Demostrar que la rápida propagación del fuego impidió salvar vidas, es uno de los principales ejes de la defensa de los ocho gendarmes imputados por cuasidelito de homicidio, por su presunta responsabilidad en la muerte de 81 internos en el incendio que afectó a la cárcel San Miguel el 8 de diciembre de 2010.
La Defensoría Penal Pública, asumió la defensa de la totalidad de los imputados. El defensor regional de la zona Metropolitana Sur, Claudio Pavlic, explicó a La Tercera que los defensores acreditarán durante el juicio oral que los hechos ocurrieron de manera "diametralmente distinta a como lo sostiene la acusación del Ministerio Público".
Según la fiscalía Metropolitana Sur, el incendio se inició alrededor de las cinco de la madrugada, "alertándose a bomberos de la ocurrencia del siniestro a las 5.47 horas".
Pero el defensor Pavlic sostiene que "el tiempo disponible de los funcionarios para reaccionar no fue suficiente para que pudieran haber hecho algo para salvar las vidas que se perdieron".
"Seis minutos pasaron desde que se hace imposible hacer acciones concretas para salvar personas. Eso lo vamos a probar con peritajes y testigos que dan cuenta de la hora de inicio, la recreación de la forma en que se expande el fuego en los materiales que se incineraron para poder permitir reconstruir el tiempo y las temperaturas que alcanzaron los sectores", dijo Claudio Pavlic.
Los ocho gendarmes piden ser absueltos de todos los cargos
MINISTRO HINZPETER PIDE DECLARAR EN SU OFICINA
Parte de la prueba testimonial de la defensa es la declaración del Ministro de Defensa, Rodrigo Hinzpeter, quien ejercía como titular de Interior al momento del fatal incendio.
El testigo fue convocado por la defensa del ex jefe del Servicio Nocturno de la Guardia Interna José Hormazábal, Pedro Narváez, ya que, según indicó, "el día del incendio, como ministro del Interior de la época, estuvo en el lugar del hecho, inspeccionó la cárcel y dio una entrevista a los medios de comunicación y en esa entrevista el dio ideas que le sirven a la teoría del caso mía, que tienen que ver con la realidad carcelaria".
El ministro Hinzpeter hizo uso de su facultad como secretario de Estado, y solicitó al tribunal que la declaración sea tomada en su despacho. Para ello, se deben trasladar hasta el lugar todos los jueces que atienden la causa, el fiscal, todos los abogados querellantes y los defensores.
La petición del Ministro quedó en suspenso luego que el Sexto Tribunal Oral en lo Penal, ordenara un informe para tomar conocimiento si la infraestructura del Ministerio de Defensa es apto para realizar la diligecia.
