El juez español Baltasar Garzón fue citado para declarar como imputado ante el Tribunal Supremo, acusado de prevaricación.
La demanda a la que se enfrenta Garzón y que podría costarle su puesto como juez instructor en la Audiencia Nacional española, fue interpuesta meses atrás por el pequeño sindicato ultraderechista Manos Limpias, contrario a las investigaciones del magistrado sobre los crímenes contra la Humanidad cometidos durante la Guerra Civil española (1936-1939) y la posterior dictadura franquista (1939-1975). A esa querella se unió después otra asociación, llamada Libertad e Identidad.
Un funcionario de la corte, que habló bajo condición de anonimato, precisó que Garzón declarará mañana.
Según los demandantes, Garzón se declaró competente para investigar la desaparición de miles de personas durante la Guerra Civil y la dictadura pese a que sabía que por ley no le correspondía hacerlo, es decir, incurrió en un delito de prevaricación.
El sindicato Manos Limpias no cuenta con representación oficial en ningún centro de trabajo en España y está dirigido por Miguel Bernard, ex responsable del partido ultraderechista Fuerza Nueva, que se inspira precisamente en las ideas del franquismo.
La Fiscalía rechaza ambas demandas al considerar que no hay indicios de prevaricación por parte de Garzón, quien en junio pasado vio, sin embargo, cómo el Tribunal Supremo rechazaba su recurso contra la querella del sindicato ultraderechista.
En su procedimiento penal contra el franquismo, Garzón acusó al general Francisco Franco y a otros 44 ex altos funcionarios de su régimen, todos ellos ya fallecidos, de crímenes de lesa humanidad por la desaparición de más de 100.000 personas durante esa etapa de la historia de España.
En noviembre de 2008, un mes después de abierta la causa, Garzón tuvo que abandonar la investigación, al verse confrontado con un contundente recurso de la fiscalía. Su abandono fue un duro golpe para los familiares de los decenas de miles de víctimas. La investigación pasó entonces a manos de los distintos juzgados territoriales del país, donde permanece actualmente.
