Una nueva etapa en la investigación por el pago de coimas en la compra de 200 tanques Leopard I en 1998 comenzó ayer el ministro Manuel Valderrama. Consultado por sus próximas diligencias hacia el mundo civil, señaló que está evaluando citar a "las autoridades (gubernamentales) de la época, que visaron la compra de este material bélico". Ante la pregunta de si estas diligencias incluyen al ex Presidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle, el ministro respondió que, "eventualmente, también podría ser citado a declarar mediante oficio".
De concretarse el interrogatorio, este abrirá un nuevo flanco al candidato de la Concertación, quien ya enfrentó los cuestionamientos de la Alianza por el denominado caso Mirage, cuando fue requerido por la comisión investigadora de la Cámara en mayo pasado. En esa oportunidad, el abanderado dijo que todo el tema lo había cerrado el gobierno de Patricio Aylwin. "Aquí está cerrado el negocio. Nosotros no teníamos nada que hacer", señaló en esa oportunidad. Aclaró que sólo hubo una acción de su ministro de Defensa, Edmundo Pérez Yoma, quien envió una carta a su par del gobierno belga, "pidiéndole que se hiciera un solo contrato".
Su testimonio sería requerido ya que en la causa existen varios antecedentes que dan cuenta de que el gobierno de Frei conoció de cerca la operación, que aprobó mediante sendos decretos. La compra se autorizó a través del decreto del Ministerio de Defensa Consejo Superior de Guerra N° 55-E. Según el procesamiento de Valderrama, dicha resolución -fechada el 19 de noviembre de 1997- define que se destinarán US $ 63.052.133 "en la compra de 200 tanques Leopard" a la empresa holandesa RDM Technology.
Los otros personeros del gobierno de Frei que podrían ser interrogados por oficio son el entonces ministro de Defensa, Edmundo Pérez Yoma, y el ex subsecretario de guerra y hoy miembro del Tribunal Constitucional, Mario Fernández.
Pérez Yoma ayer salió al paso de las críticas de la Alianza y dijo que asume su responsabilidad política y que no tiene ningún problema en declarar por oficio. Fernández, a su vez, señaló que no dará ninguna declaración antes de ser citado por el juez, "en caso de que él decida interrogarme". Agregó que "me entristece que todo el esfuerzo realizado para regularizar las relaciones institucionales entre el gobierno y las Fuerzas Armadasse vea empañado por este tipo de cosas".
Las dudas que busca dilucidar el juez Valderrama es si estas autoridades tuvieron conocimiento del pago de comisiones, por las cuales procesó al general (R) Luis Iracabal y al brigadier (R) Gustavo Latorre, por malversación de caudales públicos. Ambos recibieron US$ 298 mil -cada uno- provenientes de la empresa Eastview, propiedad del ex albacea de Augusto Pinochet, Oscar Aitken. Este había recibido un total de US$ 850.000 de RDM Technology.
Otro de los puntos que pretende aclarar el magistrado es por qué se aumentó en US$ 9 millones el negocio, pese a que la primera oferta realizada por RDM al Ejército, en julio de 1997, definía un precio de US$ 53 millones por los 200 tanques.
En tanto, el juez Valderrama otorgó ayer la libertad bajo una fianza a los dos ex oficiales, la que será revisada mañana por la Quinta Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago. Ambos están detenidos en el Batallón de Policía Militar en Peñalolén y se les fijó una fianza de $ 500 mil.
DICHOS DE IZURIETA
Desde que dejó la jefatura del Ejército, en marzo de 2002, el general (R), Ricardo Izurieta sólo había roto una vez su silencio en la conmemoración de los 30 años del 11 de septiembre de 1973. Esa vez, reivindicó su colaboración como gobernador y subsecretario en el gobierno militar.
Sin embargo, ayer volvió a salir del anonimato, al ser consultado en medio de un seminario del Ejército -sobre la perspectiva estratégica de América Latina- por el pago de coimas en la adquisición concretada en 1998, de los 200 tanques Leopard I.
Izurieta -primo del actual jefe militar, Oscar Izurieta- dijo adherir "fuertemente" la declaración de la institución en rechazo a todo pago indebido y señaló que esas prácticas a veces también involucran al ámbito civil y al gobierno. "Lo único que puedo decir es que en este país la gente que licita cosas, en todo ámbito, no sólo en el ámbito militar, en el ámbito civil o en el gobierno, siempre la gente ofrece coimas, así el que las recibe es el complicado", dijo el ex jefe castrense, quien asumió la comandancia en jefe en marzo de 1998, en reemplazo de Augusto Pinochet, un mes después de que se amarrara la compra.
Aunque sus palabras no apuntaban específicamente a las autoridades civiles de la época, molestaron al Ejecutivo y al oficialismo.
Sus dichos calzaban con la ofensiva de la Alianza, que pidió a Edmundo Pérez Yoma -quien en 1998 era titular de Defensa- que asumiera su responsabilidad.
Ayer, Pérez, quien ha señalado que si se hubiera enterado de las coimas lo habría denunciado a la justicia, agregó que asumía "totalmente toda mi responsabilidad política", pero recalcó que la responsabilidad penal es "de quien recibe las coimas".
Por su parte, el ministro de Defensa, Francisco Vidal, aclaró que "el gobierno no comparte para los conceptos de Izurieta. Chile no está lleno de sinvergüerzas, de coimeros o de gente que se deja coimear".
