"Que se traslade, en octubre de 2014, a la comunidad provincial de Madrid, España, para iniciar allí un proceso de acompañamiento sicológico y espiritual. Durante ese tiempo no tendrá encargos pastorales". Esta es una de las dos sanciones, en primera instancia, que la Congregación de los Sagrados Corazones (SS.CC.) le impuso al sacerdote Gerardo Joannon, luego de que una investigación eclesiástica concluyera que "participó activamente en dos casos de adopciones irregulares".
El resultado de esta indagatoria, conducida por el salesiano David Albornoz, fue revelado el martes reciente, por el superior de los SS.CC. en Chile, Alex Vigueras.
El otro castigo, según la declaración pública de la orden, implica que Joannon "haga un gesto de reparación, consistente en reconocer la verdad, asumir sus responsabilidades y pedir perdón a las personas que han sido afectadas".
Ayer, sin embargo, la primera de estas sanciones quedó descartada, luego de que el ministro Mario Carroza, quien instruye una investigación penal por 12 presuntas adopciones irregulares, algunas de las cuales involucrarían a Joannon, dictara una orden de arraigo en contra del religioso.
Como razón se adujo el resultado de la propia investigación eclesiástica y el hecho de que un viaje del presbítero al extranjero podría entorpecer las pesquisas. Esto significa que, al menos durante dos meses -prorrogables a criterio del juez-, el sacerdote no podrá salir de Chile. La PDI ya fue notificada de esta medida.
Además, Carroza citará a declarar, en calidad de testigo, al superior Vigueras.
Instancia espiritual
Jaime Coiro, vocero de la Conferencia Episcopal, destacó que "en la vida espiritual, los espacios para un retiro, para la reflexión en nuestra fe, para el acompañamiento espiritual, son un bien, una bendición. Son cosas que todos los creyentes buscamos y deseamos".
Aclaró que "yo no puedo referirme a ningún caso específico. Sólo planteo que, en términos generales, la medida en que una actividad espiritual, que es un bien, se constituye en una sanción, es una cuestión que corresponde a cada congregación y cada comunidad".
Arturo Fellay, gestor de la Fundación Nos Buscamos, que agrupa a víctimas de adopciones irregulares, indicó que "la resolución eclesiástica nos parece positiva. Reconocer la responsabilidad de una persona es un paso adelante. Pero aún falta mucho por aclarar, porque la sanción para algo tan grave y doloroso no puede ser sólo pedir perdón y una ayuda espiritual en otro país, lejos del lugar donde hay muchas personas que llevan años esperando respuestas".
En los SS.CC. declinaron referirse al tema. Sin embargo, en la declaración pública se dijo que, estando prescritos los delitos canónicos, "las medidas eran muy duras". Y se añadió que el expediente fue entregado al Superior General de la congregación, que podría definir más pasos a seguir.
