El fiscal nacional, Jorge Abbott, anunció ayer que presentarán una queja disciplinaria contra el juez que dictó la resolución del pasado martes en el caso Penta. Dicho fallo, emitido por el magistrado Juan Manuel Escobar, ordenó que los fiscales que llevan la causa, Carlos Gajardo y Pablo Norambuena, deban prestar declaración en esta indagatoria. Esto, tras la petición de la defensa de los ex controladores de Penta, Carlos Eugenio Lavín y Carlos Alberto Délano.

Respecto de esta resolución, Abbott señaló que en el Ministerio Público "desde siempre nos hemos opuesto a que los fiscales que están a cargo de una investigación puedan, eventualmente, ser llevados a declarar como testigos en las causas que ellos mismos están llevando adelante".

Agregó que esto "altera una de las bases fundamentales del proceso penal, que es modificar la función de los intervinientes y lleva a extremos extraordinariamente complejos y peligrosos del sistema, porque si siguiéramos la misma lógica, el día de mañana podría solicitarse que los jueces de garantía que han tenido vinculación con la investigación y han tomado medidas tan intensas como la prisión preventiva, fueran citados a declarar en la investigación y luego en el juicio oral".

Asimismo, añadió que esta también puede ser una forma de inhabilitar a los fiscales, "porque si son citados como testigos del juicio, no pueden ser fiscales del mismo proceso".

El presidente de la Asociación de Magistrados, Alvaro Flores, dijo que la presentación anunciada por Abbott contra el magistrado es "una forma improcedente o incompatible con el proceso penal en orden al sistema de recursos. Un sistema moderno admite que las resoluciones se revoquen o se confirmen solo a partir de recursos jurisdiccionales y no amenazas disciplinarias, eso lo hemos dicho mucho en la asociación, es nuestra crítica general al sistema de normas que afecta la independencia".

Flores manifestó que "los jueces son independientes respecto de los intervinientes y toman decisiones de acuerdo al mérito del proceso y de la ley aplicable. En este caso, además -como no en pocos-, se trata de una cuestión que admite interpretaciones. Que se resuelva -siempre fundadamente- por una de las dos interpretaciones en juego es una cuestión connatural a la función".

Mauricio Duce, académico de la Facultad de Derecho de la UDP, explicó que esta queja disciplinaria que presentará la fiscalía "es para reclamar ante un juez que ha incurrido en una decisión arbitraria y que en principio podrían sancionar sin modificar la resolución. Es muy excepcional que a partir de su aceptación se cambie el fallo, pero se ha ido instalando como una vía de impugnación en la práctica. Es una vía indirecta para tratar de revertir la decisión del juez".

Añadió que "los fiscales temen que si no se revierte esta medida se establezca algún tipo de precedente; no sería un buen precedente que los fiscales estén siendo sometidos habitualmente a prestar declaración. Podría a ser una mala señal".