A más un año de la controversia producida por el denominado "caso Kodama" en el cual se cuestionó e investigó un arreglo extrajudicial del Serviu, que comprometería el pago de 17 mil millones de pesos a la compañía constructora, una nueva denuncia por presunto fraude al Fisco se investiga en la justicia.

En esta oportunidad, se trata de las irregularidades que se habrían dado en el marco de la licitación de equipo antinarcotráfico para el "Plan frontera Norte" y que gatilló la indagación –en curso- a tres funcionarios del Ministerio y la Subsecretaría del Interior.

LAS IRREGULARIDADES: "SOBRECOSTO Y SOBREPRECIO"
En noviembre de 2006, el Serviu adjudicó a la empresa constructora Kodama la construcción de un corredor del Transantiago en la comuna de Pedro Aguirre Cerda, y que cruzaría también Estación Central, Santiago, Cerrillos y Maipú.

La licitación se realizó por un monto de 25 mil millones de pesos, cifra que la compañía adujo ante el subsecretario de la época, Andrés Silva, que habría resultó insuficiente, a la luz de los avances en los trabajos, razón por la que se habrían originado los primeros sobrecostos, así como también, las postergaciones de las obras.

El 21 de diciembre de 2007 se emitió la primera resolución que aprobaba el aumento en el costo de las obras, por un valor que superaba los 5.800 millones de pesos.

Sucesivamente, se produjeron tres resoluciones adicionales, que aumentaron el costo de la construcción a 34 mil millones de pesos, así como también se extendió el plazo de entrega.

Serviu envía, posteriormente, un documento a Contraloría para informar de los aumentos en los costos. El órgano del Estado rechazó los argumentos planteados, y respondió que, lo que correspondía, era realizar licitaciones independientes, en el caso de un colector de aguas lluvias, así como también cuestionó la fórmula de cálculo de la indemnización solicitada por Kodama.

La ministra de Vivienda, Magdalena Matte, dijo posteriormente a La Tercera que ese informe "nunca llegó", entre el material enviado al Ministerio por parte del Serviu. Por esta razón se argumentó que había un presunto fraude al fisco, dado que el 25 de enero de 2011 Matte firmó el decreto que visaba al Serviu a pagar la cifra de 17 mil millones de pesos a Kodama. 

En todo este proceso habría sido parte crucial el ex asesor jurídico del Ministerio, el abogado Alvaro Baeza.

TECNODATA
Respecto del caso "sobreprecios" en la  cartera de Interior, la irregularidad apuntaría al pago de un monto cercano al 400% de su valor, en la adquisición de equipamiento para dotar las unidades de control de droga, en el norte del país.

La licitación fue realizada desde la división de estudios del Ministerio del Interior, a cargo del ex fiscal Alejandro Peña, y secundada por la unidad de proyectos, la cual era liderada por el abogado Felipe Baeza.

En esta compra efectuada por departamentos que se encuentran a alero de la Subsecretaría del Interior – a cuya cabeza se encuentra el sociólogo, Rodrigo Ubilla -  se adicionaron también las adquisiciones de furgonetas con escáner y hornos de quema de droga, con un costo de 4.104 millones de pesos, valor que se elevaba debido a la participación de una empresa intermediaria: Tecnodata Limitada.

Otro de los aspectos cuestionados se refiere a la forma en que se llevó a cabo el proceso de selección de la empresa, ya que según lo consignado por CIPER, la licitación habría favorecido preferencialmente a Tecnodata por sobre otros proveedores disponibles.

Una vez asignada la licitación a la compañía del empresario Alfredo Giacoman, la solicitud de compra se habría evacuado, a los dos minutos. Este es otro de los puntos señalados por el reportaje de CIPER.

COMO NACIERON LAS DENUNCIAS
Una presentación del senador Alejandro Navarro (MAS) ante la Contraloría, efectuada el 17 de marzo,  fue el detonante para iniciar la investigación judicial por la millonaria indemnización a la empresa constructora.

Producto de la petición del parlamentario, el gobierno solicitó a ministra de Vivienda, Magdalena Matte, que expusiera en el Palacio de La Moneda todos los antecedentes del caso, así como también, el Ejecutivo pidió que se investigaran los contratos del área a contar de 2006. Esta información fue presentada por Matte ante la fiscalía, al comienzo de la investigación judicial.

En el caso del sobreprecio por los equipos de detección de droga – densímetros y fibroscopios-,  la denuncia fue realizada por Ciper Chile, a través de un reportaje publicado el 2 de octubre de 2012.

En la investigación, los periodistas detallan los pormenores de la licitación que habría implicado la emisión de pagos con un 400% de sobreprecio aproximado, por el equipamiento para el Plan Frontera Norte, a cargo del ex fiscal Alejandro Peña, ex director de la división de estudios de Interior.

GENESIS EN GOBIERNOS DE LA CONCERTACION
Un aspecto común de ambos casos  –y enfatizado estos días por la Alianza-, es que el origen de ambas denuncias se encuentra en los gobiernos anteriores.

En el caso de Kodama- Serviu, se contempla que el punto de partido fue el proceso de licitación llevado a cabo en noviembre de 2006, cuando era presidenta Michelle Bachelet, más aun, la empresa constructora llevaba 18 años trabajando en conjunto con el Estado chileno.

No obstante, el factor que disparó la investigación fue la firma de la indemnización millonaria a la compañía constructora.

A su vez, en cuanto al caso Tecnodata, los timoneles de la Alianza enfatizaron que las adquisiciones de equipos antidrogas siguieron los parámetros de las efectuadas durante el gobierno anterior, en relación a precios y licitación misma.

Esto, debido a que la misma compañía habría vendido al Estado equipos de detección de droga desde 2007, al alero de la administración Bachelet.

LOS CAIDOS POR AMBOS CASOS
La principal damnificada de este caso fue la propia cabeza del Ministerio de Vivienda, Magdalena Matte.

La secretaria de Estado presentó su renuncia al Presidente Sebastián Piñera el 19 de abril del año pasado. Según fuentes cercanas, la ministra buscó con su gesto marcar una diferencia respecto de la controversia en torno a Van Rysselbergue y dejar el cargo antes de que la polémica que incidió en la agenda del gobierno.

No obstante, la ministra no fue la única en presentar su dimisión, ya que seis días después, el director metropolitano del Serviu, Antonio Llompart, hizo llegar su renuncia a las autoridades. Cabe destacar que Llompart tuvo un rol clave en la firma de los $17 mil millones de pesos. Junto con él renunciaron el subdirector de la División Jurídica, Rafael Marambio, y el subdirector de Pavimentación y Obras Viales, Franz Greve.

El principal acusado por los funcionarios del Ministerio de Vivienda como responsable del cuestionado acuerdo, Alvaro Baeza, también se vio obligado a dejar su cargo, días antes de que lo hiciera la ministra.

Alvaro Baeza fue el  asesor jurídico clave del Minvu y fue mandatado para encabezar las negociaciones con la empresa Kodama, cuando comenzaron las discrepancias por la exigencia de compensaciones por sobrecostos del proyecto.

En el caso Tecnodata, hasta el momento también han renunciado tres funcionarios implicados en la controversia. El primero de ellos fue el ex fiscal Alejandro Peña, quien mediante una carta presentó su dimisión al cargo de jefe de la división de estudios del Ministerio del Interior el lunes 5 de octubre.

A la salida de Peña se sumó la de Felipe Baeza, - jefe de proyectos y encargado de las licitaciones de la repartición- quien acudió este 8 de octubre a La Moneda para presentar su renuncia.

En la misma semana, y tras detectar fiscalía la existencia de un intercambio de correos electrónicos entre el empresario dueño de Tecnodata, Alfredo Giacoman y el sociólogo y funcionario de Interior, Carlos Alvarez, y que consignaban detalles de la licitación, Alvarez presentó su renuncia este jueves 11 de octubre.

A pesar de que la oposición ha insistido en solicitar la salida del subsecretario Ubilla de su cargo, así como también del propio ministro Rodrigo Hinzpeter, hasta el momento desde La Moneda se ha reafirmado el respaldo al funcionario de gobierno.

"Rodrigo Ubilla cuenta con toda la confianza del Presidente de la República", argumentó Chadwick.