"No estamos complicados ni arrepentidos. Al contrario, pusimos un tema sobre la mesa, que es el de las personas que ejercen trabajos de forma irregular en la vía pública y generan inseguridad".
Así defiende Karen Rojo, alcaldesa de Antofagasta, la ordenanza del municipio que ella encabeza y que terminó desatando una polémica nacional, producto de su supuesto carácter discriminador.
La edil es directa. Y desafiante. Asegura que la norma en cuestión fue mal leída, mal interpretada y mal comentada. Y subraya que la defenderá en la Corte de Apelaciones, que ordenó suspender su aplicación y dio ocho días al municipio (que se cumplen este lunes) para que entregue más información sobre sus alcances.
El artículo del debate es el N° 11, que determina que pueden ser sancionados con multas de hasta 5 UTM ($ 233 mil) las personas que pernocten, habiten, acampen o se instalen en lugares públicos, pero añadiendo que "con el propósito de pedir dinero o especies a transeúntes". Las críticas apuntaban a que esta redacción le abría la puerta a la posibilidad de sancionar a personas en situación de calle.
Según la alcaldesa Rojo, "obviamente que jamás fue la idea sancionar la pobreza. El sentido es social, por gente que genera riesgos, para ordenar una serie de hechos delictuales y violentos que ocurren en nuestros espacios públicos".
¿En qué sentido?
Hemos tenido inconvenientes y hasta crímenes, producto de personas que cobran por los estacionamientos de los autos, por limpiar los vidrios de los vehículos, por hacer malabarismos en las esquinas y otros similares. Esas situaciones generan tensión a quienes transitan por la calle. Y también tenemos casos de personas que arriendan sus viviendas sociales y después de eso se vienen a acampar a plazas y sectores de la zona de la costanera. Incluso, hemos recibido reclamos porque algunos se bañan en piletas, tienen relaciones sexuales en los pastos y hacen allí sus necesidades biológicas. No es justo para la comunidad.
Pero la redacción de la norma se puede prestar para abusos...
No lo creemos, porque nunca fue ese el sentido. Hoy, en el concejo comunal, intentamos eliminar el artículo 11, para que no se siga malinterpretando, pero no tuvimos los votos necesarios. Así que vamos a defender la ordenanza en tribunales tal cual fue redactada.
En la discusión también se aludió al tema de los campamentos.
Desgraciadamente, ese es un tema de fondo, pero se sigue tapando el sol con un dedo. Se habla de derechos humanos por la ordenanza, pero aquí hay gente que vive de forma inhumana, en su mayoría extranjeros , en las laderas de los cerros, sin luz, sin alcantarillado, sin agua. Y nadie dice nada. En 2014 había 14 campamentos. Hoy tenemos 67. Son 13.560 personas; 4.183 familias en esas condiciones. Ese problema crece y nadie nos ayuda.
