Dos horas después de terminada la tercera jornada de formalizaciones en el marco del denominado caso Penta, el abogado Jorge Bofill conversó con La Tercera sobre el contexto que ha rodeado las audiencias -en la cual representa a los ejecutivos del holding, Samuel Irarrázaval, Manuel Antonio Tocornal y Carlos Bombal- que hoy terminarán tras decretarse las medidas cautelares que podrían afectar a los diez imputados.
La jornada en el Centro de Justicia no fue tranquila. En medio de la audiencia - que duró siete horas- el fiscal Carlos Gajardo mencionó un contrato forward entre Penta, CB Consultorías y Proyectos S.A (de propiedad del empresario Manuel Cruzat), y la firma Bancorp, perteneciente al ex Presidente de la República, Sebastián Piñera.
El nuevo antecedente y que vincula a una sociedad de un ex presidente ¿Le parece necesario hacerlo público en esta instancia?
Yo creo que necesario no era, porque el fiscal estaba haciendo un argumento vinculado al conocimiento de uno de los imputados respecto de ciertos hechos al interior de la empresa. Además, era un hecho muy accesorio a la discusión porque se trataba de unos contratos que no eran materia de la formalización de la investigación, sin perjuicio de lo cual, el argumento ya había quedado hecho con una referencia a nueve contratos firmados por una persona. Luego se agregó este antecedente de un décimo contrato, que no está firmado por la misma persona y ni nadie de Penta, y se lanza el dato.
Después me enteré que esto había sido tuiteando. Y aquí volvemos al punto inicial de lo peligroso, que el sistema público ande tuiteando, porque no cuesta nada perder el rol y aquí, justamente, lo perdieron.
¿Por qué?
El encargo del Ministerio Público es que investiguen hechos punibles, que se entiendan con todas las instituciones del Estado, que realicen diligencias y lleven adelante la persecución penal ante los tribunales.
Entonces ¿no cumplieron con esa función?
Por algo la ley dice que los fiscales no pueden dar opiniones respecto de los casos que llevan, porque éstas eventualmente lo que van a generar es tendencias respecto de los procesos que están llevando y, por lo tanto, cuando caemos en esto de hablar con la calle, de tomar en cuenta el ambiente, estamos haciendo algo que la Constitución y la ley no sólo no le encargan, si no que le prohiben y ahí yo creo que hay un error institucional muy importante. La fiscalía debe hablar con los jueces, no hacerse responsable del ambiente social.
Alusión a narcotraficantes
El CDE señaló en la audiencia que los narcotraficantes también dan empleos, en respuesta a una declaración de los dueños de Penta sobre que su empresa era una 'máquina para dar trabajo' ¿cómo toma usted esas aseveraciones?
Creo que fue una analogía desafortunada y, además, mala. Un grupo que trafica es una asociación criminal y aquí, más allá de la gravedad de los hechos que se están imputando, ni siquiera la fiscalía en su formalización sostuvo que estuviéramos frente a algo así como una organización ilícita, más allá de algunas frases que se dijeron en la audiencia de las máquinas y las culturas. Además, creo que comparar la actividad de un grupo empresarial con el narcotráfico es un exceso en la argumentación, como lo es también el hecho de dar opiniones sobre si acaso las penas debiesen ser más graves.
¿Se perdió el rumbo de la argumentación en algunos momento durante la audiencia de formalización?
Estimo que en una audiencia donde se está discutiendo si una persona va a quedar libre o será privada de libertad o se le van a afectar sus derechos, la discusión entre abogados debería referirse a los hechos.
