La Comisión Europea (CE) ha comenzado a analizar los proyectos presupuestarios de los países de la eurozona para 2014, en el marco de la nueva supervisión europea que entró en vigor en mayo y que le permite solicitar un nuevo borrador, si cree que las cuentas no se ajustan a la senda de corrección del déficit.
La CE ha recibido puntualmente de todos los países del euro, excepto de los cuatro rescatados, los planes presupuestarios para el próximo año. Hecho que fue valorado por la entidad como señal de que las nuevas normas "están funcionando y siendo cumplidas", de acuerdo a lo señalado por el portavoz de Asuntos Económicos y Monetarios, Simon O'Connor.
Los países tenían hasta el 15 de octubre para entregar sus respectivos proyectos presupuestarios, un proceso que se inició el 1 del mes para las naciones en procedimiento por déficit excesivo o que se encuentran en una nueva fase del proceso, como España, Francia, Holanda, Portugal, Polonia y Eslovenia, que han recibido más tiempo para la corrección.
España recibió dos años más para corregir su déficit excesivo hasta el 2016, con el objetivo de alcanzar el 6,5% del PIB este año, el 5,8% en 2014, el 4,2% en 2015 y el 2,8% en 2016.
Esos países han tenido que enviar a Bruselas un informe sobre la Acción Efectiva adoptada para corregir el déficit excesivo y el Programa de Partenariado Económico, en el que se describen las medidas y reformas aplicadas en desarrollo del Programa Nacional de Reformas y del Programa de Estabilidad presentados en abril.
La CE deberá examinar ahora los informes recibidos y emitir un dictamen sobre cada proyecto presupuestario hasta más tardar el 30 de noviembre. Aunque, ya ha decidido pronunciarse el 15 de noviembre, a fin de que su "veredicto" tenga un impacto en el debate parlamentario.
Ese día, Bruselas publicará su valoración de los presupuestos nacionales de los países de la eurozona y un análisis global de las perspectivas presupuestarias del conjunto de los países del euro.
Los proyectos presupuestarios deben basarse en previsiones macroeconómicas independientes, para evitar que los gobiernos utilicen escenarios demasiado optimistas, como ha pasado en algunos casos, dijeron fuentes comunitarias.
En el caso de España, la autoridad fiscal independiente aún no está funcionando, pero fuentes del Ministerio de Economía indicaron esta semana que no creen que la estimación de crecimiento para 2014 del 0,7 % crea muchos problemas a la Comisión.
Si ésta constata un serio riesgo de que un Estado no cumple con sus obligaciones del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, podrá pedirle un plan presupuestario revisado.
La CE habrá decidido en dos semanas si las recomendaciones por país se han traspasado a los presupuestos y si se hacen los esfuerzos necesarios para corregir el déficit.
No se descarta que tenga que solicitar en varios casos modificaciones de los proyectos presupuestarios, para lo que los países de la eurozona tendrán tres semanas, afirman fuentes.
Bruselas analizará sobre todo si la corrección del déficit está "encarrilada" y si las reformas fiscales estructurales (como las de pensiones) permiten alcanzar los objetivos fijados.
Si la CE detecta dificultades o un incumplimiento, no emitirá necesariamente una valoración negativa si el país en cuestión ha hecho los esfuerzos necesarios, porque analizará si la culpa es del Estado o si ha ocurrido una situación económica "imprevista".
Si las cifras no cuadran y el país tampoco ha hecho sus deberes, entonces se suspenderá el examen de la CE, que presentará en esos casos recomendaciones "más intrusivas", con calendarios, por ejemplo, para que el Estado afectado tome las medidas necesarias a fin de evitar que se le declare incumplidor y se le apliquen las correspondientes sanciones financieras.
El Eurogrupo, formado por los ministros de Economía y Finanzas de la eurozona, analizará del 22 de noviembre las opiniones de la CE, pero será la reunión de todos los titulares del ramo de la UE del 10 de diciembre la que adopte, en su caso, recomendaciones vinculantes.
El 31 de diciembre a más tardar, los Estados miembros de la zona del euro deberán adoptar sus presupuestos para el año siguiente.