El 2016 fue complicado en lo económico. Aún así, hubo casos en que los números torcieron esos difíciles 12 meses, como ocurrió, por ejemplo, con BancoEstado. La firma estatal cerró el año pasado con US$ 421 millones en utilidades antes de impuestos, con las metas comprometidas con Hacienda sobrecumplidas y con un aumento de un punto porcentual en su cuota de mercado medida por colocaciones totales. Hubo más. Terminó con una pérdida efectiva de créditos de 0,84%, indicador que en la banca privada alcanzó a 1,07%, elevó a 12 millones su base de clientes y obtuvo una mejora de eficiencia de dos puntos hasta 60,7%, en un índice fundamental en ese negocio.

Tal vez por ese buen desempeño o porque, además, el presidente de la entidad, Jorge Rodríguez Grossi, goza de una larga carrera en política económica y valorada experiencia en altos cargos públicos y privados, es que -comenta- hace unas semanas se reunió por separado con los ministros de Hacienda, Rodrigo Valdés, y su par de Trabajo, Alejandra Krauss, protagonistas del último impasse del gabinete.

En esta entrevista -hecha antes del jueves último, cuando Valdés calificó a su par de "imprudente" por confirmar que el Ejecutivo no dejará en manos de las AFP el excedente de 5% de cotización que sustentaría la reforma previsional-, el economista DC relata que en las reuniones -por separado, insiste- la conversación se centró en el tema que hoy los enfrenta: las pensiones.

En octubre próximo, el banco tendrá una nueva negociación colectiva con un único sindicato, que reúne a 9.700 funcionarios. Aunque al alero de la reforma laboral el proceso involucra la huelga sin reemplazo y el establecimiento del llamado piso mínimo de negociación, es un tema que no abordaron Rodríguez y la ministra Krauss.

Lo mismo con Valdés, pese a que en la agenda están las metas 2017, el pronto envío al Congreso del proyecto de nueva Ley General de Bancos (LGB) y las exigencias de capital que propondrá para adecuar a la industria local al Basilea III, lo que también involucra a BancoEstado.

"Estuvimos acá hace unas semanas con la ministra Krauss hablando de otros temas, no de la negociación colectiva que viene… Ella está más preocupada del tema de pensiones que de este tema en particular, y eso es obvio", cuenta Rodríguez Grossi.

Con Valdés no fue distinto: "Tampoco me ha tocado hablar con el ministro de Hacienda de la negociación y de la nueva LGB, sino que hablamos de las pensiones. Es un tema que le preocupa mucho, por la importancia que tiene para los actuales pensionados y para el sistema económico en general".

¿Por qué los ministros estaban tan preocupados por las pensiones: porque no hay acuerdo en la mesa técnica, porque no querían una reforma, por la presión…?

Los dos ministros han mostrado preocupación, comentaron algunos temas y me han preguntado mi opinión y punto…

¿La preocupación que expresaron también pasó por tantear si BancoEstado podría ser un buen administrador del excedente…?

No me lo plantearon…, no profundizamos.

¿Y está en condiciones de hacer eso o no?

No sé, tendrían que preguntarme.

Se lo pregunto yo.

El decidor de políticas es otro, pero la verdad es que no es nuestra experiencia sacarles renta a productos. Tenemos una empresa que se dedica a los fondos mutuos, que trabaja un poco en esta línea, pero el banco propiamente tal no se dedica a eso. Tenemos también otra corredora de Bolsa que se dedica a eso, pero nosotros no somos una institución que esté dedicada a sacarles renta a los dineros de terceros.

Se podría crear una división de inversiones.

Claro, pero eso lo podría hacer cualquier Estado si quisiera crear algo de ese tipo. Pero nosotros no somos los reyes del manejo del dinero para sacarle renta, no es nuestro objetivo como empresa pública.

¿Entonces, lo más viable sería crear una entidad independiente, como la Administradora de  Fondos de Cesantía (AFC) y licitar la gestión de ese excedente de cotización?

Mire, lo que hay hoy día en Chile es que el Banco Central y el propio gobierno manejan sus fondos soberanos (de Estabilización Económica y Social, y de Reserva de Pensiones) y los manejan internacionalmente, licitan la gestión de inversión entiendo que incluso a nivel internacional. Me parece que ahí hay una manera de hacerlo que parece que ha sido y es buena desde el punto de vista de rentabilidad, así que ahí hay una forma de hacerlo que no involucra a las administradoras de fondos de pensiones.

¿Plantea, entonces, que el Banco Central sea el que administre o actúe como agente retenedor de ese excedente?

Lo que digo es que si es así, por ejemplo, la administración del excedente se podría concesionar internacionalmente.

¿Y esa idea la planteó al ministro Valdés?

No, no lo hemos conversado.

¿Pero lo ve realmente viable?

Es posible. Es decir, ya lo estamos haciendo con recursos que son del Estado. Aunque esto no es del Estado, para asegurar una buena administración me parece que esa es una forma de hacerlo sin crear ningún organismo.

En el caso de los fondos soberanos, el Estado es el agente retenedor a través del Banco Central y de ahí se licita la gestión de inversión, por resumirlo de algún modo...

Claro, así funciona, y creo que es una buena forma de hacerlo en este caso.

¿No sería mejor crear una institución?

Me estoy metiendo en temas que no son mi especialidad y no quiero involucrar al banco.

En una entrevista anterior, en todo caso, usted dijo que "la solidaridad se tendría que financiar con impuestos generales" y no con parte del excedente. ¿Sigue pensando igual?

Esta es una opinión que no involucra al banco, sino que es sólo mía, pero técnicamente me parece que lo que tiene que ver con el financiamiento de programas públicos en general debería financiarse con impuestos y, en cambio, lo que va directamente en beneficio de uno, sí perfectamente puede financiarse contra el sueldo.

¿Por qué no solidaridad vía excedente?

Es mi opinión técnica y básicamente la sustento, porque cuando uno saca o encarece un salario, a la larga está de alguna forma incentivando a los empleadores a emplear maquinaria, es decir, a una sustitución. Por eso me parece que lo que tiene que ver con distribución de ingresos, con pensiones solidarias u otro tipo de programa social, ojalá se financiara con recursos tributarios. Pero hasta aquí llego, porque ese no es mi campo.

La negociación de octubre

Rodríguez Grossi quiere hablar de su banco, de los logros 2016 y los desafíos 2017. Por eso, visiblemente orgulloso destaca que el año pasado la entidad fue "la decimoquinta empresa Great Place to Work, la revista Global Finance nos dio el premio al banco más sólido de América Latina, y MicroEmpresas y la Corredora de Seguros del banco fueron calificadas entre las mejores empresas para padres y madres que trabajan. Todos méritos que no aparecen mucho en los medios, pero que dan cuenta del compromiso de esta institución en muchas áreas".

También realza los avances en materia de inclusión financiera. "Recibimos el premio a la innovación por parte de Foromic; el 87% de la población nacional es cliente del banco y el 73% de las empresas, el 32% de las comunas tiene sólo una sucursal bancaria y es nuestra, estamos en el 70% de las comunas del país y en todas hay una CajaVecina. Además, el 45% de los créditos de vivienda los financió BancoEstado", detalla.

El banco tiene unos 10.000 funcionarios y 9.700 de ellos están en el único sindicato que hay. ¿Cómo ve la negociación colectiva que tendrán en octubre? ¿Están en conversaciones con el sindicato?

Tenemos muy buena relación con el sindicato, como política permanente trabajamos en distintas comisiones conjuntas. Enfrentamos la negociación que viene con normalidad y creemos que siempre debe ser así. Los trabajadores tienen derecho a conversar con el empleador respecto de sus beneficios cada dos o tres años y nos estamos preparando para eso. La idea es que no sea un fenómeno traumático; no tiene por qué serlo, y si uno le baja el costo a esa etapa, trabajamos mejor.

¿Por qué dice "nos estamos preparando para eso"? ¿Cree que será dura?

Lo digo, porque efectivamente nos estamos preparando… Nos estamos preparando, por ejemplo, discutiendo, evaluando desde ya cuáles serían los servicios mínimos (a cautelar). La nueva ley trae cambios, pero para nosotros siempre ha habido un único sindicato enorme, es lo que siempre hemos tenido y estamos abocados al tema.

¿Están ya conversando con el sindicato?

Estamos empezando a conversar con ellos…

La empresa debe hacer una propuesta de servicios mínimos y el sindicato responder.

Sí, pero también estamos esperando que se pronuncien la Dirección del Trabajo (DT) y la Superintendencia de Bancos.

¿Por qué la superintendencia?

Porque tiene que pronunciarse sobre el tema de los servicios mínimos en la industria bancaria. En algún minuto debe pronunciarse… No somos los únicos; los demás bancos también han pedido que se pronuncie.

La DT ya lo hizo, servicios mínimos fue su primer dictamen para implementar la reforma. ¿Qué otra cosa están esperando?

Un banco tiene plata de terceros depositada y nuestro negocio es hacer producir esa plata. Prestamos ese dinero, generamos ciertos negocios con él, pero lo que no se puede impedir es que los dueños del dinero puedan usarlo. Si hay un banco en huelga y mi plata está en la CuentaRUT, tengo que tener derecho a sacarla si necesito usarla, porque ese no es un producto del banco, es mi plata. No pretendemos que si llegáramos a una situación de paralización siguiéramos gestionando créditos hipotecarios, por ejemplo, nada que tenga que ver con trabajar para producir pan, pero sí, al menos, que los dueños del dinero puedan moverlo.

¿Eso es un imperativo para usted?

Es un tema central para nosotros y también para el futuro, porque si se llegase a inmovilizar el dinero de terceros, para esa institución sería tremendo. Si bien hoy la gente usa transacciones con tarjeta y es algo súper fuerte en sectores más acomodados, no es así en los que mayoritariamente atendemos.

¿Atender público estará en su propuesta?

Queremos cautelar ese derecho que, creemos, no tiene que ver con la producción de pan, siguiendo el ejemplo. La producción de pan está a otros niveles y eso sí entendemos que es un tema que perfectamente podría parar, digamos, en una situación de paralización (...). Pero hay muchos casos en que la atención del cliente tiene que ser personal, por ejemplo, en las zonas donde la única sucursal o la más cercana es nuestra. Para nosotros es lo mínimo que puede estar en la propuesta, más otros detalles que conversaremos con los trabajadores, pero son temas sobre los que esperamos no tener problemas, por la sensibilidad de nuestros trabajadores.

En la última negociación el banco pagó un bono por término de conflicto de $ 6,3 millones por funcionario y la reforma introdujo el piso de negociación, ¿le complica?…

No puedo adelantar la negociación.

Pero imagino que les preocupa…

A todos nos preocupa, porque hay un tema de imagen que también hay que preservar y a los trabajadores del banco también les interesa la imagen de ellos.

¿Porque trabajan en una firma estatal?

Porque es un banco del Estado, efectivamente… Todos debemos pensar cómo hacer una negociación legitima y justa, conveniente para las partes. La administración del banco no está defendiendo el bono que recibiremos por sacar utilidades, no estamos en eso, y al mismo tiempo es legítimo que los trabajadores busquen conseguir una remuneración lo más justa que estimen.

¿Un bono de $ 6,1 millones es justo?

No responderé; espero no tener conflicto.

¿Qué opina del conflicto en Escondida?

Lo que pasó en Escondida es muy malo para el tema laboral. Me parece que no es un ejemplo del cual uno se pueda enorgullecer.

¿Desde la lógica sindical o de la empresa?

Desde la lógica país, porque hay un tema de vida en común también: el mundo no es una permanente guerra entre empleador y empleado. Hay diferentes intereses, pero uno espera relaciones armoniosas y que una empresa pase más de un mes paralizada no es lo que uno quiere en el devenir económico.

¿Cómo evalúa que actuaron las partes?

No puedo opinar sobre cómo se manejó el diálogo, pero no me parece que resultase bien; no puede ser ese el carácter de las relaciones en adelante en la empresa. Pero también tenemos pésimos ejemplos de ese tipo en lo público, como pasó en el Registro Civil, donde los dañados fueron los usuarios.

Hay una diferencia: el Registro Civil como servicio público no tiene negociación colectiva y, por tanto, el paro fue ilegal.

Las asociaciones de trabajadores que más huelga hacen en Chile son las públicas, sin tener derecho legal a hacerlas. Ahí estamos ante un vacío legal o, más bien, frente a una situación medio ilegal que todo el mundo tolera, pero que debiera regularse.

¿Debiera haber negociación colectiva en el sector público?

Hay que terminar con esto de que 'acá la experiencia es que siempre ha habido negociación en el sector público y, por tanto, no estamos frente a una situación que no tiene validez legal'. La realidad pide a gritos una ley que pueda regular este tema, porque lo que ocurre es que la ley no se cumple.