Un tribunal superior de Perú resolvió disminuir  las condenas por varias matanzas a Vladimiro Montesinos, ex asesor del ex  presidente Alberto Fujimori, y a los miembros del grupo Colina, un escuadrón de la muerte encargado de aniquilar a supuestos terroristas, según informó el viernes la justicia.

Además, la Sala Penal de la Corte Suprema consideró que no constituyen  delitos de lesa humanidad "las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta, donde  murieron 25 personas, la muerte de nueve campesinos al norte de Lima, y la  desaparición del periodista Pedro Yauri", según el fallo divulgado el viernes  en la noche.

Vladimiro Montesinos y los ex generales Nicolás Hermosa, Julio Salazar y  Juan Rivero vieron su pena rebajada de 25 a 20 años de cárcel, los militares  Santiago Martin Rivas y Carlos Pichilingue, que encabezaron el escuadrón de la  muerte, de 25 a 22 años y otros miembros de esa organización de 20 a 17 años. 

Javier Villa Stein, presidente de la Sala Penal de la Corte Suprema, dijo a  la prensa que "también se declaró nula la imputación de asociación ilícita para  delinquir contra los cabecillas de ese grupo (Colina), se resolvió que no  cometieron delito de lesa humanidad y se dispuso la liberación de uno de sus  integrantes".

Los crímenes de Colina, afirmó, "no se cometieron en el marco de un ataque  generalizado y sistemático contra la población civil, tal como lo establece el  Estatuto de Roma" que tipifica los delitos de lesa humanidad.

"Por su naturaleza, los delitos cometidos por el grupo Colina son delitos  contra los derechos humanos, pero no todo delito contra los derechos humanos es  delito de lesa humanidad; es un tema técnico que lo recoge la normativa  internacional, el Estatuto de Roma y la doctrina", precisó.

La masacre de La Cantuta tuvo lugar en julio de 1992, bajo la presidencia  de Fujimori, cuando un profesor y un grupo de estudiantes de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, conocida como La Cantuta por la  zona de la capital peruana en que está ubicada, fueron asesinados por  paramilitares.

Unos meses antes, en noviembre de 1991, en Barrios Altos, también en Lima,  integrantes de Colina mataron a 15 pobladores e hirieron a decenas de otros.

La Corte Interamericana de Derechos condenó al Estado peruano por ambos  casos.