Dos demandas, una que ya tiene un fallo a favor, pero fue apelada por el Fisco, y otra que ingresaron en octubre pasado, mantienen en curso, en los tribunales de justicia, los funcionarios de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) para exigir el traspaso de 2.199 empleados del organismo desde el sistema de AFP hacia la Caja de Previsión de la Defensa Nacional (Capredena), que es el sistema de jubilación que rige a las Fuerzas Armadas.
La última acción legal incluso fue objetada por la Contraloría General de la República (CGR), que inició una contienda de competencia en el Tribunal Constitucional (TC) contra el 29° Juzgado Civil de Santiago, que ha tramitado ambas causas.
El presidente de la Asociación de Funcionarios de la DGAC, José Pérez, explicó que la primera demanda fue ingresada en dicho tribunal en 2012, en representación de 1.331 personas, y apelada en la Corte de Apelaciones de Santiago, donde "tuvimos un fallo favorable y nos dio un aliciente para recuperar nuestro derecho a previsión social. Después de ese fallo decidimos presentar una segunda demanda, que fue ingresada hace un mes".
La segunda acción legal representa a 868 funcionarios de la DGAC, aseguró Pérez. Esta última quedó en veremos luego de que la Contraloría objetara la competencia del Juzgado Civil para determinar el régimen previsional que corresponde a dichos trabajadores. Esta demanda (de 2012) se tramita actualmente en la Corte Suprema.
Contraloría argumenta
Según informó la Contraloría en su página web, la acción en el TC fue ingresada el día jueves, y se basa en que "el señalado Juzgado Civil carece de atribuciones para declarar, 'a través de una acción de mera certeza', el régimen previsional que corresponde a los funcionarios de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC). Esto debido a que la Constitución y el artículo 6 inciso primero de la Ley N° 10.336 han conferido 'exclusivamente' esa facultad a la Contraloría General (CGR) que, de manera invariable y sostenida, y desde hace décadas, ha dictaminado que tales funcionarios, en su calidad de civiles, están sometidos al sistema previsional privado de las AFP y no al de Capredena".
Señala además, que de acogerse esta acción judicial, "se podrían anular cientos de dictámenes uniformes y emitidos continuamente desde hace décadas por la CGR que han sostenido que tales funcionarios civiles deben estar adscritos al régimen previsional privado de las AFP", y añaden que recurrir al TC busca también "cautelar el patrimonio público, puesto que en el evento de desconocerse estos dictámenes de CGR -a través de esta vía impropia- las pensiones de esos 869 funcionarios de la DGAC pasarían a ser financiadas con el patrimonio público de todos los chilenos".
Fuentes que conocen el caso señalaron que la Contraloría no tiene problemas en que sus decisiones sean revisadas en por los tribunales, pero lo que se requiere, es que se haga por la vía legal que corresponde y no por una acción de mera certeza.
