Este jueves el candidato presidencial independiente, José Antonio Kast, ingresó una solicitud al Ministerio del Trabajo para que excluya a la CUT de la discusión de reajuste del sector público por "los dichos y actos de discriminación política que esa institución ha proferido y realizado respecto de mi persona y de otro candidato, en el marco de la campaña presidencial".
Esto último luego que la organización excluyera de un debate a los aspirantes a La Moneda de derecha.
En el escrito Kast sostuvo que la CUT es "una organización que, en el supuesto nombre de todos los trabajadores de Chile, discrimina por razones políticas, excluye y censura a quien piensa distinto".
El diputado agregó que "como es de público conocimiento, doña Bárbara Figueroa es militante activa del Partido Comunista de Chile, y ha procedido sistemáticamente a instrumentalizar la multisindical para fines ajenos a los fijados por los estatutos de la CUT, los que en su artículo 3° señalan expresamente que consisten en 'representar los intereses generales de los trabajadores, internamente, ante los poderes públicos, las organizaciones empresariales y demás organizaciones sociales y políticas del país'".
A juicio del parlamentario, "los sindicatos a lo largo de la historia, han buscado intereses de carácter político, apartándose de la naturaleza intrínseca de un sindicato que es la protección y logro para sus afiliados de prestaciones pecuniarias relacionadas con las laborales efectuadas por sus miembros".
El presidenciable agregó que "no resulta tolerable que organizaciones como la CUT, que se encuentran bajo la supervigilancia de la Dirección del Trabajo, procedan a discriminar arbitrariamente en virtud de las posiciones políticas de las personas".
Además solicitó al Ministerio del Trabajo "información de todos los beneficios, contraprestaciones, subsidios y otros que ha percibido la Central Unitaria de Trabajadores en los últimos 10 años y que está percibiendo actualmente, y que se ordene "la suspensión de dichos pagos y contratos habida cuenta de las actuaciones y dichos de esa organización que atentan contra el principio de no discriminación que debe fomentar este gobierno".