Hace una semana una carta pública de la Iglesia Católica argentina alertando por la situación de división interna en el país, levantó una ola de controversia en el mundo social y político y se constituyó en el documento más duro desde la llegada de Cristina K al poder.
Hoy el escenario es similar luego del comunicado emitido por las principales asociaciones de magistrados de todo el país, incluyendo a los ministros de la Corte Suprema, que llaman a respetar la independencia de los poderes y a terminar lo que denominan "campañas difamatorias" y "presiones" contra muchos magistrados "agraviándolos de manera personal".
DOCUMENTO
El texto de los magistrados se puede leer por completo en la página web del Centro de Información Judicial (CIJ). Allí hablan de agresión institucional a un poder del Estado, campañas difamatorias, intervencionismo a los poderes judiciales provinciales, "recusaciones y denuncias penales utilizadas de modo excesivo".
Y exhortan directamente "al Poder Ejecutivo Nacional a cumplir estrictamente con el artículo 109 de la Constitución Nacional y a ejercer sus facultades como poder del Estado dentro del marco de las reglas procesales, evitando el uso de mecanismos directos o indirectos de presión sobre los jueces que afecten su independencia".
En conversación con Radio Mitre, según detallan los medios argentinos, la titular de la Federación Argentina de la Magistratura, Víctor María Vélez, dijo que este documento da cuenta por ejemplo, de que existe como un "efecto contagio" en los distritos del interior "de las presiones que la Justicia viene sufriendo en el último tiempo en el ámbito nacional".
A su vez, el presidente de la Asociación de Magistrados, Luis María Cabral, puntualizó que "se han tergiversado hechos de la realidad para echar a jueces de las causas (...) Lo importante es señalar que los jueces tenemos funciones constitucionales y las vamos a seguir ejerciendo a pesar de los ataques", según cita el portal Infobae.
El documento de los jueces llega a pocas horas de que entre en vigencia la llamada Ley de Medios, para que los grupos empresarios presenten su plan de adecuación para desprenderse de canales o radios que excedan el cupo fijado por la normativa. Tema que gatilló algunas discrepancias entre el gobierno y los magistrados.
