El Tribunal Constitucional (TC) español suspendió hoy de forma cautelar la resolución aprobada por el Parlamento regional de Cataluña que contempla la celebración de un referéndum de independencia en septiembre de 2017.
El TC advierte a la presidenta del Parlamento regional, Carme Forcadell, y al presidente catalán, Carles Puigdemont, entre otros altos cargos parlamentarios y del Ejecutivo regional, de las responsabilidades -incluidas penales- en las que pueden incurrir si ignoran este mandato.
El Constitucional responde así a la resolución aprobada por el Parlamento catalán el 6 de octubre pasado que incluye la convocatoria de un referéndum vinculante para septiembre de 2017 y de "elecciones constituyentes" seis meses después, si vence la opción independentista.
Los partidos que apoyaron esta resolución parlamentaria son la coalición Junts pel Sí -formada por heterogéneas formaciones políticas- y el partido de izquierda radical CUP, que entre ambos tienen mayoría absoluta (72 votos en una Cámara formada por 135 escaños).
En contra votaron los socialistas catalanes (PSC), se abstuvo la coalición de partidos de izquierda Catalunya Sí que Es Pot, y los conservadores y liberales del Partido Popular y Ciudadanos renunciaron a votar, con las manos levantadas en señal de protesta, al aludir "motivos de legalidad" ya que, a su juicio, este tipo de iniciativas han sido anuladas con anterioridad por el TC.
Esta no es la primera vez que el órgano judicial actúa contra una decisión independentista adoptada por el parlamento regional.
La presidenta de esta Cámara tiene abierta una causa judicial por desobedecer una suspensión anterior y está citada el próximo 16 de diciembre como investigada en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.
El Constitucional español ha suspendido todas las resoluciones secesionistas aprobadas por el Parlamento catalán, impulsadas siempre por Junts pel Sí y la CUP, dos partidos cuyo objetivo es ejecutar una hoja de ruta que culmine con la "desconexión" del Cataluña de España.
La región de Cataluña, con 7,5 millones de habitantes, es una de las llamadas "regiones históricas" españolas (junto con País Vasco, Andalucía y Galicia) y cuenta con un alto nivel de autogobierno.
