El pleno de la Corte Suprema entregó al juez de garantía Daniel Urrutia un permiso de un año sin goce de sueldo para que asuma una labor en la Organización de Estados Americanos (OEA).
El magistrado fue quien instó a que personas sujetas a prisión preventiva pudieran votar en las elecciones Municipales pasadas, lo que le significó un sumario de la Corte de Apelaciones de Santiago. Esto pese a que hace algunas semanas el Instituto Nacional de Derechos Humanos ganó un recurso ante el máximo tribunal que estableció que aquellos privados de libertad que no han perdido su derecho a sufragio deban hacerlo, ordenando a los recintos a buscar las formas para lograrlo.
Urrutia fue contactado en el mes de febrero por la OEA, entidad que lo nombró -entre más de 100 jueces del continente- como juez internacional para la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras.
El hasta hoy titular del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago se convierte en el primer juez chileno en ocupar un cargo similar que, según conocedores del proceso, se asemeja al de representante regional de América del Sur del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
La elección de Urrutia se hace en el marco de su trabajo en pro de los derechos humanos al interior de su gremio, así como también su anterior pasantía en México donde fundó junto a otros jueces la plataforma contra la impunidad y corrupción de ese país.
En la actualidad el magistrado enfrentaba una serie de investigaciones administrativas las que aún están pendientes, en tanto, ya hay algunas que han sido sobreseídas.
La misión creada por la OEA tiene por objetivo colaborar con las instituciones de Honduras y la sociedad civil para "desmontar el andamiaje que promueve la corrupción y la impunidad, y robustecer los mecanismos de investigación jurisdiccional, control de los recursos públicos y fiscalización del poder", según se detalla en la página oficial del grupo.
