Ante el Tribunal Supremo español en Madrid, el juez Baltasar Garzón (56) justificó hoy las escuchas que ordenó en 2009 para conocer las conversaciones en prisión, entre los jefes de la trama de corrupción conocida como caso Gürtel y sus abogados, en la primera vista del juicio al que se enfrenta el célebre magistrado por esta práctica supuestamente ilegal.

Garzón dijo que adoptó dicha decisión por existir indicios de que los acusados y su defensa estaban coludidos en una maniobra de blanqueo de más de 20 millones de euros (25 millones de dólares) en sobornos depositados en cuentas en paraísos fiscales.

Los abogados de los acusados, por el contrario, insistieron en que las intervenciones tenían como objetivo conocer la estrategia de defensa de los letrados, algo que el juez Garzón negó rotundamente.

Garzón, está acusado de "violación de las garantías constitucionales" por la grabación de las conversaciones en prisión, avaladas por la propia fiscalía. La acusación contra el juez la habían presentado uno de los abogados de los detenidos y el empresario Francisco Correa, el presunto cerebro de la trama de corrupción que salió a la luz hace tres años y que salpica al Partido Popular (PP), del presidente del gobierno español Mariano Rajoy.

El Tribunal Supremo asestó hoy dos golpes a la defensa de Garzón al rechazar su petición de recusación de dos jueces del tribunal por su presunta parcialidad y al negarle el derecho a Garzón a interponer recurso de apelación en caso de ser condenado. Garzón podría ser condenado hasta 17 años de inhabilitación, lo que significaría el fin de su dilatada carrera judicial. El magistrado está suspendido desde mayo de 2010 y actualmente trabaja de asesor para el fiscal jefe de la Corte Penal Internacional en la Haya, Luis Moreno Ocampo.

El juicio contra el juez español más conocido internacionalmente, quien había logrado la detención temporal, en octubre de 1998 en Londres, de Augusto Pinochet, había comenzado en la mañana de este martes en medio de un enorme interés mediático.

Decenas de personas que simpatizan con Garzón se habían congregado frente a la sede del Tribunal Supremo para aplaudir y animar al juez sometido a juicio cuando éste acudió a la máxima corte española.

"Garzón es inocente!" y "Fascistas fuera!", fueron algunas de las consignas que corearon los que están convencidos de que Garzón es víctima de una "persecución política" promovida por la ultraderecha española.

Una semana después del inicio de este juicio, Garzón tendrá que volver al mismo lugar para el inicio de otro proceso por prevaricación, impulsado por asociaciones de extrema derecha, por haberse declarado competente para investigar los crímenes cometidos por el franquismo durante la guerra civil española (1936-1939) y la dictadura franquista (1939-1975). En ninguno de los dos procesos existe acusación por parte de la fiscalía.

Además, Garzón está imputado por haber recibido supuestamente dinero del Banco Santander para financiar cursos que impartió en 2005 y 2006 en la Universidad de Nueva York, aparentemente a cambio de que el juez archivara una querella contra el presidente de esa institución crediticia, Pedro Botín. El Tribunal Supremo decidió hoy archivar una demanda presentada contra Botín en noviembre pasado, al considerar que el supuesto delito de cohecho había prescrito.

Los procesamientos de Garzón han sido interpretados por un sector de la izquierda española como un intento de apartar de la judicatura a un magistrado progresista que se ha granjeado enemigos a lo largo de su carrera al atreverse con casos que otros jueces no quisieron abordar.