La fiscalía de México inició un proceso penal contra el ex alcalde de la ciudad de Iguala, en el estado de Guerrero en el sureste del país, por el secuestro en septiembre de 43 alumnos de una humilde escuela rural de magisterio que habrían sido asesinados, según la autoridad.
José Luis Abarca fue detenido a inicios de noviembre junto con su esposa, María de los Ángeles Pineda, a quien la justicia mexicana acusa de tener nexos con el grupo criminal de Guerreros Unidos, que ha sido responsabilizado de la matanza.
Tomas Zeron, director de investigación criminal de la fiscalía, dijo ayer en una conferencia de prensa que había obtenido una nueva orden de arresto para el ex alcalde y otros 44 acusados de secuestrar a los jóvenes.
Zeron no especificó cuándo se obtuvo la orden, pero parecían ser los primeros cargos presentados contra Abarca con relación directa a la desaparición de los estudiantes, a pesar de que las autoridades siempre lo ha relacionado con el secuestro.
Hasta ahora, el ex alcade, que permanece recluido en una prisión de alta seguridad, enfrentaba cargos por delincuencia organizada, así como por el homicidio de un líder opositor y el secuestro de siete personas relacionadas con otros casos.
El Gobierno de México ha dicho que Abarca ordenó a la policía municipal detener a los jóvenes, que protestaban en la ciudad con una toma de autobuses, pero los agentes los entregaron a sicarios que los masacraron y calcinaron en un basurero, según la fiscalía.
En los últimos años el estado de Guerrero se ha convertido en uno de los estados más violentos del país. Entre el 2008 y el 2013 los asesinatos se duplicaron a más de 2.000 en la región, que posee una de las mayores tasas de homicidios del país, según datos oficiales.
Más de 100.000 personas han muerto en México desde finales del 2006, cuando el ex presidente Felipe Calderón lanzó una campaña frontal contra los cárteles de la droga, que se fragmentaron a medida que caían sus líderes y elevaron la espiral de violencia a manos de sanguinarios sicarios.
