En medio de las críticas que el gobierno ha lanzado contra jueces de garantía, luego de decretarse la libertad de tres sospechosos del robo y baleo a un hombre de 70 años en su casa de Las Condes, el presidente (S) de la Corte Suprema, Milton Juica, defendió el trabajo de los magistrados y manifestó que los cuestionamientos se realizan porque "no manejan bien" las estadísticas sobre las prisiones preventivas dictadas por los tribunales.
Es que a menos de 24 horas de la polémica decisión de liberar a los presuntos implicados en el violento atraco, el Poder Judicial publicó estadísticas que revelan que casi el 90% de las peticiones de prisión son acogidas por los juzgados de garantía.
Según el reporte, sólo entre enero y octubre de 2013 la fiscalía realizó 24.921 peticiones de arresto preventivo. De ese número se acogieron 21.714 solicitudes, es decir, el 87%, mientras que sólo 3.207 requerimientos fueron rechazados (ver infografía).
Tras conocer estas cifras, la máxima autoridad del Poder Judicial aseguró que quienes critican la labor de los jueces "no manejan bien las estadísticas nuestras, porque si las vieran, se darían cuenta de que en realidad, en general, el sistema opera mucho mejor de lo que la gente cree".
Respecto de los casos en que se rechazó la reclusión preventiva, Juica aseguró que "sería absurdo pensar que siempre que el Ministerio Público pida una medida cautelar haya que dársela. Para eso están los tribunales: para decidir".
Añadió que "muchas de esas prisiones preventivas que no son dadas por los jueces de garantía, a su vez, son recurridas a las Cortes de Apelaciones, las que revocan casi el 50% (de los casos)".
Por otro lado, al ser consultado sobre las constantes críticas y la idea del gobierno de impulsar un observatorio judicial, el titular subrogante de la Corte Suprema aseguró que "lo entiendo dentro de un margen electoral, nada más. No le doy mayor importancia".
CRITICAS
El subsecretario de Prevención del Delito, Cristóbal Lira, reiteró sus críticas a la decisión de la jueza Marcela Figueroa, quien decretó el lunes la libertad de los tres sospechosos por falta de pruebas: "Le digo a esta jueza que la ciudadanía está esperando una explicación suya, porque su criterio violenta el sentido común y de justicia que debe garantizar el poder del Estado que ella representa".
Para Lira, este tipo de casos son los que generan "convicción absoluta de la necesidad de contar con un observatorio de jueces, donde se haga un análisis exhaustivo de los fallos para desnudar nudos críticos y mejorar el sistema de persecución penal".
En la misma línea, el propio Presidente Sebastián Piñera cuestionó el lunes el rol de algunos magistrados que "no están impartiendo justicia de acuerdo a lo que manda la ley en su letra o en su espíritu, o de acuerdo a lo que necesitan, merecen y esperan los ciudadanos".
Olga Feliú, presidenta del Colegio de Abogados, aseguró que "no es conveniente emitir opiniones sobre decisiones judiciales si no se conocen los antecedentes".
Añadió que en este tipo de casos "las pruebas no arrojan resultados a juicio de las personas que les corresponde resolver, que son los jueces. En todos estos casos hay otra instancia. No debe existir una descalificación. No es conveniente para el Estado de derecho del país".
El presidente de la Asociación Nacional de Fiscales, Claudio Uribe, dijo que en "los casos en que no se da la prisión preventiva, evidentemente, los fiscales tenemos un grado de frustración. Pero entendemos que la vía adecuada es recurrir y que sean los tribunales superiores los que decidan".
Durante esta jornada, la Corte de Apelaciones de Santiago revisará la petición de la fiscalía de revocar el fallo de la jueza Figueroa y decretar la prisión preventiva de los tres sospechosos del violento robo.
