Hasta la sede de la Fiscalía Regional de O'Higgins llegaron ayer los abogados de los dueños de Caval para solicitar algunas diligencias, entre ellas una audiencia con el fiscal Luis Toledo.

A esa hora, un reportaje de la revista Qué Pasa había desatado una nueva oleada de críticas al negocio de compra de terrenos que realizó Caval, firma donde trabajaba el hijo de la Presidenta, Sebastián Dávalos, y que es propiedad de su esposa, Natalia Compagnon y Mauricio Valero.

"No se prometió el cambio al plan regulador ni nada por el estilo. Todo es absolutamente legal", dijo Antonio Garafulic, abogado de Caval, consultado por las nuevas críticas.

La revista Qué Pasa informó que el 21 de enero de 2014, día en que Caval vendió tres terrenos de 44 hectáreas a Silca -empresa de Hugo Silva- por $ 9.500 millones, se firmó un segundo contrato, en el que Mauricio Valero -uno de los socios de Caval- se adjudicaba la exclusividad para vender a un tercero los mismos terrenos, a un precio mayor, en el plazo de un año. Este segundo contrato tenía cláusulas que establecían que el precio de venta no podía ser inferior a los $14.700 millones y, si se concretaba la venta, Valero obtendría al menos $ 1.300 millones adicionales.

A inicios de 2014, Caval -gracias a un crédito del Banco de Chile- había comprado las 44 hectáreas a la familia Wiesner a un valor de $6.500 millones, por lo que la venta a $9.500 a Silva, ya habían reportado una ganancia de $2.500 millones en poco más de un año. Otros $500 millones correspondían a intereses bancarios.

Este hecho generó inmediatas críticas debido a las sospechas por el eventual tráfico de influencias, ya que el alza de precios estaba asociado a un posible cambio en el uso de suelo. Si bien el hijo de la Presidenta -quien había sido gerente de proyectos de Caval- dijo no haber cometido ningún delito, de todos modos renunció a su cargo de director sociocultural de La Moneda, en vista de la presión política.

"Todas las imputaciones van a caer en su debido momento", insistió Garafulic a la salida de la sede de la fiscalía, acompañado de Ricardo Schomburgk, abogado de Valero.

Amigos de Hugo Silva -propietario de Silca- confirmaron que los $14.700 millones estuvieron desde el primer día de las negociaciones por la compra de los terrenos en Machalí. Según las fuentes, Silca rechazó el precio y presentó una contraoferta por $9.500 millones ($ 7.000 millones provenían de otro préstamo de Banco de Chile).

De acuerdo a la versión que ha transmitido Silva a sus cercanos, Caval aceptó, pero estableció una cláusula al contrato: si dentro de un año aparecía un interesado en comprar los terrenos en más de $14 mil millones, Silca estaría obligada a vender y entregarle a Valero -socio de Caval- el 26% de las ganancias por sobre los $ 9.500 millones.

Desde Silca explican que no vieron con malos ojos esta cláusula, pues una operación de este tipo reportaría una ganancia para esta empresa del orden de los $3.800 millones. Pero insisten en que su apuesta original no era "especular" con los predios, sino realizar una inversión inmobiliaria.

Hoy el proyecto de Silca se encuentra estancado, pues -a juicio de Silva- con la repercusión de la compra de Caval, el cambio de uso de suelo -de rural a urbano- se congeló. Hoy el empresario Hugo Silva, dueño de Silca, tiene querella por el delito de estafa contra Caval.

En tanto, la fiscalía incautó el miércoles pasado el registro de correos de funcionarios de la Municipalidad de Machalí, Jorge Silva y Cynthia Ross, luego de que el alcalde de esa comuna, José Miguel Urrutia denunciara un presunto tráfico de influencias en las transacciones de los predios comprados por Caval.