Un juez federal de San Francisco bloqueó el martes el decreto del gobierno del presidente Donald Trump que recortaría financiamiento a comunidades que limiten su cooperación con las autoridades de inmigración, ya que -afirmó- el mandatario no cuenta con la autoridad para añadir nuevas condiciones al gasto federal.
El juez William Orrick emitió el fallo temporal a raíz de una demanda sobre el decreto de Trump contra las llamadas "ciudades santuario". La decisión será vigente mientras la demanda es dirimida en la corte.
El gobierno federal y dos gobiernos locales de California que entablaron demandas contra el decreto discreparon sobre el alcance de la orden ejecutiva.
San Francisco y el condado Santa Clara alegaron que representa miles de millones de dólares en financiamiento federal, para cada uno de los condados, lo que les complica su planeación presupuestaria.
"No se trata de poco dinero", dijo John Keker, abogado para el condado Santa Clara, a Orrick durante su audiencia del 14 de abril.
Chad Readler, subsecretario de Justicia interino, dijo que el condado y San Francisco interpretaban el decreto de manera demasiado extensa. El recorte de gastos aplica a tres subvenciones de los departamentos de Justicia y Seguridad Nacional, que requieren apegarse a las leyes federales que indican que los gobiernos locales proporcionen el estatus migratorio de personas a solicitud de las autoridades migratorias, señaló.
El decreto afectaría al condado Santa Clara con menos de un millón de dólares en fondos y, a San Francisco, posiblemente no lo perjudicaría, señaló Readler.
Trump utilizó su "posición de autoridad" para "alentar a las comunidades y estados a apegarse a la ley", destacó Readler.
En su fallo, Orrick se inclinó por San Francisco y Santa Clara, al indicar que el decreto "por su redacción, intenta acceder a todas las subvenciones federales, y no sólo a las tres mencionadas en la audiencia".
"El resto del decreto es aún más extenso, al hablar de todos los fondos federales", comentó Orrick. "Y si había alguna duda sobre el alcance de la orden, el presidente y el secretario de Justicia la han eliminado con sus declaraciones públicas".
"Los fondos federales que no representan una relación importante con las leyes migratorias, no pueden ser puestos bajo amenaza tan sólo porque una jurisdicción elija una estrategia de aplicación de leyes migratorias con la que el presidente no está de acuerdo", añadió.
El gobierno de Trump afirma que las ciudades santuario permiten que peligrosos delincuentes vuelvan a las calles, y que el decreto es necesario para proteger al país. San Francisco y otras ciudades santuario afirman que convertir a la policía local en agentes migratorios erosiona la confianza que necesita la gente para reportar un crimen.
La orden también ha derivado en demandas por parte de Seattle; dos ciudades en Massachusetts, Lawrence y Chelsea; y otro gobierno del área de la Bahía de San Francisco, la ciudad de Richmond. Las querellas de San Francisco y el condado de Santa Clara fueron las primeras en tener una audiencia frente a un juez.
San Francisco y Santa Clara arguyen en documentos de la corte que el presidente no tiene la autoridad para imponer condiciones al destino de fondos federales y no puede obligar a las autoridades locales a ejercer las leyes federales de inmigración.
También afirmaron que el decreto de Trump se aplica a los gobiernos locales que no detuvieron a inmigrantes para su posible deportación en respuesta a solicitudes federales, y no sólo a aquellos que se rehusaron a proporcionar el estatus migratorio de las personas.
El Departamento de Justicia respondió que las demandas de la ciudad y el condado eran prematuras debido a que aún no se toman las decisiones sobre la retención de fondos o qué gobiernos locales clasifican como ciudades santuario.
El decreto de ciudades santuario fue uno en una serie de medidas migratorias que aprobó Trump desde que asumió el cargo en enero, incluyendo una restricción a viajantes de siete naciones de mayoría musulmana, así como una directriz para levantar un muro en la frontera con México.
Una corte federal de apelaciones bloqueó la restricción migratoria. El gobierno la ajustó, pero la nueva versión también quedó suspendida en los tribunales.
