Hace casi dos años, Verónica Méndez y María de la Luz Chadwick estuvieron por primera vez en el Centro de Justicia, que se ubica en el sector de Rondizzoni y que alberga los tribunales que revisan causas penales en Santiago.

En esa oportunidad acompañaban a sus esposos, Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín, controladores del grupo Penta, quienes eran formalizados por una serie de delitos tributarios en la primera investigación penal que destapó los vínculos entre empresas y el financiamiento irregular de campañas políticas.

A tres semanas que se cumpla el plazo máximo de investigación -el 4 de marzo-, los fiscales Manuel Guerra y Carlos Gajardo arremetieron en contra de las mujeres pidiendo su formalización, por lo que este martes Méndez y Chadwick volverán al 8° Juzgado de Garantía, pero esta vez como imputadas.

¿A qué atribuye que a poco de concluir la indagatoria la Fiscalía pida formalizar a las esposas de Délano y Lavín?

No es necesario que yo haga interpretaciones, porque los hechos hablan por sí mismos: el plazo de investigación está próximo a vencer, los fiscales han estado explorando salidas negociadas con varios imputados de la causa pretendiendo imponer condiciones inaceptables y varias defensas las han rechazado. Cuando, en este escenario, se decide perseguir a las familias, todos entienden lo que está pasando: esto es un exceso y una forma de presión indebida.

¿Existía algún tipo de acuerdo con la Fiscalía en orden a no imputarlas?

La Fiscalía conoce estos antecedentes desde un comienzo y por algo, cuando tuvo que evaluarlos, decidió formalizar la investigación en contra de los representantes de las sociedades involucradas y no en contra de quienes figuraban como supuestas emisoras de las boletas. Y resulta que ahora, a pocos días de que se cierre la investigación, se decide ir por ellas. Esto implica una instrumentalización del procedimiento penal, no es un método legítimo para que los fiscales traten de imponer sus puntos de vista.

Pero existe una denuncia del SII que las vincula a la emisión de boletas falsas. ¿Por qué pensar que eran intocables?

Lo que ocurre es que esa denuncia que usted menciona fue presentada al inicio de la investigación, y los hechos a que se refería fueron, luego, debidamente investigados y completamente esclarecidos.

¿Ellas no sabían de esas emisiones?

Los fiscales saben con certeza que las señoras de mis representados no emitieron esas boletas, no las firmaron, no las cobraron, ni participaron en los hechos de manera alguna. Los antecedentes existentes al respecto fueron ponderados por ellos hace dos años y por esa precisa razón se decidió excluirlas de la formalización. Cambiar ahora esa decisión, sin ningún antecedente nuevo que lo justifique, es algo que no corresponde y es por eso que estamos solicitando al tribunal un pronunciamiento inmediato a través de la solicitud de sobreseimiento definitivo.

Ensañamiento

Usted habló de presión indebida y abuso de poder de los fiscales, ¿a qué se refiere en concreto?

El sistema procesal penal está diseñado para perseguir hechos, no personas. En este caso ha existido un notable ensañamiento con mis representados, que no hemos visto en ningún otro caso. Dos años atrás, mis representados eran empresarios respetados que formaron empresas financieramente sanas y que actuaron como tales: colaboraron con la investigación y se adelantaron a reconocer las malas prácticas que habían sido detectadas al interior de algunas de ellas.

¿En qué nota el ensañamiento?

Resulta que, a partir de eso, se incautó y revisó, como a nadie, la contabilidad completa de 120 empresas por un período de más 10 años, y lo que se encontró fueron manifestaciones de financiamiento irregular de la política, que hoy sabemos era una práctica transversal, e irregularidades tributarias en sólo algunas de sus empresas que, conforme a lo informado por la Tesorería General de la República durante la investigación, no alcanzan al 1% de los impuestos pagados por el grupo durante el mismo período.

¿Acusa un trato distinto?

La persecución que siguió a estos hallazgos ha sido desigual y desproporcionada: no bastó, como en otros casos, con que pagaran los impuestos adeudados con todos sus intereses y multas, sino que se querellaron en contra de ellos. No bastó con formalizar a los gerentes y ejecutivos, sino que sentaron en el banquillo de los acusados a los controladores del Grupo, como si ellos fueran los responsables de registrar los gastos y hacer las declaraciones de impuesto de sus empresas. No bastó tampoco con formalizarlos: crearon toda suerte de eslóganes y frases para el bronce que dañaron su imagen y la de sus compañías, obligándolos a vender empresas y hasta liquidar un banco, y no bastó con medidas cautelares menores, sino que los sometieron a prisión preventiva y a una larga privación de libertad en sus domicilios. Y resulta que ahora eso tampoco basta: como en ningún otro caso, hay que ir también por sus familias.

¿Cree que este actuar "abusivo" de los fiscales, como usted lo califica, genera riesgos en el sistema?

Mi impresión es que los fiscales del caso Penta se sienten atrapados por sus propias decisiones, porque generaron expectativas públicas desmedidas al realizar imputaciones excesivas y temen, erróneamente, que corregir esto hoy sea visto como una señal de debilidad.

¿Lo dice por los resultados a dos años de formalizado el caso?

A días de que venza el plazo legal para el cierre de la investigación, han logrado resolver la situación de un solo imputado, el señor Jovino Novoa, quien aceptó que se le impusiera una pena tan alta que ninguna otra defensa está dispuesta a considerar como parámetro para una salida alternativa. Y hay quien cree que el tema se soluciona traspasándole el problema a los jueces y transfiriéndole a ellos el costo de declarar que los hechos no dan para tanto, esto es, de adoptar una decisión ajustada a derecho, pero que podría resultar impopular.

Descontrol

¿Los fiscales actúan tomando en consideración la opinión pública?

Adoptar una decisión no ajustada a derecho no sólo viola el criterio de objetividad que los fiscales tienen impuesto por ley, sino que, a la larga, genera un daño tremendo a las instituciones y al propio Ministerio Público, porque será su credibilidad la que quedará en entredicho.

¿No existen mecanismos en la Fiscalía para controlar a los fiscales? ¿Reclamos, por ejemplo?

Mecanismos existen, pero son limitados y, en la práctica, han demostrado muy baja efectividad. La Ley Orgánica Constitucional del Ministerio Público confiere el derecho de reclamar ante el fiscal regional de las decisiones adoptadas por los fiscales adjuntos, pero no dice qué ocurre cuando es el mismo fiscal regional quien ha tomado esa decisión.

¿Y ante el fiscal nacional?

Hoy desde la Fiscalía Nacional se proclama que las decisiones de sus fiscales deben ser coherentes y eso está muy bien, siempre que esto signifique que se va a actuar coherentemente pretendiendo todos, por igual, lo que es razonable y no pretendiendo todos, por igual, lo que no lo es. Los casos que investiga el Ministerio Público no son idénticos y las decisiones deben ser tomadas caso a caso. El principio de igualdad ante la ley se viola cuando se aplican soluciones distintas a casos similares, pero se viola, también, cuando se aplica una misma solución a casos que son diferentes.

¿Los fiscales han incumplido acuerdos con usted?

Es público que pese a toda la colaboración prestada por mis representados, antecedentes que son el grueso de lo que hay en las carpetas investigativas, los fiscales se negaron a reconocerles la colaboración prestada y solicitaron la prisión preventiva. En este caso, se incumplieron deliberadamente los acuerdos a los que se había llegado y las promesas que el Ministerio Público hizo y eso es algo que tiene consecuencias que están previstas en la ley y que vamos a hacer valer en el momento oportuno.

Una de las condiciones de la Fiscalía para un procedimiento abreviado es que sus clientes acepten el delito de cohecho. ¿Esa postura sigue intransable?

El problema con la imputación por cohecho en el caso de Pablo Wagner es que ese delito no existe. Y eso es lo que ya declaró pormenorizadamente el Juzgado de Garantía y confirmó la Corte de Apelaciones en la única ocasión en que el tema fue sometido a su decisión.

¿Dan por cerrada la posibilidad de un abreviado?

Si impera la racionalidad, no se descarta nada. El sistema contempla el procedimiento abreviado como salida y eso es sano porque permite administrar racionalmente los recursos del Ministerio Público y del Poder Judicial. Lo que no es sano es que para alcanzar esa salida se pretenda que se reconozcan delitos que no se cometieron o se acepten penas que no corresponden conforme a la ley.

Ante esos incumplimientos de los fiscales que usted acusa, ¿evalúa algún tipo de acción en contra de ellos?

Lo que está en juego aquí no es la persona de los fiscales, sino las decisiones adoptadas por ellos, y esas decisiones están sometidas a control judicial en una oportunidad que está todavía por llegar. Vamos a ejercer todos los derechos que tenemos en el momento que procesalmente corresponda.

¿En qué aspectos la Fiscalía y el SII han actuado de forma distinta a otros casos?

Es evidente que ha habido un trato desigual y desproporcionado. Por ejemplo, al querellarse, el SII de la época tomó respecto de Penta una decisión que no había tomado antes y que tampoco volvería a tomar después. Si vemos lo que ha ocurrido con numerosas otras empresas, que aportaron transversalmente a la política sumas de dinero superiores, no cabe sino concluir que Penta sufrió el lapsus de una administración del SII que actuó contra mis representados exponiendo como delitos tributarios problemas que se habían resuelto de manera administrativa, tal como se ha vuelto a hacer hoy. Y sobre la Fiscalía, creo que ya he dado ejemplos suficientes.

¿Le molesta que el fiscal Gajardo pida en Twitter que se eleven penas de cohecho, delito que él le atribuye a su cliente?

Todas las personas tienen derecho a tener opiniones, pero, cuando se trata de funcionarios encargados de cumplir la ley, existen mecanismos institucionales para emitir ese tipo de opiniones y, en este caso, la facultad de sugerir modificaciones legales está radicada, por ley, en el fiscal nacional. ¿Qué diríamos de un fiscal a cargo de un caso que, con la misma convicción, manifestara que las penas contempladas para el delito que investiga son demasiado altas? A mí parece que el buen criterio recomienda que los fiscales no hagan afirmaciones que permitan que las personas duden respecto de su objetividad e imparcialidad, como ocurre en este caso