Hoy la comisión por los cambios a la reforma procesal penal se reunió con el Presidente Sebastián Piñera, instancia en la que se comentaron los principales puntos de los cambios que incluirá el proyecto.

El grupo de expertos sesionó en siete oportunidades para elaborar un paquete de medidas para mejorar el sistema penal en el país, sin modificar los fundamentos bases de ésta.

Frente a esto, el ministro de Justicia Teodoro Ribera, indicó que Piñera "recibió a la comisión asesora que está colaborando en implementar la reforma a la reforma del sistema procesal penal, a él le interesa mantener los fundamentos de la misma, garantías a las víctimas y que logre también una capacitación de todos los intervinientes".

LOS POSTULADOS
Uno de los puntos más importantes del proyecto que será entregado el martes a la comisión coordinadora permanente del sistema procesal penal, es el mejoramiento de la coordinación entre las policías y los fiscales.

Además, el ministro aseguró que en el proyecto se trabajaron tres órdenes de materia; el primero en la capacitación y formación de las policías, análisis de la formación de los jueces. El segundo, en incrementar los niveles de coordinación entre policías y fiscales; y el tercero, los temas legales, uno de ellos aumentar la protección y participación de las víctimas, mejorar la persecución penal y ver el tema de la movilización de los elementos adecuados para ellos.

EXCLUSION DE PRUEBAS
En más detalle, uno de los miembros de la comisión, el abogado Juan Domingo Acosta, indicó a La Tercera que uno de los ajustes en cuanto al rechazo por parte de los tribunales a la fiscalía, responde a las razones por las cuales esta última puede recurrir a la Corte de Apelaciones.

"Hoy la fiscalía recurre a la Corte cuando se le rechazan las pruebas debido a que no se respetan las garantías fundamentales, ahora, nuestra idea es que también pueda recurrir cuando sean excluidas por impertinencia", indicó el abogado.

El informe que tiene que ser redactado por el Ministerio de Justicia también será entregado a la Corte Suprema, que tiene tres días para hacerle sus observaciones.

De esto modo, el secretario de Estado, aseguró que el plazo de entrega final del proyecto no ha sido cambiando por el Presidente, y se mantiene el tope del 20 de enero.