Un tribunal de Bangladesh rechazó hoy el recurso presentado por Mohamed Yunus contra su destitución al frente del banco de microcréditos del que es fundador, decidida la semana pasada por el Banco Central de Bangladesh.

Un panel del Tribunal Superior de Dacca, constituido por los magistrados Momtaz Udin Ahmed y Gobinda Chandra Tagore, dictaminó hoy después de tres días de audiencias que la posición de Yunus como director ejecutivo del Grameen Bank (GB) durante la última década ha sido ilegal.

La corte desestimó sendos recursos presentados por Yunus y por un grupo de nueve directores del GB, y ratificó así la decisión el Banco de Bangladesh.

La institución bancaria alegó que cuando Yunus renovó su cargo de director ejecutivo al frente del GB, hace once años, no contó para ello con la aprobación previa del organismo central, una condición estipulada en las propias ordenanzas, de 1983.

Pero los analistas consideran que en realidad la destitución tiene visos de obedecer a una maniobra gubernamental para deshacerse del activista, sometido en los últimos meses a una campaña de desprestigio.

Tras conocer la decisión de los tribunales, los abogados del GB decidieron recurrir mañana mismo al Tribunal Supremo una decisión que, según su versión, tiene una clara "motivación política".

Yunus, galardonado con el Premio Príncipe de Asturias de la Concordia en 1998 y el Nobel de la Paz en 2006, ha mantenido una disputa pública con las autoridades desde finales de 2010, a raíz de un documental de la televisión noruega que denunció un supuesto trasvase ilegal de fondos entre dos entidades del Grupo Grameen.

El "banquero de los pobres" defendió que la operación fue una "innovación financiera" que buscaba beneficiarse de una exención fiscal en vigor y luego la revirtió para zanjar el contencioso.

Eso no bastó. La primera ministra bangladeshí, Sheikh Hasina, llegó a calificarle de "chupasangre".

Y con la excusa de la irregularidad de la transferencia, su Gobierno -al que pertenece un 25% del GB- ordenó la apertura de una comisión de investigación sobre todas las actividades del banco y de otras empresas del grupo.

Además, el ministro de Finanzas, Abul Muhith, instó a Yunus a tomar la iniciativa de jubilarse amparándose en una cláusula del GB, según la cual, la jubilación de los trabajadores está fijada a los 60 años, algo a lo que también se refirió hoy el tribunal.

El propio Muhith defendió la semana pasada ante la comunidad internacional la destitución, con el pretexto de que "el GB es una institución gubernamental y no una ONG", y dijo haber sugerido a Yunus que abandonase el cargo "temporalmente" mientras se dilucidaba la legalidad de su situación.

El economista, de 70 años, ya consiguió la aprobación de la junta directiva para seguir en el puesto cuando iba alcanzar la edad límite.

La escena política bangladeshí está dominada desde hace dos décadas por Hasina y la ahora opositora Khaleda Zia, dos herederas de dinastías políticas que vieron con malos ojos que Yunus intentara abrir una tercera vía con la formación de un partido antes de las elecciones de 2008.

El Grameen Bank o "banco de la aldea", creado en 1983, emplea hoy a 19.800 personas en 2.564 sucursales y ha concedido créditos a casi 8,3 millones de bangladeshíes de 81.367 aldeas de todo el país, la inmensa mayoría mujeres, según la propia página web de la entidad.