La decisión del ex presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, de poner tierra de por medio con la justicia española e instalarse en Bélgica entorpecerá, pero no interrumpirá, las investigaciones judiciales que pesan contra él. En caso de no comparecer cuando sea llamado, tal como anunció hoy uno de sus abogados belgas, los jueces enviarán a la justicia belga una Orden Europea de Detención. En teoría, este procedimiento permitiría, según fuentes jurídicas, la entrega a España del político en un plazo de 60 días.
Puigdemont "está bien asesorado jurídicamente al elegir Bélgica" como destino para tratar de escapar de la acción de la justicia española, consideran fuentes consultadas bajo condición de anonimato. El ex presidente catalán está investigado por malversación, prevaricación y desobediencia en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Además, su situación se agravará considerablemente después de que el martes la juez de la Audiencia Nacional, Carmen Lamela, admitiera a trámite la querella por rebelión -delito castigado con hasta 30 años de cárcel- contra él y los 13 ex consejeros de su gobierno presentada el lunes por el fiscal general del Estado, José Manuel Maza.
Este horizonte penal poco halagüeño ha llevado a Puigdemont -y a otros cinco de sus consejeros- a instalarse en Bélgica y contratar al abogado Paul Bekaert. Este letrado flamenco de 68 años consiguió paralizar la entrega a España de varios miembros de la banda terrorista ETA. Su último logro en este campo, hace cuatro años, fue evitar que Bélgica entregara a la Audiencia Nacional a la etarra Natividad Jauregi. Puigdemont acudió al aeropuerto de Bruselas a despedirse de los cinco consejeros que lo acompañaron a la capital belga y que volvían a Barcelona.
Fuentes judiciales españolas consideran que Bélgica "no es mal país para hacer esperar" a la justicia española, ya que sus jueces son especialmente sensibles y puntillosos a las alegaciones de vulneraciones de derechos fundamentales. En su rueda de prensa del martes en Bruselas, Puigdemont, destituido el viernes pasado al aplicar el gobierno el artículo 155 de la Constitución, manifestó que no volverá a España hasta que no tenga "garantías de un juicio justo". La juez Lamela admitió a trámite la querella por rebelión.
En caso de que no comparezcan ante el magistrado del Supremo Pablo Llarena y la juez Lemela, estos podrían dictar un auto -resolución razonada- con una orden de detención e ingreso en prisión contra ellos. Con esa resolución, los jueces españoles pueden activar la Orden Europea de Detención, un procedimiento que sustituye en el ámbito de la Unión Europea, a las antiguas órdenes de extradición. Para lanzar esta orden es preciso que la Fiscalía lo reclame previamente.
Aunque el procedimiento, sobre el papel, es bastante ágil fuentes jurídicas señalan una serie de recovecos legales que pueden dilatar los plazos.
