Un fuerte revés tuvo el proyecto de ley para que las personas transexuales puedan adecuar sus documentos a su género en el Registro Civil. En una tramitación de más de tres años de debate, antes del cierre del año legislativo 2016, la comisión de DD.HH. del Senado, por tres votos a dos, excluyó a todos los menores de 18 años de este derecho. Esto encendió las alertas en algunas organizaciones de la sociedad civil, y en especial en Karen Atala, activista desde 2004 y hoy una de las directoras de Fundación Iguales. Pero, sin duda, más conocida por doblarle la mano al Estado de Chile, que por su orientación sexual le quitó la tuición de sus tres hijas y, tras nueve años de lucha, tuvo que devolvérselas obligado por una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Además, esta instancia impuso a Chile una serie de medidas reparatorias y de desagravio por vulnerar los derechos de ella y de sus hijas. A pocos días que se cumplan cinco años de la emblemática sentencia de la CIDH, su inédito caso "Atala y niñas vs. Chile" marcó un precedente en América Latina, y la convirtió en una voz autorizada para analizar la lucha por la igualdad de derechos de las minorías.
¿Qué tanto ha avanzado el país en estas materias desde que partió su caso, en 2003?
Hay que aclarar que partió como algo personal, pero se transformó en algo político. Por eso me siento orgullosa de haber contribuido en cierta manera a un cambio, porque en el 2003, cuando fui demandada, no se escuchaba hablar de lesbianas y menos de madres lesbianas. Serví para dar cara y visibilizar un fenómeno que estaba oculto.
¿Cómo sería Chile hoy sin el fallo a su favor de la CIDH?
El proceso hubiera sido más lento y quizás no tendríamos Ley Antidiscriminación. Lo que sí se valora de esa ley es que reconoció por primera vez, en un texto legal, la palabra orientación sexual e identidad de género, pero que a la vez no establece un aparataje que controle la discriminación.
¿El Estado ha cumplido con lo que le ordenó la CIDH en su sentencia del 24 de febrero de 2012?
Podríamos decir que en un 50% de lo formal, pero en un 20% en el fondo. Formalmente, se cumplieron los actos reparatorios, indemnizaciones y las terapias psicológicas a mis hijas, y en el fondo, lo que no se ha cumplido son los mecanismos de no repetición, puntualmente las capacitaciones a todos los funcionarios de los tres poderes, en forma sostenida y permanente, en materias de no discriminación. Eso, para cambiar el patrón cultural en Chile, con prejuicios fuertemente arraigados, y la razón de la discriminación que sufrí yo y mis hijas, según lo estableció la propia Corte en su sentencia.
¿Qué consecuencias tiene mantener estos patrones?
Hay que entender que desde la comunidad LGTBI (siglas que designan colectivamente a Lesbianas, Gays, Bisexuales, personas Transgénero e Intersexuales) podemos conquistar reformas legales, derecho a la unión civil, al matrimonio, a adoptar o a la filiación, pero si no cambiamos ese patrón cultural, vamos a seguir viéndonos expuesto a golpizas, a discriminación en el trabajo, a acoso laboral. Por eso es importante que se cumpla con esta parte del fallo. Pero en Chile nadie se ha hecho cargo de generar una política pública consistente en este sentido.
¿Qué pueden hacer los ciudadanos para cambiar este escenario?
Madurar a nivel cívico, restablecer las clases de educación cívica, de educación sexual desde los párvulos, porque todos estos prejuicios ideológicos y estereotipos negativos se superan con educación. Eso es todo. Simplemente educar.
¿Qué le parece la decisión de la Comisión de DD.HH. del Senado de excluir a los niños transexuales de un posible derecho a la identidad de género?
Es grave. La identidad del niño es una identidad progresiva. Si se manifiesta una transexualidad en la primera infancia, la idea es acompañarlo en ese tránsito, no negarle ese tránsito ni posponerlo para cuando sea adulto, con su morfología corporal ya desarrollada, en una etapa en que terapias hormonales son menos efectivas que al principio. El excluir a los niños de esta ley es igual a abandonarlos, incumpliendo el deber de protegerlos. Hay un afán dilatorio en esta iniciativa, que avanza un paso y retrocede tres.
¿Cree que en Chile hay ciudadanos de "segunda categoría", sin derechos?
Sí, y de tercera categoría también, los transexuales. Lo que pasa es que como país nos quedamos como pegados y creemos que los DD.HH. sólo se relacionan con la vida y la integridad corporal, pero se olvidan que después del derecho a la vida vienen el derecho a la libertad y el derecho a la igualdad. Son los tres derechos humanos básicos. Nos preocupa que no nos maten, torturen o apresen, pero se nos olvida el derecho a la igualdad. Y esa igualdad jurídica es lo que estamos impulsando desde la diversidad.
En ese sentido, cree que el proyecto de matrimonio igualitario es una promesa que aún está pendiente.
Esperamos desde Fundación Iguales que se cumpla. Entendemos que el AUC (Acuerdo de Unión Civil) fue un avance, pero es el techo de derechos para las parejas del mismo sexo; en cambio, es el piso para los heterosexuales, que si quieren dar el siguiente paso y casarse lo pueden hacer. A las parejas del mismo sexo se nos priva de los derechos civiles del matrimonio. Yo soy jueza, pago mis impuestos, tengo derecho a voto, tengo derecho a elegir a mis autoridades, sin embargo, no tengo la plenitud de mi ciudadanía y se me impide poder casarme con mi pareja. ¿Es correcta esa discriminación? Yo creo que no. Chile sigue incumpliendo el mandato de la CIDH, que obliga a adecuar la legislación para evitar perpetuar este tipo de discriminación. Y eso no es menor".
