con la administración Piñera (su esposa es la ex ministra de Justicia Patricia Pérez) podía generar una inhabilidad. ¿Descarta la posibilidad de cambiar de fiscal en esa investigación? 

No hay ninguna inhabilidad legal que le impida al fiscal Gómez seguir con la investigación de la causa. Y no hay ningún hecho relevante que justifique eventualmente su cambio como fiscal a cargo de la investigación. Yo tengo la certeza, y así lo he manifestado, de que si en algún minuto sintiera que no tiene la objetividad necesaria para llevar adelante la investigación, me lo haría presente. No tengo ningún antecedente aparte de que su señora fue ministra del gobierno de Piñera. En esas condiciones, nadie podría investigar nada, porque todos tenemos relaciones con muchos personeros que son objeto de investigaciones.

"NO PODEMOS PAUTEAR AL SII"

El ex senador Carlos Ominami declaró  que le llamaba la atención ser el único político de izquierda formalizado. ¿No le llama la atención a usted? ¿Entiende que esto también le puede llamar la atención a la opinión pública?

Muchas veces se nos ha dicho que nosotros hemos investigado con mayor severidad a cierto sector político. Pero las situaciones son diametralmente distintas si uno mira objetivamente los hechos. En el caso de la Nueva Mayoría, tenemos una relación con SQM en que hay una intermediación de una empresa (Asesorías y Negocios) que contrataba con SQM, y tenemos personeros que, a su vez, mantenían contratos con esa empresa, pero no tenían contacto con SQM. Muchos de ellos han entregado trabajos que hicieron efectivamente para esa empresa. En consecuencia, es difícil establecer la existencia de algún delito en la relación entre estas personas naturales y SQM. Por cierto que sí la hubo entre la empresa del señor (Giorgio) Martelli y SQM. Este ha sido formalizado, va a ir a juicio y va a ser condenado, pero aquellos que hicieron trabajos para esa empresa y luego fueron negociados con SQM, para la cual eran absolutamente inocuos para su desarrollo empresarial, pues bien, ahí está efectivamente la comisión del delito, pero no vemos, en principio, salvo que uno pudiera acreditar una coautoría o participación distinta a la directa, antecedentes suficientes. Estos no aparecen. Entonces las situaciones son distintas.

Entonces la arista de Asesorías y Negocios no pasaría exclusivamente por la falta de querellas del SII, sino porque no habría ningún delito de parte de quienes prestaron sus servicios...

Ahí hay que hacer un análisis objetivo de esas situaciones, que son distintas de aquellos que directamente entregaron boletas a SQM, ya sea personalmente o a través de personas que emitieron esas boletas en su propio beneficio. Son situaciones distintas entre ambas aristas de investigación (...). Hay casos en los que no hay motivos que justifiquen una querella, pero también hay casos en los que se produce un fenómeno similar, en el cual el SII tiene que optar.

¿Y casos como el de los hijos del senador Jorge Pizarro o del diputado Roberto León ameritan una persecución más exhaustiva?

Hay que analizar las investigaciones en su mérito y a quien le corresponde hacer eso es al SII. No a nosotros.

¿Le parece que el SII ha presentado suficientes querellas en el caso SQM?

Yo soy respetuoso de las facultades legales del SII. No me corresponde a mí hacer un juicio de valor respecto de las razones que pueda tener el servicio para actuar de un modo u otro.

Se lo preguntaba, porque en la administración de Sabas Chahuán hubo un gallito declarado con el SII.

Lo que tenemos que hacer es apuntar a una modificación de esa norma legal, pero hoy está vigente y es obligatoria para el MP. No nos corresponde otra cosa que respetar esa disposición legal, más allá del juicio crítico que podamos tener respecto de ella.

¿En qué casos específicos esperaría un pronunciamiento más claro del SII?

Le reitero, creo que no nos corresponde pautear ni dar opiniones sobre el uso de las facultades que son exclusivas del SII.

"NUESTRAS ACCIONES NO PUEDEN AFECTAR A LAS INSTITUCIONES DE LA REPÚBLICA"

En algún momento se instaló la idea de que había una suerte de acuerdo tácito de no tocar a los presidentes, como a Frei, Piñera y Bachelet, aun cuando se ha acreditado que sus campañas estuvieron directa o indirectamente involucradas. Ninguno ha sido citado a declarar, más allá de que Piñera lo hizo voluntariamente. ¿Existe ese acuerdo?

Debemos ser muy cuidadosos en el resguardo de las instituciones. Las responsabilidades penales son personales, no institucionales, y en eso tenemos que ser particularmente respetuosos de no afectar la institucionalidad de la República. Por eso, tratamos de hacer las investigaciones con el más bajo perfil, de modo tal de no afectar a las instituciones y tampoco afectar la presunción de inocencia de cada persona, que hoy día no tiene mucha consideración y respeto de parte de los medios y la comunidad. Basta que una persona sea formalizada para que ya se entienda que ha sido condenada por un hecho, cuando en verdad la formalización no es sino la comunicación que se le hace a una persona que se le está investigando por uno o más hechos determinados que revisten el carácter de delito, en el cual eventualmente una persona puede tener participación.

¿Ese factor de imagen pública es algo que el Ministerio Público debe tener en cuenta a la hora de llevar a una audiencia a una autoridad?

En general, respecto de todas las personas. No tenemos ninguna diferencia. Lo único que hemos planteado es que para formalizar una investigación hay que tener alguna justificación para hacerlo. No es cosa pura y simplemente de formalizar. Eventualmente se puede hacer sin denuncia o querella del SII, pero cuando exista una justificación. Es decir, cuando sea necesaria una medida cautelar: sabemos que la persona va a abandonar el país, sabemos que estamos con un plazo de prescripción que está a punto de vencer y el SII no tiene capacidad de respuesta. En ese caso, para evitar que la persona se fugue o que la persona entorpezca la investigación, se justifica la formalización. Pero formalizar sin necesidad de cautela alguna, con el solo propósito de llevarla a una audiencia pública para comunicar lo que esa persona ya sabe, eso no tiene ningún sentido. La formalización tiene que tener sentido. No puede ser gratuita. Esa ha sido mi posición. No es posible que formalicemos a alguien y luego el SII diga que no se va a querellar. ¿Se da cuenta usted la condición en la que ponemos a ese ciudadano si lo hemos formalizado por un delito tributario y luego el SII dice que no habrá querella? Esa persona nunca fue objeto de una eventual condena y nosotros generamos un hecho que afecta gravemente sus derechos fundamentales.

De sus palabras desprendo que es de los que se preocupan del impacto que este tipo de indagaciones pueda tener en el descrédito generalizado de la clase política, de las instituciones en general.

Nosotros no podemos, a través de nuestras acciones, afectar instituciones fundamentales de la República. Tenemos que ser muy cuidadosos en ese sentido, porque parte importante de la convivencia nacional depende del respeto a las instituciones. Yo creo que hoy día, uno de los grandes problemas que tenemos es el descrédito que tienen las instituciones, pero a partir de responsabilidades de carácter individual.

A propósito de las instituciones, ¿no cree usted que el Ministerio Público se juega también una parte importante en cómo cierra todas estas investigaciones? 

Por eso es que queremos cerrarla en base a parámetros de carácter objetivo y fijando estándares muy claros. Todos los que tienen la misma condición tendrán la misma solución. Todos los que tengan participación en hechos de carácter similar, tendrán un tratamiento similar. Puede ser que en algún minuto no satisfaga a las personas la respuesta que nosotros tengamos respecto de un hecho en particular, y eso tiene que ver fundamentalmente con la penalidad asociada a este tipo de delitos.

¿Se acabó entonces la etapa de los fiscales populares a los que la gente los saludaba en la calle y les gritaba? 

Yo soy de aquellos que creen que los fiscales son autoridades de la República que debemos aprender un poco de lo que ha sido la historia y la conducta de los jueces. Nosotros tenemos obligaciones, como el principio de objetividad, al cual tenemos que atenernos absolutamente. Tenemos un deber superior, que es el deber de objetividad como agentes del Estado que somos, y que tenemos a nuestra disposición todos los órganos del Estado para poder investigar. Eso nos pone en una situación distinta a cualquier otro litigante. En consecuencia, nuestra litigación debe ser de carácter bastante más prudente de lo que a veces vemos.

Esta idea de que la gente va a sospechar si no se consiguen los mismos resultados en SQM que en Penta no lo han planteado sólo los políticos, lo planteó el fiscal Carlos Gajardo en una entrevista. ¿Le molestó que él dijera eso?

A mí no me pareció oportuna aquella frase en la cual él indicaba que ya había un cierto estándar y que ese estándar debía replicarse en SQM sin tener la información acabada de esa investigación. No me pareció. Ahora, yo tengo un gran respeto por el fiscal Gajardo, pese a nuestras diferencias de estilo. En el último tiempo ha hecho un esfuerzo importante para evitar ese protagonismo, lo cual habla muy bien de él, en definitiva.

El fiscal Gómez adelantó que ninguno de los que están siendo investigados hoy en día arriesga penas efectivas de cárcel.

Yo creo que esa es una opinión un poco anticipada, pero si uno hace una prognosis de lo que puede ocurrir, es probable que sea así. Lo que creo ha hecho el fiscal Gómez, es atemperar las expectativas que la gente pueda tener respecto de este tipo de investigaciones, porque también es importante que la gente no se genere expectativas que después no son satisfechas, y en eso hemos tenido nosotros alguna responsabilidad, de generar expectativas de penalidades muy altas, particularmente cuando discutimos de medidas cautelares en que se señala que eventualmente la persona podría tener que cumplir penas efectivas, pero luego, avanzada la investigación, acreditada la colaboración y la irreprochable conducta anterior, uno se da cuenta de que juega una cantidad de atenuantes que hacen que la pena efectiva a aplicarse sea muchísimo menor que la que establece el tipo penal en abstracto.

¿Tiene programado impulsar una reforma a la ley que le da la acción privativa al SII en la persecución de delitos tributarios? Ya están avanzando en esa línea en delitos económicos como la colusión.

La ley que se está tramitando en el Congreso es un tipo de norma que le resta coherencia al Estado, porque pone a ciertas personas o ciertas materias en un estándar distinto al del resto de los ciudadanos. Cuando se trata del dueño de supermercado que usa boletas falsas y comete un delito tributario con el objeto de obtener recursos para su uso personal o familiar, no tenemos la misma intensidad en la persecución que en un hurto, y eso queda entregado a un funcionario del Estado que no tiene ni siquiera una legitimidad democrática mayor que lo pudiera justificar. No, es un funcionario del Estado que tiene esa facultad en exclusiva, que ni siquiera el Ministerio Público la tiene. El día de mañana tendremos al fiscal nacional económico con plena disponibilidad de la acción penal en casos que son de particular gravedad, algo que nos parece no puede ocurrir, porque si una sociedad ha resuelto distribuir sus bienes y servicios a través del mercado, el mercado es anterior a la propiedad; es decir, debiese ser un bien jurídico protegido más intensamente que la propiedad misma.

Quienes defienden el sistema actual dicen que perdería eficacia si la fiscalía pudiera entrar de manera directa, pues mecanismos como la delación compensada no serían efectivos.

Yo creo que el caso que más impacto ha causado dentro del mercado ha sido el caso Penta. Si usted mira la conducta de los empresarios, es totalmente distinta a la que tuvieron antes del caso Penta. Le aseguro que las prácticas que eran habituales dentro del empresariado ahora deben ser de carácter excepcional, ya que nadie está dispuesto a pasar por lo que ellos pasaron. Debe haber una coherencia de la respuesta del Estado ante el fenómeno delictual y esa coherencia significa una igualdad de trato para todos, sin perjuicio de poder entender que en algunas materias el Ministerio Público pueda actuar con una mayor cautela y que nos puedan hacer ver esa necesidad de las instituciones especializadas en la materia.