Este jueves, un grupo de jueces de familia enviaron una carta en la que expresan su preocupación por la crisis que hoy vive el Sename y responden ante los cuestionamientos por el rol que han jugado en estos casos.

"Como jueces, sabemos, que parte de la llamada "crisis de la infancia" es nuestra responsabilidad. Ante las críticas que se han formulado a nuestra acción, nuestra única respuesta es la de redoblar los esfuerzos para que los derechos de los niños y niñas sean respetados", se lee en el texto.

En este sentido, explicaron que ya existen acciones que ha impulsado el Poder Judicial y que van en el sentido correcto: buscar hacer efectivo el "derecho a ser oído", implementar mesas de trabajo intersectoriales, implementar salas "Gessel", incorporar estándares técnicos por medio de instrumentos de control para las visitas que que realizan a las residencias, e introducir un sistema informático de seguimiento de las medidas de protección que se adoptan en favor de cada niño, entre otros.

"Pero nada de lo hagamos tendrá efecto alguno si el Estado y la sociedad de nuestro país no ponen al centro a los niños y niñas y sus derechos. Queremos advertir algo: en Chile no existe una "institucionalidad de la infancia", escribieron en la carta.

Y agregaron que "las malas condiciones de infraestructura, la falta de profesionales y funcionarios capacitados, la situación laboral de los mismos, entre otros temas, son cuestiones que ya se han denunciado. Pero para que un niño o niña llegue allí es porque la familia,la sociedad y todo el Estado les falló antes".

A juicio de los profesionales: faltan horas médicas para la atención de la salud mental de los niños; faltan horas y programas que atiendan el consumo de alcohol y drogas; faltan profesionales capacitados para la atención de casos complejos en las escuelas; faltan unidades de familia en las policías.

También enfatizaron en que los niños y niñas privados de libertad, en la práctica, son invisibilizados para el sistema de protección, que por ignorancia se vulneran los derechos de los niños y niñas inmigrantes, particularmente la de los que no han regularizado su situación, y que tampoco existe atención con pertinencia cultural para los niños y niñas de pueblos originarios.

"La tarea de los jueces es articular la red institucional, cuando detectamos que sus derechos son vulnerados. Sin embargo, muchas veces, nuestra acción es arar en el mar.

Por esta carta, esta vez, somos nosotros los que venimos a pedir: no olviden a los niños y niñas de nuestro país. La felicidad de Chile comienza por ellos", concluyeron.