La justicia española denegó la entrega a Turquía del dirigente del Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK) Remzi Kartal, detenido en España el pasado mes de marzo, dada su condición de refugiado político que le fue concedida por las autoridades belgas.

La Audiencia Nacional española rechazó la solicitud de extradición de Kartal reclamada por Turquía, que le acusa de un delito de colaboración con organización terrorista.

A pesar de ello, la última palabra corresponde al Consejo de Ministros español, que puede acordarla pese a la oposición del citado tribunal.

En su solicitud de extradición, las autoridades turcas acusaban a Kartal de haber realizado "algunas actividades a nombre de la organización terrorista PKK en Austria, Rusia, Dinamarca, Italia, Noruega, Bélgica y Holanda para ganarse el apoyo" de la opinión pública internacional, según las indicaciones del líder terrorista Abdullah Ocalan" (en la foto).

Sin embargo, el tribunal español cree que no cabe acceder a la entrega, sin entrar en el fondo de las acusaciones, "al gozar el reclamado Remzi Kartal del status de refugiado concedido por las autoridades belgas".

Kartal fue detenido en Madrid el pasado 24 de marzo y el juez de la Audiencia Nacional, Fernando Andreu, le envió a prisión junto a otro dirigente del PKK, Eyupp Doru, aunque días después les puso a los dos en libertad con la obligación de comparecer dos veces por semana en el juzgado.

La Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) exigió al Gobierno que paralizara el proceso de extradición alegando que los cargos contra ambos "fueron rechazados por varios países europeos como Alemania, Bélgica y Francia, hasta el punto de que Remzi Kartal tiene el estatuto de refugiado en Bélgica y Eyyup Doru cuenta con estatuto de refugiado en Francia".

CEAR alertó además de la posibilidad de que fueran sometidos a torturas si eran entregados a las autoridades turcas.

Kartal ya fue detenido en 2005 en Alemania en cumplimiento de una orden de busca y captura de Turquía, pero el caso no llegó a los tribunales porque el Gobierno alemán desestimó las acusaciones.