El martes 12 de agosto se realizará la audiencia de sobreseimiento definitivo y cierre de la querella por filtraciones interpuesta por el empresario Julio Ponce en el caso cascadas. Su abogado, Jorge Bofill, dice que aceptarán la resolución "No vamos a pedir reapertura. No tenemos ninguna objeción en reconocer que efectivamente esa investigación se agotó. Cuando no es posible identificar a los responsables, hasta ahí llegan esas investigaciones", dice. Y agrega: "Que no hayamos podido identificar a los autores no significa que no hayan existido las filtraciones", afirma.
Con esto, ahora los esfuerzos estarán enfocados en la querella por prevaricación administrativa presentada contra Fernando Coloma, Hernán López y Hugo Caneo, acción que, más que ralentizar el trabajo de la SVS, dice Bofill, se ampara en el derecho de Julio Ponce a defenderse. "Leer que hay una maniobra de amedrentamiento es voluntarista", dice Bofill.
¿Este conjunto de querellas buscó amedrentar a la autoridad?
Por supuesto que no. Estas acciones judiciales lo que pretenden es ejercer un derecho que tiene cualquier ciudadano, entre ellos, Julio Ponce, cuando el caso en cuestión no es tratado en forma igualitaria en relación con las otras partes involucradas como Moneda.
En Chile no hay jurisprudencia en el delito de prevaricación, ¿con qué base están trabajando?
Evidentemente, este es un tipo penal que sanciona hechos de poca ocurrencia. No es normal que las autoridades administrativas resuelvan injustamente o de manera arbitraria. En Chile, en general, las autoridades actúan con apego a la ley. Sin embargo, cuando eso ocurre, la víctima tiene todo el derecho a querellarse (...). Efectivamente hay poca jurisprudencia sobre este delito. No obstante, este es un delito que está en el Código Penal desde toda la vida y es una norma vigente en Chile como cualquier otro tipo penal. Que se ejerza poco es otra cosa.
Paula Vial, que representa a los querellados de la SVS, dijo que le entregaron a la fiscalía antecedentes que acreditan que la SVS investigó acuciosamente la denuncia de Norte Grande contra Moneda...
Yo no discuto con mi contraparte por la prensa y no va a ser esta la primera vez que lo haga. Si eso es lo que ella cree, es su opinión.
¿Van a solicitar más diligencias?
Sí. Estamos trabajando en la solicitud de nuevas diligencias en esta investigación, pero prefiero no adelantar por la prensa de que se tratan antes de presentárselas a la fiscalía.
¿Ustedes tienen antecedentes que prueben que a la SVS les faltó ser más diligente ante la denuncia de Norte Grande?
Eso está en la base de nuestra querella. Uno de los hechos que se les imputan a los querellados es precisamente la forma en que se comportaron frente a la denuncia de Norte Grande. Y no solo si investigaron o no los hechos denunciados, sino también cómo resolvieron. No hay que olvidar de que la denuncia era comprobar si los dichos de Moneda respecto de haber abierto un período de bloqueo de operaciones con las cascadas desde abril de 2012. Sin embargo, se demostró que hubo una venta de acciones en el mismo mes de abril de 2012 y la SVS comprobó que así había sido, es decir, el hecho denunciado por Norte Grande era correcto y verdadero, no obstante, el ex superintendente Fernando Coloma desechó esa denuncia porque utilizó un criterio que no está en ninguna parte de la ley. Dijo que el monto de la operación era inmaterial. Y la verdad es que nunca nadie ha dicho que la operación tenía que ser grande o chica. Moneda difundió por la prensa que bloqueó las operaciones con las cascadas y eso no ocurrió.
¿Cómo tomaron la decisión de la fiscalía de pedir el sobreseimiento de la causa de filtraciones?
Antes de responder es importante entender por qué la fiscalía tomó esta decisión y cuál es el mérito de la investigación. Esta causa nació a raíz de una querella nuestra ante la filtración de los cargos de la Superintendencia de Valores en contra de mi representado Julio Ponce, entre otros. Durante la investigación el hecho de que aquí hubo una maniobra concertada para filtrar los cargos quedó completamente acreditado. En la investigación declaró el director de un medio, a raíz de una entrevista que dio a Radio Duna en la que describió la manera en que había tenido lugar la filtración de los cargos. El señaló que de manera coordinada tres directores de medios habían recibido un sobre cerrado en sus manos que contenía la formulación de cargos. El señaló que no había recibido los cargos, pero sí conocía la historia. A raíz de esa entrevista nosotros pedimos que fuese citado al Ministerio Público a declarar como testigo y él ratificó lo que había señalado en Radio Duna. Además, identificó a los medios que había recibido los cargos: La Tercera, Diario Financiero y El Mostrador. A raíz de eso, pedimos que fuesen citados a declarar los directores de esos tres medios y los tres directores de medios invocaron el secreto de la fuente de los periodistas. Por lo tanto, la forma en que los cargos fueron filtrados quedó clara, pero no tenemos cómo identificar a los autores.
¿Cómo evalúan la actuación de la fiscalía?
La fiscalía ha sido muy diligente. En general, han acogido todas las solicitudes de diligencias.
Paula Vial cree que es muy probable que la fiscalía cierre también la otra querella porque no hay antecedentes que acrediten los delitos...
El caso de prevaricación es distinto de filtraciones. Son hechos diferentes y delitos distintos. Inferir de una causa que va a pasar algo idéntico en la otra me parece especulativo. Lo que ocurra con la causa de prevaricación es algo que está por verse.
¿Ustedes están más optimistas entonces en la causa de prevaricación en relación con llegar a probar ese delito?
Esa investigación no está agotada, por lo tanto, dar una opinión sería una especulación.
¿Hasta ahora qué diligencias se han concretado en la causa de prevaricación?
En esa causa ha habido muchas diligencias. Han declarado personas vinculadas a la SVS, los querellados (Coloma, López y Caneo), varias personas vinculadas a Moneda. Más otros testigos que hemos ofrecido nosotros, como Patricio Phillips y Darío Calderón.