El Tribunal de Apelaciones de El Cairo ordenó hoy que el magistrado Abdelmeguid Mahmud sea restituido en el cargo de fiscal general de Egipto, tras su destitución en noviembre pasado por el presidente egipcio, Mohamed Mursi.

Fuentes judiciales dijeron que esta decisión, que se produce mientras el mandatario está fuera del país de visita por Sudáfrica, no es apelable y que la orden es de cumplimiento inmediato. 

Mursi se otorgó la potestad, en la polémica acta constitucional emitida el pasado 22 de noviembre, de cesar al fiscal general, lo que hasta entonces era una prerrogativa judicial, y reemplazó a Mahmud, criticado como cercano al régimen de Hosni Mubarak, por el juez Talaat Ibrahim, lo que fue rechazado por la oposición.

Con ese acta, Mursi blindó, además, sus resoluciones ante el poder judicial al ordenar que fueran inapelables, aunque este decreto presidencial quedó sin validez tan pronto como se aprobó la nueva Constitución egipcia en un referéndum popular a finales de diciembre pasado.

La emisión del acta en noviembre originó una ola de protestas y disturbios en Egipto, donde la oposición y parte de los jueces rechazaron el blindaje de los poderes del presidente y la destitución de Mahmud, que había sido fiscal general desde 2006.

En los nueve meses que lleva como presidente, Mursi se ha topado en varias ocasiones con los jueces, en las que la mayoría no ha salido muy bien parado.

La última ha sido la decisión de un tribunal administrativo que anuló a principios de este mes la convocatoria de elecciones legislativas hecha por el mandatario por un defecto de forma.

Antes de su decreto de noviembre, el presidente ya intentó destituir a Mahmud enviándolo como embajador al Vaticano, para luego rectificar a las 48 horas, tras comprobar que la designación no era legal. 

El papel de Mahmud durante su mandato al frente de la Fiscalía General fue puesto en cuestión en repetidas ocasiones tras la renuncia de Hosni Mubarak como presidente, el 11 de febrero de 2011. Hasta su destitución fue uno de los pocos altos cargos de la Administración que conservaban su puesto tras la revolución.