"Vamos a resolver esto hoy (ayer)", dijo el presidente de la Cuarta Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, antes de tomarse 30 minutos -junto a los otros dos magistrados- para fallar las medidas cautelares de los imputados en prisión preventiva del caso Penta.
Y así fue. El magistrado, junto con leer la resolución, señaló que votó en contra de mantener privados de libertad a Délano, Lavín y Wagner. Durante su argumentación, indicó que "la libertad conjuntamente con el derecho a la vida es uno de los más preciados derechos que tiene cada ser humano. Cuando el Quijote cabalgaba y Sancho al lado se le escuchó esta expresión: la libertad es uno de los dones más preciados que los dioses han dado a los nombres".
Así ilustró su decisión y agregó que la tomó "desde el punto de vista general y humanitario", pues en cuanto al fundamento jurídico, el magistrado -que lleva cuarenta años como juez-, consideró que "recién iniciada la investigación no se justifica una medida cautelar tan gravosa".
Escobar estuvo por cambiar la prisión preventiva por la medida de arresto domiciliario total y arraigo nacional para Délano, Lavín, Wagner y Álvarez.
La resolución del juez duró tres minutos y medio. En esta, también expuso el voto disidente del ministro Alfredo Pfeiffer, quien estuvo a favor de mantener la prisión preventiva para Hugo Bravo, no así para Marcos Castro.
Además de integrar la Cuarta Sala del tribunal de alzada capitalino, Escobar también presidió las cortes de apelaciones de Santiago, La Serena y Antofagasta. En 2007 tuvo a su cargo, durante un período, la investigación por el tráfico de armas a Ecuador, donde realizó una serie de interrogatorios, entre los cuales estaba el del ex albacea de Pinochet, Oscar Aitken.
En diciembre de 2014, Escobar también formó parte de la sala que dictó penas en el marco del denominado caso Inverlink.
En ese momento, Escobar formaba parte de la a Quinta Sala de la Corte de Apelaciones, integrada también por los ministros Marisol Rojas y el abogado (i) Jaime Guerrero.
La sala adoptó la decisión de dictar penas de presidio de 800 días para Javier Moya Cucurella, ex jefe de la mesa de dinero de Corfo, y de 541 días para Eduardo Monasterio, socio de Inverlink, entre otros condenados.
