A principios de semana el ministro Carlos Künsemüller llegó hasta el despacho del presidente de la Corte Suprema, Hugo Dolmestch. El magistrado quería poner en antecedentes a su superior de una decisión largamente meditada sobre su futuro en el Poder Judicial. Así, a poco de iniciar la conversación, Künsemüller notificó a Dolmestch que -por problemas de salud y también por la oposición de su familia, particularmente de su esposa- se retiraba de la carrera desatada por la futura presidencia del máximo tribunal.

Era la segunda vez -en menos de una semana- que un ministro tomaba la misma decisión. Días antes había sido el magistrado Héctor Carreño quien golpeó la puerta de Dolmestch.

Carreño, agobiado por el fantasma de la fallida acusación constitucional en su contra presentada en 2014 por "abandono de deberes" y la omisión en la información sobre casos de abusos contra niños de centros del Sename, comunicó al presidente del máximo tribunal que no estaba disponible para seguir en competencia.

El ministro ya tomaba nota de que esa "mancha" en su expediente -los diputados rechazaron el libelo por 71 votos en contra, 30 a favor y 10 abstenciones- comenzaba a ser utilizada por sus detractores como argumento para bloquear su ascenso a la cabeza del Poder Judicial. En ese escenario, Carreño optó por dar un paso al costado.

Por estos días la sucesión de Dolmestch es tema obligado en los pasillos de la Corte Suprema. Y son varios los factores que hacen que esta elección esté tensionada como ninguna otra en los últimos años y que -por lo mismo- tenga un desenlace incierto.

A los retiros anticipados de la carrera de Künsemüller y el propio Carreño, se suma que quien tiene -por tradición- la primera opción para llegar a la cabeza del máximo tribunal, el ministro Patricio Valdés, está a punto de cumplir 75 años, edad tope para su permanencia en el Poder Judicial.

El complicado puzle ha atizado las negociaciones en las que empieza a surgir un nombre de consenso que, además, supone una señal histórica para el también denominado Tercer Poder: la elección de una mujer como presidenta de la Corte Suprema. ¿Su nombre? Rosa María Maggi.

Saltar la tradición

El próximo 13 de febrero el ministro Valdés celebrará su cumpleaños 75. El abogado llegó a la Corte Suprema en 2006 y tiene -en la tradición judicial- la primera opción para suceder a Hugo Dolmestch en la presidencia del máximo tribunal debido a que es el magistrado con mayor antigüedad en el organismo.

El próximo líder de la Corte Suprema será nombrado por sus pares a mediados de diciembre y, luego de asumir el cargo en la primera semana de enero de 2018, permanecerá en funciones por dos años.

Al cumplir sus 75 años, Valdés también llega al tope de la edad legal permitida en el artículo 80 de la Constitución Política para permanecer en su cargo, por lo que no alcanzaría a ejercer el periodo completo de líder del máximo tribunal, lo que lo deja -también- fuera de la carrera.

Según sostienen varias fuentes vinculadas al Poder Judicial, el problema se genera debido a que a quien le correspondería por antigüedad suceder a Dolmestch -sin Künsemüller y Carreño en el horizonte- es al ministro Haroldo Brito, quien protagonizó hace un par de meses un duro impasse con sus pares de la Suprema que hacen inviable su nominación sin generar un quiebre en el máximo tribunal del país.

En una serie de sucesivas reuniones en las que han participado varios magistrados, liderados por Valdés en el sector conservador y Milton Juica en el ala más progresista, ha comenzado a tomar formar la posibilidad de redactar un auto acordado en el que la mayoría de los ministros de la Corte Suprema establezcan que en la próxima elección de diciembre de "manera excepcional" no se tomará como criterio para la elección de su líder la antigüedad en el cargo. La decisión supone un golpe de timón en el organismo ya que -aunque han existido limitados precedentes en contrario- la elección del presidente del máximo tribunal ha respondido históricamente a criterios de antigüedad, es decir, ha favorecido a quien ingresó hace más años a la categoría de supremo.

Una excepción fue la de la elección de 2011 cuando se debía resolver quién sucedería al ministro Milton Juica. Pese a que la prioridad por antigüedad la tenía el entonces ministro Nibaldo Segura, el estado de salud del magistrado hizo que se desestimara su designación y el pleno se inclinó por Rubén Ballesteros.

En esta oportunidad -no obstante- el rechazo de Brito no se relaciona con su estado de salud ni su edad, sino que con un fuerte encono que se ha instalado en su contra entre sus pares y que se evalúa como un escenario insalvable para su selección como nuevo líder del máximo tribunal, en particular cuando el próximo presidente de la Corte Suprema deberá enfrentrar -entre otras situaciones- la convivencia con un también renovado Presidente de la República. Una carrera que -al menos hasta ahora- se ve favorable al candidato de Chile Vamos el ex mandatario Sebastián Piñera.

El veto a Brito

El jueves 31 de agosto la Corte de Apelaciones de Concepción celebró un nuevo aniversario.

Lo que se suponía era una instancia de camaradería en el Poder Judicial -que incluso contó con la presencia de la Presidenta Michelle Bachelet y el ministro de Justicia, Jaime Campos, entre otros- terminó generando una nueva desavenencia entre Brito y sus pares de la Corte Suprema.

Y es que en una señal que se consideró un desafío a la decisión del pleno adoptada en julio pasado, el magistrado llegó a la ceremonia en compañía de su pareja, Lya Cabello, recién asumida como fiscal judicial del máximo tribunal.

El vínculo afectivo entre ambos reabrió el debate sobre las relaciones entre integrantes de la judicatura y terminó en una inédita medida administrativa en contra de Brito: apenas el Congreso confirmó la designación de Cabello en su cargo, los magistrados de la Suprema aprobaron por ocho contra siete el traslado de su par desde la Sala Penal -una de las más importantes del máximo tribunal- a la Sala Laboral.

No fue la única medida en contra de Brito. Poco antes se lo había inhabilitado para conocer causas originadas en el sistema procesal antiguo e incluso se anularon sentencias en las que había participado.

Además se resolvió que su pareja no integre ninguna de las cuatro salas de la Suprema por incompatibilidad.

El episodio estuvo cruzado de recriminaciones en privado y dejaron la candidatura de Brito a la presidencia de la Corte Suprema -que le correspondería por antigüedad- con daño irreversible, según sostienen personeros vinculados al Poder Judicial.

Sus opositores han levantado la tesis de que la eventual elección de Brito como líder del máximo tribunal no sólo produciría un quiebre en el pleno, sino que además se debilitaría la imagen de la institución en momentos en que existe una crisis de desconfianza ciudadana generalizada. Por ello es que más allá del ascendiente que tiene en algunos de sus pares desde ya se anticipa que las inhabilidades derivadas de su relación con Lya Cabello han generado una suerte de "veto" en su contra para encabezar la Suprema.

En este contexto, la imagen de Brito entrando del brazo con su pareja generó una fuerte molestia en Dolmestch.

La carta de consenso

Al igual que el actual máximo líder de la Suprema, Brito tiene un "perfil progresista". Es conocido -por ejemplo- por su inclinación "garantista" y su postura en favor de la imprescriptibilidad de las causas de Derechos Humanos, así como su cercanía con los gobiernos de la ex Concertación.

Valdés -sin embargo- quien detenta la primera antigüedad de la Suprema, es considerado un conservador, en parte por sus vinculaciones con el empresariado: hasta 1979 fue gerente general de la Sociedad de Fomento Fabril.

Como ambos bandos del pleno -conservadores y progresistas- se sienten con el mejor derecho para imponer a uno de los suyos a la cabeza del máximo tribunal, comenzó a surgir un nombre de consenso: una salida "por arriba" que, para quienes la impulsan, tiene la virtud de fortalecer la imagen de la Corte Suprema como institución.

En las reuniones reservadas que han sostenido algunos supremos -varias de ellas realizadas en el Club de la Unión- ha tomado fuerza la idea de nominar por primera vez en la historia del máximo tribunal a una mujer a la cabeza del pleno.

Los promotores de este diseño sostienen que el Poder Judicial es el único de los poderes del Estado que no ha sido dirigido por una mano femenina: en el Ejecutivo la Presidenta Michelle Bachelet rompió la tradición masculina en 2006 y en 2013 y, en el caso del Poder Legislativo, la senadora Isabel Allende fue la primera mujer en dirigir la Corporación mientras que la Cámara de Diputados ya ha tenido varias presidentas como la propia Allende, Adriana Muñoz y Alejandra Sepúlveda.

Es por ello que se sostiene que -en medio de la crisis de credibilidad ciudadana generalizada- la designación de una mujer puede ser interpretada como una buena señal.

En las conversaciones sobre este tema, una es la ministra que genera mayores adhesiones tanto en el ala conservadora como la progresista del pleno: Rosa María Maggi.

La jueza fue propuesta en 2009 por la Presidenta Bachelet y fue ratificada por el Senado con 31 votos. Maggi -aunque adscribe al sector más conservador de la Corte Suprema- genera respeto entre sus pares por su formación profesional.

Personeros vinculados al Poder Judicial destacan que la magistrada ha liderado la reforma a la justicia de la familia y, en particular, aquellas causas ligadas a menores de edad que son enviados a centros del Sename.

Y, además, cumple con uno de los requisitos que más les importa a los miembros del pleno, ya que se trata de una juez que hizo carrera en el Poder Judicial y no un "externo" que son aquellos abogados que son nominados al máximo tribunal sin haber sido parte antes de un juzgado.

En esta apuesta de lograr un consenso hay quienes al interior de la Corte Suprema plantean que el próximo presidente se elija en los mismos términos de quienes lideran los comités del máximo tribunal. Es decir que quien tenga interés se postule y presente una especie de plan de trabajo en el que detalle sus objetivos y planteamientos para liderar ese Poder del Estado.

En esa línea, entre las alternativas que pudiera encajar en este diseño surgen los nombres de Lamberto Cisternas y Ricardo Blanco. Esto último, pensando que durante los próximos cuatro años habrá una de las renovaciones más importantes de la Corte Suprema: nueve de sus integrantes deben irse por cumplir el límite de edad de 75 años.

Algunos ministros aventuran, incluso, que al momento de la elección Valdés y Carreño podrían resucitar como opciones válidas. Para posibilitar la designación de el primero sólo haría falta la voluntad del pleno para extender su estadía en el máximo tribunal hasta que finalice su mandato. Y respecto a Carreño, algunos plantean que quizás la conversación que tuvo con Dolmestch fue para aquietar el fuego amigo que se había disparado incluso desde la Asociación Nacional de Magistrados (ANM), gremio cuya directiva está estrechamente vinculada al Instituto de Estudios Jurídicos y, por ende, a Haroldo Brito.

"En las salas poco se habla abiertamente de estas alianzas y de lo que sucederá", dice uno de los integrantes del máximo tribunal. Más bien, al igual que las leyes, se interpretan los gestos. Por eso es que no dejó indiferente la reaparición pública -dando entrevistas- del ministro Sergio Muñoz.

El artículo 93 del Código Orgánico de Tribunales dice que el presidente de la Suprema "durará en sus funciones dos años, no pudiendo ser reelegido". En ese plan, dicen algunos, no podría ser reelegido Dolmestch, pero ¿qué pasa con Muñoz quien ya fue presidente? Cercanos al magistrado aseguran que una reinterpretación de la norma le permitiría ser candidato a liderar el pleno de la Suprema, por segunda vez, siendo una situación inédita, pero perfectamente probable por su edad, ya que tiene 60 años y aún le quedan 15 en el máximo tribunal.