Jefe División de Educación General: "Hay 850 mil escolares con gratuidad en los colegios que se sumaron en los últimos dos años"

Juan Eduardo García-Huidobro es el jefe de la División de Educación General del Ministerio de Educación (Mineduc), a cargo de la enseñanza escolar. Acaba de ser nombrado profesor emérito en la U. Alberto Hurtado, como reconocimiento a su trayectoria en investigación educativa e integración escolar. Fue el presidente del Consejo Asesor Presidencial para la Educación, en el primer mandato de la Presidenta Michelle Bachelet, y ahora, en entrevista con La Tercera, comenta las reformas de su área.

¿Era necesario aplazar 10 años el cambio a seis años de enseñanza media y seis de básica?

El tema central, más que la falta de infraestructura, es contar con profesores especialistas. Tenemos el 60% de docentes especializados, pero, como todo en Chile, está distribuido de forma desigual. Por eso, el desafío es que todos los colegios cuenten con especialistas. El proyecto se aprobó en la Cámara con dos indicaciones importantes: todos los colegios que quieran trabajar bajo el nuevo esquema del 6x6 pueden hacerlo, y el ministerio debe fomentar el cambio y dar cuenta al Congreso sobre cómo va ese avance, para que en 10 años no descubramos que no hemos hecho nada. Es un hecho que los niños aprenden más con un dominio más profundo de parte de su profesor. Por eso es clave ir avanzando.

¿Cómo evalúa la Ley de Inclusión?

En general, bien. Cerca de 900 colegios han dejado de tener fines de lucro, por lo que más establecimientos tienen sólo una finalidad educativa y no son un negocio. Y ha disminuido notablemente el financiamiento compartido. Así, ha aumentado la cantidad de niños que no pagan por su educación: hay 850 mil escolares con gratuidad en los colegios que se sumaron los dos últimos años a esta política. Además, la primera experiencia en la Región de Magallanes del fin de la selección resultó muy bien. Eso se hizo en 200 escuelas. Este año se hará en 2.500 y el próximo año será el cambio para todos.

¿Espera que aprueben el proyecto de desmunicipalización en este mandato presidencial?

El interés del ministerio es poder aprobarlo pronto, para generar este año el primer servicio local (SLE) que administrará los colegios públicos. Será el SLE Barrancas. Parte con un servicio y al segundo año son dos o tres más y ahí se detiene. Al siguiente año no hay ninguno, para hacer análisis y correcciones. Y al cuarto año recién empiezan los restantes.

¿Por qué Barrancas?

Esta stand by Cerro Navia y la idea es que se sume después al trabajo que se está realizando con Pudahuel y Lo Prado. Esta es una zona interesante, populosa y muy variada, donde puedes encontrar todo tipo de establecimientos, incluso carcelarios, entidades del Sename. Ademas, cubre una matrícula importante. Todos los problemas que se pueden presentar en la desmunicipalización los encuentras en esa zona.

Pero la misma crítica a la Ley de Inclusión la hacen al proyecto de desmunicipalización, que no ayuda a mejorar calidad...

La Ley de Inclusión tiene relación directa con calidad, ya que un aprendizaje central en el siglo XXI es aceptar la diferencia. El sistema se agrupaba de acuerdo a las características de la familia y el niño no crecía en un ambiente diverso. En una sociedad diversa es importante que el niño crezca en un ambiente complejo, entendiendo y aceptando a otros, que son distintos de él, para lograr un mejor aprendizaje. Esta ley, que parece estructural, tiene un alma pedagógica muy importante y apunta al corazón de la calidad. Podría verse la desmunicipalización como netamente administrativa, pero crea servicios locales que supervisarán y apoyarán a los colegios para asegurar calidad.

¿Y debería cambiar también el financiamiento a los colegios? Es una demanda pendiente...

El tema es lo suficientemente complicado como para pedir ayuda al BID. Hoy el sistema es un árbol de Navidad: un conjunto enorme de subvenciones para mitigar distintos problemas, darles más a los pobres, más a los gratuitos, etc. Hay que llegar a un sistema más limpio y claro de financiamiento. Siempre va a haber relación entre matrícula y recursos, pero el tema es cómo en un país tan largo y diverso se aseguran a todos las mismas oportunidades, independiente del lugar donde ellos vivan.

¿Debería dejar de considerarse la asistencia en los fondos que reciben los colegios?

Creo que algún incentivo para la asistencia debe haber, aunque no necesariamente económico. En Uruguay se puso un profesor encargado de la asistencia. Su labor es ver en la mañana quiénes no fueron, llamar y descubrir qué pasó. Si está enfermo, debe ir a su casa. Esta experiencia nació con una ONG y después el ministerio la adoptó, porque había resultado. Lo que quiero ilustrar es que el incentivo económico no es lo único que se puede hacer para asegurar asistencia y el aprendizaje.

¿Qué piensa cuando un candidato dice que reformará las reformas?

Eso causaría daño. Sin embargo, es parte de la democracia. Somos diferentes personas y pensamos distintas cosas. Pero estas reformas están buscando responder a una democracia más profunda, donde nos respetemos mutuamente y tengamos capacidad de reconocer al otro como igual. Y eso parte por una educación más igualitaria. Si tengo para unos una educación gratuita, para otros una de $ 40 mil y para otros una de $ 300 mil, estoy teniendo una situación anómala. Esto tiene mucho que ver con el país que queremos construir.