¿Con que sensación sale de la reunión extraordinaria convocada por el comité político para hablar de la reforma?

Primero, con una sensación de mayor certidumbre a propósito de los plazos. No sabíamos cuándo se iba a ingresar el proyecto, se ha retrasado en varias oportunidades. Segundo, abre la posibilidad de dar un debate sobre algo cierto.

Se acordó un fondo exclusivo para universidades estatales, pero no montos específicos ni cómo éstos van a ir aumentando. ¿Qué opina?

Nos parece correcto que se haga una distinción entre las universidades del Estado y el resto de las instituciones que se han creado en el país bajo la lógica de un sistema mixto. Sin embargo, ahí es donde entendemos que hay que profundizar mayormente el debate, porque acá no se trata solo de crear un fondo especial, sino que se trata de entender a las universidades del Estado como instituciones prioritarias para el Estado. Son de propiedad del Estado, por lo tanto, deben no solamente tener un fondo especial, sino tener un trato distinto.

¿Qué trato?

Ese trato pasa por buscar que las universidades del Estado no solamente crezcan en su matrícula por ejemplo, o se fortalezcan en la investigación, sino a que además, se puedan desarrollar como el ejemplo a seguir por el resto de las instituciones. Y eso habla de construir un marco regulatorio que fortalezca lo público. La única manera de cambiar la estructura mercantil que tiene el modelo de educación superior hoy en día, es fortaleciendo lo público.

¿El proyecto actual logra esto?

Creemos que las medidas que se toman en el proyecto inicialmente, por lo que se nos ha dicho, son insuficientes. Hay que hacer modificaciones y construir un acuerdo político y social que nos permita avanzar en la dirección de una mirada estratégica y no solamente de inventar fondos para distribución de platas. O sea, la reforma a la educación superior no puede ser sacar platas de un lado para meterlas en otro.

¿Está de acuerdo con los rectores cuando dicen que la reforma continúa con el mercado de la educación?

Si este proyecto o la ley en su tramitación no logra establecer plazos definitivos y tiempo para terminar con la política de endeudamiento, es muy probable que no termine el modelo mercantil, sino solamente se ajuste a una acción más protagónica del Estado. Pero eso no es lo que buscamos, sino que buscamos terminar con la mercantilización de la educación a través del fortalecimiento de lo público, la regulación de lo privado, pero también con una construcción estratégica que nos permita proyectar el desarrollo país y no solamente redistribuir recursos según las necesidades que tenga una institución u otra en función del tipo de estudiante que ingresa. Es un error establecer la gratuidad a partir de la vulnerabilidad solamente y no del derecho a la educación como un bien social y es lo que hoy día está en juego.