162 mineros, de los 270 detenidos tras la masacre de 34 colegas por disparos de la Policía en agosto pasado en Sudáfrica, fueron liberados hoy después de que se retiraran los cargos de asesinato presentados contra ellos. "El resto (108) obtendrán la fianza el jueves", confirmó el vocero de la Fiscalía de la provincia sudafricana de Noroeste, Frank Lesenyego.

La Fiscalía ya había anunciado el domingo que todos los mineros detenidos tras la matanza del 16 de agosto en la mina de platino de la empresa Lonmin en Marikana (100 kilómetros al noroeste de Johannesburgo) serían liberados tras el retiro provisional de los cargos de asesinato, hasta que concluya la investigación sobre la matanza.

El Ministerio Fiscal retiró la acusación formal después de que su decisión causara estupor en el país y el ministro sudafricano de Justicia, Jeff Radebe, le pidiera explicaciones sobre el fundamento de los cargos.

La acusación estatal añadió que los detenidos que no cuenten con un domicilio confirmado saldrán el jueves, cuando la Policía logre averiguar sus direcciones, en caso de que tengan que ser requeridos de nuevo por la Justicia en un futuro.

El viernes pasado, los mineros detenidos en la huelga de Marikana fueron acusados del asesinato de sus compañeros por una ley del apartheid -el régimen racista impuesto por la minoría blanca sudafricana hasta 1994- que responsabiliza a todos los participantes de una protesta por las muertes que se produzcan en ella.

La doctrina del "propósito común" se empleó durante el apartheid para perseguir y detener sistemáticamente a los ciudadanos que se enfrentaban al Gobierno por la democracia y la igualdad racial en el país.

Los mineros de la mina de Marikana permanecen en huelga desde el 10 de agosto para reclamar un aumento salarial de hasta 12.500 rands (unos 1.500 dólares) tres veces más que su retribución actual.

Por otra parte, los representantes de los trabajadores, la empresa propietaria de la explotación, Lonmin, y el Ministerio de Trabajo, continuaron este lunes los contactos para lograr un "acuerdo de paz" que permita restablecer la normalidad en la explotación de platino.

Un total de 44 personas han perdido la vida desde el inicio de las protestas en Marikana, entre ellos dos policías y dos guardias de seguridad, que murieron en la semana previa a la masacre de los 34 mineros.