La Justicia italiana decidirá el próximo 6 de octubre si enjuicia a 33 miembros de las juntas militares y servicios de seguridad de varios países latinoamericanos por la denominada "Operación Cóndor".
La decisión la tomará el juez Alessandro Arturi, que instruye la fase preliminar del proceso que investiga la desaparición de 23 italianos durante las décadas de los años 70 y 80 del siglo pasado.
La fase de instrucción de este proceso concluyó hoy con las exposiciones de los abogados de los desaparecidos y de los acusados, después de que ayer el fiscal del caso, Giancarlo Capaldo, presentase sus acusaciones tras más de diez años recogiendo pruebas.
Capaldo reiteró ayer su acusación por "crímenes de lesa humanidad" como consecuencia del sistema de opresión vigente en varios países latinoamericanos en aquellos años.
Hoy les tocó el turno a tres abogados que defendían a las familias de los uruguayos, argentinos y chilenos desaparecidos.
Andrea Speranzoni, abogado que representa a la familia del chileno Juan Bosco Maino, estudiante y miembro del Movimiento de Acción Popular Unitaria (MAPU) que desapareció en 1976, explicó que hoy se entregó al juez una memoria de cerca 160.000 páginas.
En ella hay documentos procedentes de los servicios de inteligencia estadounidenses (CIA) sobre "cómo estaba organizado el sistema de represión y sus responsables".
Asistió a la vista Margarita, hermana de Maino, quien explicó su "esperanza de que finalmente haya un poco de Justicia que no se ha hecho en Chile".
También intervino el abogado del ex sacerdote de origen italiano Omar Venturelli, que desapareció tras pasar por la cárcel de Temuco en 1973 y que presentó documentos en los que las autoridades chilenas acusaban al sacerdote de ser "un traidor de la patria por ayudar a los Mapuches" contra la Reforma Agraria.
Tomó la palabra el abogado del general boliviano Luis Gómez Arce, jefe del Segundo Departamento de Inteligencia del Estado Mayor entre 1979 y 1980, quien contestó que se hubiera probado que el militar estuviera en el lugar de los hechos que se le imputan.
Mientras, el abogado del general chileno Juan Manuel Guillermo Sepúlveda Contreras presentó como alegación que la acusación que fue comunicada fue la de homicidio, mientras que en la actualidad está siendo acusado de "masacre".
El defensor aseguró que el delito del que se le acusa prescribió según la ley italiana, al haber pasado 24 años.
En este proceso están imputadas 33 personas, mientras otras dos murieron durante el proceso: el ex presidente de Uruguay Juan María Bordaberry (2011) y el militar chileno Odlanier Mena (2013).
Entre los chilenos figuran Daniel Aguirre Mora, ex prefecto de la policía; el militar Sergio Arellano Stark; el general Juan Manuel Guillermo Sepúlveda; el brigadier Pedro Espinoza Bravo; Carlos Luco Astroza; el coronel Marcelo Luis Moren Brito, el suboficial Orlando Moreno Vásquez y el coronel Hernán Jerónimo Ramírez.
Los uruguayos imputados son Gregorio "Goyo" Álvarez y los militares José Arab, Carlos Calcagno, Jose "Nino" Gavazzo, Juan Carlos Larcebeau, Iván Paulós, Pedro Antonio Mato Narbondo, Luis Alfredo Maurente, Ricardo José Medina, Ernesto Avelino Ramas, José Felipe Sande, Jorge Alberto Silveira Quesada, Ernesto Soca, Gilberto Valentín Vázquez Bisio; el exabogado Juan Carlos Blanco y Ricardo Eliseo Chávez Dominguín.
Los bolivianos son el ex presidente Luis García Meza Tejada, quien lideró el golpe de Estado del 17 de julio de 1980 y la represión durante su dictadura, que incluyó el asesinato de ocho líderes del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) en 1981, y el general Luis Gómez Arce, jefe del Segundo Departamento de Inteligencia del Estado Mayor entre 1979 y 1980.
Asimismo, también están imputados el coronel Rafael Ahumada Valderrama, el excomandante Luis Joaquín Ramírez Pineda y el brigadier Manuel Vásquez Chahuan.
Los peruanos son el ex presidente Francisco Morales Bermúdez; Martín Martínez Garay, Germán Ruiz Figueroa y Pedro Richter Prada.
