Nuevamente el foco apunta al Servicio de Impuestos Internos. La decisión de parte del fiscal del caso SQM, Pablo Gómez, de formalizar por delitos tributarios a los senadores en ejercicio Fulvio Rossi y Jorge Pizarro, sin contar con querellas nominativas en contra de ambos parlamentarios, emplaza otra vez al ente recaudador que dirige Fernando Barraza a jugar un rol en la causa.
Quienes conocen de cerca la decisión de Gómez explican que, en el caso del senador Rossi, la medida se habría adoptado luego de que la investigación que lleva adelante la fiscal Carmen Gloria Segura arrojara nuevos antecedentes que se encuentran en reserva.
Del mismo modo, en el caso de Pizarro, el Ministerio Público tendría un caso construido en base a los numerosos correos incautados en la minera, que demostrarían vinculaciones entre las facturas emitidas por la empresa de sus hijos, Ventus Consulting, y el senador que ayer suspendió su militancia en la DC.
Pese a la ofensiva de la fiscalía, el SII ha defendido incansablemente su determinación de no ejercer acciones penales y optar por salidas administrativas.
La jugada de Gómez en este escenario -reconocen al interior del Ministerio Público- podría sufrir un duro revés judicial una vez que el persecutor busque acusar a ambos imputados. Eso, porque para tal instancia judicial se deberá solicitar a la Corte de Apelaciones el desafuero de ambos parlamentarios, y sin contar con querella del SII -decisión privativa de la entidad-, los jueces podrían rechazarlo.
Los persecutores hasta ahora se han remitido a lo establecido en un instructivo emanado de la Fiscalía Nacional hace casi un año. Tras un análisis técnico, la fiscalía determinó que se encontraba habilitada para perseguir penalmente a quienes, aún no siendo objeto nominativo de querella, se les imputan hechos que están contenidos en alguna de las denuncias del Servicio de Impuestos Internos.
Respecto del senador por Iquique, el Ministerio Público posee en sus manos una querella en contra de Mariela Molina, ex asesora de Rossi, quien emitió boletas por $ 44 millones entre 2009 y 2012 a SQM. Sin embargo, este libelo fue ejercido de manera nominativa en contra de los querellados, eximiendo a quienes no fueron objeto de querella y pudieran estar vinculados con ese delito tributario.
En relación a Pizarro, el caso es parecido: sus hijos Jorge y Sebastián -dueños de Ventus Consulting- están querellados por el SII, pero esta acción penal del Servicio fue interpuesta de forma nominativa.
Con todo, quienes conocen el tenor de la investigación explican que, de haber antecedentes nuevos, el Ministerio Público remitirá al SII la información necesaria para que la entidad defina si ejercerá una nueva acción penal o la ampliación de querellas ya interpuestas.
Los pasos de la investigación
Según antecedentes que poseen los intervinientes del caso, la fiscalía ha solicitado numerosas diligencias respecto del senador Rossi. Con fecha 16 de mayo de este año, la PDI de Iquique remitió a a los fiscales en Santiago cartolas bancarias de dos personas vinculadas al senador: Patricia Prieto, ex candidata a concejala por Iquique, y Miguel Angel Herrera, ex alcalde de Pica.
Ambos aparecieron en el listado de personas que Rossi envió vía correo electrónico al ex gerente de la SQM, Patricio Contesse, para solicitar recursos para campañas vía Servel. Ambos, ante la fiscalía, autorizaron el alzamiento del secreto bancario de sus cuentas.
Del mismo modo, la fiscal Segura solicitó a la Cámara de Diputados conocer la relación que 11 personas mantuvieron con la corporación y para qué parlamentarios trabajaron. La mayoría de esos nombres se vinculan al ex diputado PS, y entre las personas figura Irina Rossi, hermana del hoy senador.
Por su parte, los hijos del senador Pizarro son mencionados en un peritaje realizado por la PDI respecto de la totalidad de los correos de SQM, en cuya búsqueda se persiguen las coincidencias por apellido.
Con todo, según la solicitud de audiencia para formalizar que el fiscal Gómez ingresó ayer al Octavo Juzgado de Garantía de Santiago, al senador Rossi se le formalizará por presuntos delitos ocurridos entre los años 2008 y 2012, época que abarca periodos del parlamentario mientras era diputado (hasta 2010) y senador.
Para el caso del senador DC, la fiscalía hace referencia en su solicitud a los mismos años por los cuales está formalizado su hijo Sebastián: entre 2011 y 2012.
El senador Pizarro prestó declaración en calidad de testigo en febrero pasado, sin embargo, el Ministerio Público lo citó hace algunas semanas en calidad de imputado. Pero argumentando "problemas de agenda", su defensa excusó al parlamentario de comparecer a la citación.
El abogado de Pizarro, Cristóbal Bonacic, sin referirse a la citación a declarar, explicó que les sorprendió la solicitud de formalización. "Nos sorprende, porque de acuerdo a la carpeta no hay ningún antecedente que dé cuenta de la participación del senador", dijo el defensor.
