Un juez presentó ante el máximo tribunal de justicia del país un pedido para solicitar la extradición del ex ministro de Defensa colombiano Juan Manuel Santos, acusado en Ecuador por el ataque un campamento de las FARC en Ecuador.

La Corte Nacional de Justicia debe estudiar el caso y analizar si amerita emitir una solicitud formal de extradición que, según el proceso regular, luego debe ser trasmitido a la cancillería que a su vez debe presentarlo ante Colombia.

"Solicité el pedido de extradición hace unos 15 días y no existe plazo para que se pronuncie la Corte", afirmó Francisco Revelo, juez tercero de Garantías Penales de Sucumbíos, provincia amazónica fronteriza con Colombia donde se ventila la investigación que involucra a Santos.

Santos era ministro de Defensa de Colombia cuando ocurrió la incursión de militares de su país sobre suelo ecuatoriano en marzo del 2008 para atacar un campamento de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Como protesta por la operación, Quito rompió sus relaciones diplomáticas con Bogotá.

RELACIONES ROTAS
El pedido de extradición se da en momentos en que los dos países mantienen un proceso de diálogo para buscar mecanismos que permitan reanudar las relaciones.

En ese marco, Colombia expresó su irrestricto respaldo a Santos y ha desconocido la "extraterritorialidad" de la justicia ecuatoriana.

Contra Santos existe en Ecuador un pedido de prisión emitido a finales de junio por un juez que investiga la incursión colombiana.

La fiscalía lo acusa de delitos contra la vida por las 25 muertes registradas en el hecho, incluida la del comandante de las FARC Raúl Reyes, cuatro mexicanos y un ecuatoriano.

Revelo señaló en entrevista telefónica que envió el pedido porque "el fiscal encontró indicios de responsabilidad. Luego en la formulación de cargos se ordenó la prisión y como él es colombiano", entonces procedía el pedido.

Con base a la orden de prisión, las autoridades ecuatorianas solicitaron a Interpol ubicar a Santos pero esa oficina se negó a hacerlo aduciendo que según sus estatutos no podía involucrarse en asuntos de carácter político y militar.