ESTA MAÑANA, el subsecretario del Interior, Mahmud Aleuy, tenía entre sus planes trasladarse hasta La Moneda. La presencia del personero socialista en Palacio un día sábado tenía un claro objetivo: monitorear desde su oficina el despliegue de la denominada "Marcha de todas las marchas", convocada por más de 40 organizaciones, en reivindicación de sus demandas y que cruzará la Alameda desde Plaza Italia a Mac-Iver, para desembocar frente al Museo de Bellas Artes, a partir de las 14.00 de hoy.

La movilización -cuyo petitorio incluye la solicitud de asamblea constituyente para reformar la Constitución, autodeterminación de los pueblos indígenas, matrimonio igualitario y nueva política de drogas, entre otros- es la primera que se realiza desde que Michelle Bachelet llegó a La Moneda, el pasado 11 de marzo, y constituirá una suerte de ensayo general de las gestiones efectuadas en los últimas semanas por las hoy autoridades para intentar administrar el clima social imperante.

Aun antes de que lograra conquistar su segundo mandato en La Moneda, Bachelet y su círculo más cercano asumieron un duro diagnóstico respecto de las dificultades de un eventual gobierno: las demandas ciudadanas, cuya movilización alcanzó sus peak de participación en 2011, estaban lejos de amainar y, por el contrario, constituirían una amenaza latente que las nuevas autoridades deben aprender a administrar.

Bajo ese escenario, en el núcleo bacheletista comenzó a trabajarse en un diseño de instalación que -además de evidenciar un férreo compromiso con el programa de gobierno presentado en la campaña- tiene como uno de sus ejes fundamentales la anticipación de conflictos.

Los primeros esbozos de ese plan fueron entregados por la propia Bachelet durante la primera cita que -a fines de enero- sostuvo con el que sería su gabinete, en Termas de Jahuel, en la V Región.

Según han señalado varios de los asistentes al cónclave, la hoy Mandataria enfatizó en ese entonces que la primera responsabilidad de los futuros ministros y subsecretarios sería la concreción de los 50 proyectos comprometidos para los primeros 100 días de gobierno. En paralelo, también les encargó que -apenas instalados en sus respectivas carteras- debían iniciar el diálogo con los principales representantes de los movimientos sociales, tomando nota de sus inquietudes, despejando sus dudas e incluso, fichando a algunos de sus referentes para los distintos equipos de gobierno.

Bachelet también hizo una advertencia: un atraso en los compromisos adquiridos sería fuertemente resentido en la ciudadanía y atizaría eventuales movilizaciones.

Al término del cónclave, las futuras autoridades del Interior, el ministro Rodrigo Peñailillo y sus colaboradores más cercanos, se dieron a la tarea de monitorear los focos de conflicto que podrían desencadenarse en los primeros meses de administración.

Ya instalada en La Moneda, la Mandataria dio luz verde a una serie de definiciones que -en línea con el programa de gobierno- constituyen una apuesta de las nuevas autoridades para neutralizar eventuales movilizaciones.

Tres han sido los ministerios claves para el despliegue del señalado diseño: las carteras de Educación, Hacienda y Trabajo.

No es casualidad que el titular de Educación, Nicolás Eyzaguirre (PPD), abriera rápidamente diálogo con todos los actores involucrados en la reforma educacional, incluida una invitación abierta a la Confederación de Estudiantes de Chile (Confech), quienes han protagonizado las multitudinarias marchas de los últimos años. Tampoco lo es que en su gabinete el ministro incluyera como uno de sus principales asesores al ex presidente de la Feuc y uno de los asesores estudiantiles de las movilizaciones de 2011, Miguel Crispi.

En el caso de los trabajadores, la señal de La Moneda también fue contundente: tanto el titular de Hacienda, Alberto Arenas (PS) -el 12 de marzo-, como su par de Trabajo, Javiera Blanco (Ind.) -al día siguiente-, incluyeron como su primera actividad pública sendas reuniones con la directiva de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT). Ambos, además, reiteraron el compromiso del gobierno de Bachelet con el impulso de reformas laborales durante el segundo semestre de 2014.

La relación entre el gobierno de Bachelet y la CUT debutó de forma tan auspiciosa, que en la multisindical se debate por estos días invitar a Blanco y otros personeros de manera oficial al acto del 1 de mayo, un gesto que ni siquiera se dio en los últimos años del primer gobierno de Bachelet.

"De un período de sequía en las relaciones entre el gobierno y la dirigencia sindical, estamos pasando a una primavera que tiene que ver con mejores relaciones, más diálogo con las nuevas autoridades, que ha sido acompañado de anuncios que significan cambios, y para nosotros eso es relevante", afirmó a Reportajes el vicepresidente de la CUT, Nolberto Díaz.

Resultado o no del nuevo diseño, tanto la Confech como la CUT -aunque en ésta última señalaron que no fueron convocados oficialmente- decidieron en la última semana no adherir a la "Marcha de todas las marchas".

La preocupación por desactivar tempranamente focos de conflicto y movilización, en todo caso, se ha extendido a otras áreas. En Medioambiente, por ejemplo, el comité de ministros encabezado por Pablo Badenier (DC) decidió, en los últimos días, dar una señal a las agrupaciones medioambientalistas, anunciando que se reevaluará el proyecto HidroAysén, un hecho al que más tarde se sumaría la notificación del retiro del proyecto de ley Monsanto -que buscaba regular la producción y propiedad de semillas- del Congreso. El mismo Badenier había iniciado en los días previos a los anuncios una serie de reuniones con representantes de organizaciones que se oponen a ambas iniciativas.

El ministro fichó además como uno de los miembros clave de su equipo a Rodrigo Pizarro, ex director de la fundación Terram, una de las entidades de mayor influencia entre las organizaciones mediambientalistas.

En lo referido a temas valóricos, en tanto, La Moneda anunció suma urgencia al Acuerdo de Vida en Pareja (AVP) y, aún más, el titular de Justicia, José Antonio Gómez (PR), afirmó que el gobierno promoverá un reforma al Código Civil para igualar el matrimonio homosexual con el estatus que tiene el matrimonio heterosexual.

La señal toca directamente al Movilh, uno de los principales convocantes a la marcha de hoy, y con cuya directiva se reunió ayer la ministra de la Segpres, Ximena Rincón, y el vocero de Gobierno, Álvaro Elizalde. En la misma jornada, los secretarios de Estado también sostuvieron citas con la Fundación Iguales y el movimiento Acción Gay.

Todo, como parte del libreto definido por Bachelet y su comité político para dar muestras de inclusión y diálogo con las organizaciones sociales.

Así, altas fuentes de Palacio sostienen que es en línea con este diseño que se evaluó positivamente la petición de perdón del intendente de La Araucanía, Francisco Huenchumilla (DC), tanto a las comunidades mapuches como a los colonos, por los "despojos sufridos" a manos del Estado. Y es que la situación de conflictividad en esa zona es otro de los focos de preocupación de Bachelet.

"Evitar situaciones de conflictividad es clave para generar espacios de pedagogía política, que permitan explicar los alcances de los compromisos programáticos", afirmó el presidente del PS, Osvaldo Andrade.

Aunque varias de las organizaciones han salido a valorar los anuncios de los primeros días de gobierno, la estrategia para desactivar eventuales estallidos durante la primera etapa se vio entrampada por una crisis que no estaba en los cálculos de La Moneda. Los errores en las nominaciones de autoridades de segunda línea y que han significado las renuncias de un total de 10 personeros designados, terminaron desviando la atención mediática y abriendo de todas formas un flanco de críticas a Bachelet.

ROL DEL PC

La semana pasada, el sociólogo José Manuel Morales ingresó con paso firme al Mineduc.

El militante comunista, ex dirigente estudiantil de las movilizaciones de 2011 y a quien se considera uno de los personeros del partido más cercano a la hoy diputada Camila Vallejo, se convirtió en el último fichaje del ministro Eyzaguirre.

Según señalaron fuentes de gobierno, Morales -al igual que Crispi- jugará un rol central en el diálogo que se pretende abrir con la Confech por la reforma educacional.

La contratación del ex líder estudiantil se produjo luego de una reservada cita que reunió a Eyzaguirre con el secretario general del PC, Juan Andrés Lagos; la diputada Karol Cariola y el presidente del Colegio de Profesores, Jaime Gajardo.

En las filas de la Nueva Mayoría existe consenso respecto del rol clave que debe desempeñar el PC, tanto en la anticipación de conflictos como en la apertura de canales de diálogo con los movimientos sociales.

Quizás sólo el Partido Socialista rivaliza con los dirigentes comunistas en influencia en asociaciones sindicales y estudiantiles, donde -en todo caso- la hegemonía PC no es discutida.

Aunque en las filas comunistas valoraron positivamente la incorporación de Crispi al gabinete de Eyzaguirre, también hicieron saber al titular de Educación que el fichaje del ex líder de la Feuc y militante de Revolución Democrática (RD) no daba garantías suficientes al estudiantado comunista. Así, se resolvió la contratación de Morales.

En la directiva PC, encabezada por Guillermo Teillier, además, se definió la intensificación de la política de alianzas del partido con sus socios de la Nueva Mayoría en las distintas organizaciones sociales y sindicales. La idea es replicar la fórmula de la Nueva Mayoría en futuras elecciones estudiantiles, sociales y sindicales.

Pero el diseño del nuevo oficialismo para mantener controladas las demandas de las agrupaciones gremiales y ciudadanas, no se agota en los anuncios y en las labores de coordinación política, sino que se ha extendido también a la revisión de los mecanismos de inteligencia.

REARME DE LA ANI

La noche del jueves 13, el abogado Gustavo Villalobos (PS) recibió un llamado de Bachelet. La Mandataria le ofreció retomar su otrora cargo de director de la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI), entidad que dirigió desde 2004 hasta el 2010.

La elección de Villalobos fue el producto de una discusión breve. Altas fuentes de gobierno señalaron que el monitoreo de conflictos y la necesidad de adelantarse a eventuales problemas requería de un nombre con experiencia a la cabeza de la ANI.

Uno de los diagnósticos comunes de las autoridades de Interior es que el organismo estuvo lejos de cumplir las funciones de las que -al menos en teoría- está encargado.

Así, el gobierno de Sebastián Piñera fue varias veces sorprendido no sólo por la magnitud de las movilizaciones sociales, especialmente estudiantiles o a favor del medioambiente, sino que también por graves conflictos regionales, como los de Magallanes, Aysén y Tocopilla.

En privado, tanto Peñailillo como Aleuy han sostenido reiteradamente la necesidad de que la ANI retome un rol central en la detección de conflictos, al punto que no se descarta una completa reformulación de la entidad.

La instrucción de La Moneda, en todo caso, no se ha acotado a este organismo, sino que se ha hecho extensiva también a las unidades de inteligencia, tanto de Carabineros como de Investigaciones.

Según fuentes de gobierno, las autoridades de Interior exigirán a ambas policías la rápida detección e identificación de los grupos violentistas que aparecen en las movilizaciones para alterar el orden público.

Una de las pruebas de fuego de esta labor se producirá no sólo hoy -en la eventualidad de que existan focos de violencia en la "Marcha de todas las marchas"-, sino especialmente el próximo 29 de marzo, cuando se conmemore un nuevo aniversario del Día del Joven Combatiente.

Las mismas fuentes señalaron que con este objetivo, a partir del próximo lunes, se iniciarán las reuniones de planificación entre las autoridades de Interior y las fuerzas policiales.