Jueces franceses pidieron que el ex presidente Nicolas Sarkozy declare como testigo asistido en una causa financiera relativa a contratos de armas en los años 1993-1995 (el llamado caso Karachi) cuando él era ministro del Presupuesto, indicó el viernes a la AFP el abogado de los demandantes.
Los jueces estimaron que elementos de la investigación, que concierne ventas de armas de Francia a Arabia Saudita y a Pakistán, requieren que Sarkozy preste declaración como testigo asistido. Piden que lo haga ante la Corte de Justicia de la República, única instancia que puede investigar y juzgar en Francia a ministros por hechos en el ejercicio de sus funciones.
En derecho francés, el testigo asistido es un estatuto intermedio entre el de imputado y el de simple testigo.
Los jueces pidieron que sesione la Corte de Justicia de la República para investigar en esta causa al ex primer ministro Edouard Balladur y al ex ministro de Defensa François Léotard, según el abogado Olivier Morice.
El llamado caso Karachi se refiere a un atentado cometido en Pakistán el 8 de mayo de 2002 en el que murieron 15 personas, entre ellas 11 franceses que trabajaban en esa ciudad paquistaní en el marco de un contrato de armamentos.
Ese contrato es objeto de sospechas de corrupción en Francia. La justicia francesa investiga si hubo corrupción en las ventas de armamento a través de comisiones ilegales y si el dinero de las mismas sirvió para financiar la campaña de Edouard Balladur, entonces primer ministro, para la elección presidencial de 1995.
En la época, el ex presidente Nicolas Sarkozy era uno de sus ministros y su portavoz de campaña.
Balladur perdió esa elección, ganada por otro candidato de la derecha, Jacques Chirac.
El caso Karachi ne se limita a las sospechas de corrupción, dado que la justicia investiga también si hubo una relación entre ese circuito de corrupción y el atentado, que podría haberse perpetrado en represalia por el cese del pago de comisiones.
Corresponde ahora a la fiscalía de París decidir si transmite o no la causa al fiscal general del tribunal de casación, que decidirá a su vez si compete o no recurrir a la Corte de Justicia de la República.
Una decisión favorable podría perjudicar el retorno al escenario político de Nicolas Sarkozy, anunciado como cada vez más probable por sus partidarios, con vistas a la elección presidencial de 2017.
