El 11 de marzo de 2014, Rodrigo Peñailillo dio inicio de manera oficial a sus funciones como ministro del Interior. Semanas antes de asumir en el cargo, el jefe de gabinete diseñó un modelo de trabajo para apoyar su gestión, en el que se estableció la creación de unidades encargadas de temas como políticas y contenidos, seguimiento de metas, comunicación e imagen y control de crisis, entre otras.

Este último equipo está liderado por el ingeniero civil Flavio Candia -estrecho colaborador de Peñailillo- y fue creado bajo el nombre de "análisis estratégico y control de conflictos". Sus oficinas están situadas fuera de La Moneda, específicamente en Amunátegui 72. Pese a esto, mantienen comunicación constante con Palacio.

Desde el inicio del gobierno, esta unidad ha tenido como misión monitorear los posibles conflictos sociales que se podrían iniciar a lo largo del país. Tras identificarlos, el equipo debe realizar una evaluación de la situación y diseñar una estrategia que les permita en lo posible frenar el problema o adelantarse a posibles soluciones.

Luego elaboran un informe que  enviado al ministro y sus asesores más cercanos en Palacio, como Robinson Pérez y Felipe Barnachea, jefe de gabinete de Peñailillo.

De manera paralela, la Subsecretaría de Interior también creó una división de estas características, la que está liderada por Camila Benado. Pese a que este equipo trabaja desde prácticamente el inicio del gobierno, fue oficializado el 25 de agosto de 2014 a través de una resolución exenta firmada por el subsecretario de la cartera, Mahmud Aleuy.

De acuerdo con este documento, la función de esta división es "monitorear a través de ministerios, subsecretarías, intendencias y otras instituciones situaciones de contingencia o que podrían presentarse en el país". Además de esto se especifica que deberán hacer un seguimiento de las situaciones identificadas como conflictivas y ejercer como coordinador de acciones de solución a los problemas.

Pese a que los dos equipos realizan trabajos independientes, una vez a la semana Candia y Benado se reúnen con Aleuy. En esta instancia cada división da cuenta de los posibles conflictos que han identificado o el avance de las estrategias para frenarlos.

A estos encuentros también asisten los subsecretarios Patricia Silva de la Segpres, Rodolfo Baier de la Segegob, un representante de la Secretaría de Comunicaciones (Secom) y otro de la Dirección de Presupuestos.

Esta reunión es conocida como "Comité Interministerial de Conflictos". En esta instancia se analizan los casos que están en carpeta y se preparan sus posibles soluciones. De acuerdo a la contingencia, este comité convoca a representantes de algún ministerio u intendencia que esté con conflictos, para revisar en conjunto la situación.

Quienes han participado de estas citas aseguran que en gran parte de los casos se instruye a las autoridades involucradas en los casos respecto a las soluciones, pero se evita interferir directamente en los conflictos, salvo situaciones más complejas. En agosto del año pasado, el Ministerio de Educación tenía en marcha el Plan de Participación Ciudadana, creado para escuchar a todos los actores previo al diseño final de la reforma educacional. Pocos días antes que finalizara este proceso la mesa de la Confech amenazó con desvincularse de esta iniciativa, resolución que fue puesta a votación. En Interior recuerdan que fue el propio Candia quien intervino a través de distintas federaciones ligadas a la Nueva Mayoría para frenar la salida de los dirigentes estudiantiles, lo que finalmente se logró.

Otro de los episodios donde hubo intervención fue la movilización que iniciaron el año pasado los trabajadores del Hospital Salvador a raíz de la concesión del geriátrico de la institución, situación que los mantuvo 28 días en huelga.  Pese a que esta unidad había identificado este conflicto, los resultados al manejo de la movilización fueron erráticos por parte de la cartera de Salud, en ese momento en manos de Helia Molina.

A nivel de regiones, los casos más recordados son los del paro portuario de San Antonio -registrado en mayo de 2014- y el de Caimanes y Salamanca en la Cuarta Región. Este último es seguido de cerca desde Interior, desde donde se guiaron las negociaciones entre los dirigentes locales, la minera Pelambres y autoridades locales.