Desde hoy la Justicia Militar investigará las irregularidades detectadas en el pago de cerca de US$3 millones entre 2005 y 2007 por arreglos y piezas inexistentes de helicópteros y aeronaves en la Brigada de Aviación del Ejército en Rancagua.

Así lo determinó el juez del caso Riggs Manuel Valderrama debido a que el informe evacuado por la Brigada de Lavado de Activos de la PDI que constató la existencia de las irregularidades en la base militar, se refieren a hechos que no están vinculados a los procesados que el indaga en el llamado caso Riggs.

De esta forma el magistrado envió todos los antecedentes del caso a la Justicia Militar, donde quedó radicada finalmente la causa.

Una denuncia efectuada en secreto por un ex oficial indicaba que se habían pagado de cerca de US$ 3 millones entre 2005 y 2007 por arreglos y piezas inexistentes de helicópteros y aeronaves de esa unidad.

El magistrado indagaba desde cuándo se habría comenzado a utilizar este sistema y a los beneficiarios de estos dineros. En ese contexto, Valderrama buscó establecer si estas irregularidades comenzaron mientras estaba al mando del Ejército el fallecido general Augusto Pinochet.

Según fuentes del caso, el ex oficial declaró que durante 2007 estuvo a cargo de revisar, ordenar y chequear los contratos de adquisiciones con fondos provenientes de la Ley Reservada del Cobre.

En la institución existía un presupuesto anual para ítemes relativos a reparaciones y compra de repuestos de helicópteros y aviones. Para adquirir las piezas, se debía comprobar el daño de la aeronaves, entregar un contrato de la compra del repuesto, emitir una cotización, elaborar las guías de despacho y mandar la factura a una agregaduría chilena en el extranjero, que depositaba los fondos.

El ex oficial, según fuentes del caso, declaró que comenzó a sospechar cuando se ordenó reparar piezas sin la factura correspondiente, por lo que se dirigió a los hangares para verificar la existencia de la parte dañada. Así habría descubierto que en ese período se generaron fondos por cerca de US$ 1 millón anua y denunció el hecho a sus superiores, cuyos nombres están en manos del magistrado. Consultado por su denuncia, el testigo sólo afirmó que era imposible hablar del tema.

Los antecedentes también están en manos del Consejo de Defensa del Estado (CDE).