Luego de tres días de silencio, una supuesta facción de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM) se adjudicó el atentado incendiario que el domingo pasado dejó 19 camiones quemados en Lautaro, Región de La Araucanía.
"Esta acción se enmarca en el justo proceso de lucha por el territorio y la autonomía de nuestro pueblo nación. En este sentido se deben entender las acciones de sabotaje y ejercicios de control territorial, como líneas en las que se sustenta nuestro proyecto político estratégico de resistencia y reconstrucción nacional", señaló en un comunicado el Organo de Resistencia
Territorial (ORT) Wenteche-Catrileo, que pertenecería a la CAM.
La aparición del texto fue interpretada por sectores de la IX Región como el elemento necesario para que el gobierno se querellara por la Ley Antiterrorista y no por incendio y porte ilegal de armas, como lo había hecho.
A través de una declaración, los gremios productivos le exigieron a La Moneda una serie de puntos. Entre ellos, "declarar estado de emergencia en las zonas de mayor conflicto" e "interponer una querella contra la CAM por asociación ilícita terrorista y, además, que sea declarada ilegal" (ver nota secundaria).
Respecto de la querella por incendio, la vocera del Ejecutivo, Paula Narváez, expresó que el tema debe ser analizado por el Ministerio Público. "Cuál es la estrategia jurídica que más conviene, qué es más eficiente, qué corresponde llevar adelante para perseguir el delito. Nosotros dejamos todo eso en manos de quienes son los expertos, los que llevan adelante la investigación, para que pueda transcurrir de la mejor manera posible", precisó. Y agregó que "es la fiscalía la que lleva adelante las investigaciones, quien debe calificar los delitos, justamente desde el punto de vista del análisis judicial".
En el Ministerio Público, en tanto, explicaron su decisión. "La Ley Antiterrorista exige que haya una afectación a la integridad física de las personas o a su salud, lo que no ocurre en este caso (no había personas en los camiones). Y es por eso que, no obstante la gravedad que tiene y el hecho de considerarse un atentado, puede ser la legislación común suficiente para la investigación de este caso", detalló el vocero de la Fiscalía de La Araucanía, Roberto Garrido.
Sin perjuicio de lo anterior, añadió que "de todas maneras, las penas que están asociadas a este hecho son de crimen y pueden implicar prisión efectiva". Además, dijo Garrido, "esta decisión ha sido debidamente informada a la víctima, con quien se han coordinado también las medidas de protección a adoptar en este caso".
Gremios molestos
Los gremios productivos de la zona, quienes este miércoles se reunieron en una cumbre de multigremiales del sur, lamentaron la decisión de las autoridades. "Cuando se reivindicó el atentado fueron súper claros, en el sentido de que dijeron hacia dónde quieren ir, que es hacia el máximo de la violencia. Nosotros le estamos pidiendo al gobierno que haga todo lo necesario para que este país no se quiebre", comentó la dirigenta de los agricultores de Malleco, Gloria Naveillán.
El dirigente de la Asociación de Víctimas de Violencia Rural, Alejo Apraiz, dijo que "la sensación que venimos sintiendo desde hace muchos años es que no estamos siendo escuchados. Las víctimas somos transparentes para este gobierno y no hemos tenido ningún acercamiento ni apoyo. Nos sentimos abandonados".
El presidente de la Confederación Nacional de Transportes de Carga (CNTC), Sergio Pérez, aseguró que la presencia del ministro del Interior, Mario Fernández, "ya no era necesaria" en la zona. Pero pese a ello, le exigió que "se decrete el estado de emergencia" y que se ponga "extrema urgencia a la modificación a la Ley Antiterrorista, porque se necesitan agentes encubiertos para infiltrar a los grupos".
