El fortalecimiento del Servicio Nacional del Consumidor (Sernac), con nuevas atribuciones legales y mucho más cercano a la defensa de los consumidores, nuevamente fue nombrado por la Presidenta Michelle Bachelet como una de las medidas prioritarias en materia económica de su gobierno.

Esta vez, la reforma a la entidad pública apareció en su discurso del 21 de mayo y la Mandataria explicó que se trata de dotar al servicio de atribuciones que le permitan defender, multar, fiscalizar y normar.

La medida, que ha sido celebrada por asociaciones de consumidores, fue interpretada de una forma distinta por la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras (Abif), entidad gremial que ha dejado claro que su fiscalizador es la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras (SBIF). Jorge Awad, presidente de la entidad gremial, valoró la iniciativa, pero recalcó que lo principal es educar financieramente a la población. Para ello, cree que el servicio debe pasar desde el Ministerio de Economía al de Desarrollo Social.

¿Existe preocupación en la banca por el anuncio de dotar con mayores atribuciones al Sernac?  

Lo que más me llama la atención es que Chile tiene elevados estándares de regulación en libre competencia, pero no en protección al consumidor. Necesitamos estándares de nivel mundial al respecto.

¿A qué deberían apuntar esos estándares?

Sería una buena idea hacer que el Sernac dependa del Ministerio de Desarrollo Social. La gente libremente elige lo que quiere consumir y su elección se deriva de un proceso que nace de distintos contextos sociales. El Sernac podría ser de gran calidad educativa y que, a partir de esa idea, se defina su gobierno corporativo.

¿Por qué debería depender de ese ministerio y no del de Economía?

Porque basado ahí, debería tener una visión más social que económica.

¿Como así?

Porque para reducir las asimetrías de información, que es uno de los grandes problemas, más que una visión policial de la autoridad, lo que necesitamos es consumidores que sean adultos financieramente hablando. Tenemos que buscar a ese consumidor informado y dejar de hablar de empresarios abusadores.

Consentimiento expreso 

En abril del año pasado, la SBIF abolió la RAN 40, reglamento que permitía a las entidades financieras cambiar las condiciones de sus contratos con el consentimiento tácito de sus clientes.

A partir de esa fecha, los bancos se rigen por la Ley del Consumidor que los obliga a requerir el consentimiento expreso y presencial de sus clientes para modificar cláusulas. Aunque el gobierno anterior dictó en diciembre un reglamento para zanjar el tema, la nueva administración de Bachelet lo derogó y está en proceso de elaborar una nueva normativa.

¿La banca prefiere un proyecto de ley o un reglamento para zanjar este tema?

La demora de la solución demuestra la dificultad del tema, pero obviamente, es más operativo un reglamento. No puede ser que en este siglo estemos con contratos perpetuos. En diciembre teníamos un reglamento con consentimiento expreso y con sistemas remotos.

¿Preferirían que hubiera quedado tal como se redactó en diciembre?

Básicamente, sí. Hemos tenido conversaciones con el Ministerio de Economía y la idea es que nos respondan en el mes de mayo.

¿Esto ha afectado mucho las operaciones de la banca?

Imagine lo que es explicarle a la gente, uno a uno, el alza de las comisiones. Hay cerca de 40 millones de contratos con la banca.

¿Esto ha implicado impactos financieros en la banca, producto del congelamiento de las comisiones? 

Ha bajado la incidencia de las comisiones en los resultados de la banca. Pero más que los resultados, lo que nos importa es que haya certeza jurídica sobre el tema.

El impacto de la TMC

La baja en la Tasa Máxima Convencional (TMC), que comenzó a regir este año, también ha tenido su impacto en el sector, según dice Awad.

El gremio que preside estima que desde que se aprobó el proyecto de ley que rebaja gradualmente la TMC, cerca de 500 mil personas no tuvieron acceso a servicios bancarios que antes habrían obtenido (desbancarización). Cuando la TMC llegue a su nivel esperado de 36%, la Abif espera que un millón de personas no puedan acceder.

¿Parece justa una tasa de 56%, como la que había antes de la ley?

Hay que tener especial cuidado en normas que aparecen protegiendo al consumidor y, al final, lo desprotegen. Por proteger al consumidor, lo terminas desbancarizando. El tema de la TMC se refiere a  la gracia de la banca chilena, que es que opera con costos reales. En ese sentido, la tasa máxima es una información para el consumidor, para no endeudarse o no hacerlo a niveles a los cuales después no puedan pagar.