Julio De Vido fue uno de los hombres más poderosos del kirchnerismo. El único que ocupó un ministerio, siempre el mismo, desde el primer día de gobierno de Néstor Kirchner, el 25 de mayo de 2003, hasta el último de Cristina Fernández, el 10 de diciembre de 2015. Dejó su cargo para convertirse, sin escalas, en diputado por el Frente para la Victoria (FPV), el partido de Kirchner. Como ministro de Planificación, Inversión Pública y Servicios tuvo a su cargo durante 12 años el reparto de todas las inversiones del Estado en infraestructura. Fue poderoso, muy poderoso, pero su suerte ha cambiado.
Un juez lo procesó hoy en una causa que investiga el presunto reparto irregular de subsidios al transporte, con un perjuicio para el Estado de 600 millones de pesos (US$ 35,3 millones). Fue el cuarto procesamiento en su contra, luego de una semana en la que el Congreso discutió si debe votar su expulsión por "inhabilidad moral". De Vido no es candidato, pero su eventual prisión puede ser un duro golpe para la candidatura de Cristina Kirchner en las legislativas de octubre.
Desde los primeros meses de gobierno, Néstor Kirchner ideó un sistema de subsidios al transporte de pasajeros con el objetivo de mantener congelado el precio de los boletos. El sistema repartió dinero público de acuerdo a la cantidad de kilómetros recorridos por los buses y la cantidad de pasajeros, datos que cada empresa aportaba al ministerio de De Vido bajo la forma de una declaración jurada. En 2014 se implementó el boleto electrónico y los buses fueron equipados con GPS, un sistema de control automático que puso fin a las declaraciones juradas.
Fue ahí cuando comenzaron los problemas. La justicia comparó los datos previos y posteriores a la automatización y encontró diferencias a favor de las empresas de hasta 50%.
Muchos transportistas mintieron en sus declaraciones y cobraron subsidios por 600 millones de pesos, de los cuales 200 millones correspondieron al combustible. El juez consideró que hay pruebas suficientes para sospechar que De Vido y otros funcionarios bajo su órbita, como el ex secretario de Transporte Ricardo Jaime, ampararon la maniobra de 251 empresarios, también investigados. De Vido ha negado siempre su responsabilidad.
